Integrantes de la sociedad civil y miembros de organizaciones de observación electoral ven con preocupación que la presencia de veedores internacionales se reserve para aliados del gobierno de Nicolás Maduro.
Representantes de países como Turquía, Argentina, Rusia y Sudáfrica son quienes hacen la auditoría, de forma remota, al sistema automatizado de votación. También están técnicos del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), conocidos por avalar las últimas elecciones incluyendo la de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.
La posible incorporación de un actor adicional como el Foro de Sao Paolo (integrado por partidos políticos y grupos de izquierda latinoamericana) resta aún más confianza al proceso electoral, señalan fuentes consultadas.
La directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina, considera que la invitación que le hizo el gobernante Nicolás Maduro al Foro de Sao Pablo “es parte de una estrategia para seguir promoviendo desconfianza, para que este proceso siga siendo opaco y para hacer ver que las elecciones están controladas por el grupo que está en el poder”.
“Es la utilización política de mecanismos que tienen que ser técnicos como las auditorías y los protocolos de observación internacional. En Venezuela el sistema de votación es automatizado y eso le añade un elemento de complejidad, los observadores tienen que conocer cómo funciona el sistema para detectar si existe alguna irregularidad, si se están cumpliendo los protocolos desde el punto de vista técnico para que el proceso sea transparente”, expone.
Para el director del Observatorio Electoral Venezolano, Ignacio Ávalos, la invitación como veedores internacionales al Foro de Sao Pablo reitera las prácticas del antiguo CNE, encabezado por Tibisay Lucena, que consistían en invitar a simpatizantes del gobierno.
“La gente del Foro de Sao Paolo son evidentemente partidarios del gobierno de Maduro, esto es como que en un partido de fútbol el árbitro sea amigo de uno de los equipos que compite”, cuestiona.
El especialista en temas electorales subraya que el observador “mira, analiza, calibra, juzga, no sólo documenta todas las fases del proceso” y para esto se requiere el cumplimiento de protocolos y una organización de por lo menos seis meses.
La Unión Europea exigió precisamente un lapso de seis meses al gobierno de Maduro para poder enviar una misión de observación electoral al país. Sin embargo, esta condición fue rechazada por las autoridades venezolanas alegando que posponer la fecha de la elección implicaría violar la Constitución. Esto a pesar de que el chavismo gobernante ha aplazado comicios en el pasado como el de las de gobernadores en 2016.
Reforma al Reglamento de la Lopre
El CNE anunció, en una nota de prensa, que los rectores modificaron el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) para sustituir la figura de acompañante internacional por la de veedores internacionales y la de observador nacional por la de veedor nacional.
No obstante, el nuevo reglamento aún no había sido colgado en la página oficial del Poder Electoral, hasta la tarde de este viernes 16 de octubre.
“Esta reforma se fundamenta en la experiencia acumulada por el órgano comicial en esta materia y por la propia regulación vigente que condiciona la presencia de observadores con base en principios como la no injerencia, la soberanía y el respeto a las autoridades”, indica el comunicado del CNE.
Ignacio Ávalos explica que es imposible conocer el alcance que tendrán estos cambios en cuanto a competencias y libertades para los veedores hasta que no se conozca el texto del nuevo reglamento. Sin embargo, sostiene que la modificación no es un detalle menor porque implica un cambio en la naturaleza de la observación.
“La razón parece que es poner en distinto nivel el escudriñamiento del proceso que se pueda hacer al diferenciar la observación de la veeduría. Pero tenemos que esperar. Esto implica un cambio en la naturaleza de la observación y esperemos que sea para bien”, expresa.
En espera de los cambios
Griselda Colina coincide en que el cambio de términos no es casual: “Hay que meterle el ojo a cuáles son las diferencias que se están planteando. Para nosotros veeduría, en derechos humanos, es documentación y registro riguroso. Pero uno tiene que preguntarse hasta dónde van a poder actuar estos veedores y dónde van a publicar sus informes si estos van a ser públicos”.
La abogada jubilada del CNE Carmen González considera que la reforma no implica más autonomía para el veedor, por el contrario es una modificación más “cosmética” que busca generar efectos políticos favorables al proceso electoral.
Sobre la invitación al Foro de Sao Pablo manifiesta que “es simbólica” y que si se hace en las condiciones previstas (arribarían al país en diciembre a pocos días de la elección) “será un saludo a la bandera para justificar que hubo presencia internacional en las elecciones”.
A su juicio la diferencia entre veedores internacionales y observadores es que el primero documenta los hechos que ve y el segundo tiene más libertad para hacer un análisis más exhaustivo y detallado. “Ve más allá del proceso y analiza los elementos de fondo”, añade.
Observación nacional
Las organizaciones nacionales de observación electoral no han recibido acreditación para participar en el proceso a 51 días de los comicios. Esto a pesar de que los rectores se mostraron dispuestos a incluirlas.
“Si hay una verdadera intención de que el proceso avance de manera transparente lo primero que se debió hacer desde el inicio fue acreditar a los observadores nacional que son los garantes que más experticia tienen y esto no ha sido”, critica Griselda Colina.
La presencia de estos observadores se hace más necesaria ante la pandemia de coronavirus, la incorporación de un nuevo hardware y software de votación y la habilitación de una plataforma de streaming que no permite hacer auditorías profundas a remoto, advierte.
Foto: Prensa CNE