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A pesar de la velocidad con la que se considera avanza la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre, a partir de la reforma de la Ley Orgánica «sin diálogo y sin consulta», sectores de la sociedad civil aún creen que en la selección final puede haber espacio para que el máximo tribunal del país gane legitimidad.

La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que dicha legitimidad podría lograrse, al permitir la participación de sectores de la sociedad no alineados con el poder político en Venezuela en este proceso, tal como ocurrió con la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que resultó en el nombramiento del ingeniero Roberto Picón y el político Enrique Márquez como dos de los rectores principales.

En este sentido, indicó que al igual que ocurrió en 2021, algunas organizaciones del Foro Cívico, del cual Control Ciudadano forma parte, evalúan postular nombres a los cargos de magistrados del TSJ.

«En esta etapa cabe la posibilidad de postular, luego todo depende de la AN que hasta ahora no ha dado buenas señales y hace todo de espaldas a la sociedad», dijo San Miguel a Efecto Cocuyo.

Recalcó que no se trata de pactos ni de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para conformar el TSJ sino de la «legitimidad» que conviene al oficialismo mostrar ante la comunidad internacional, especialmente ante la Corte Penal Internacional (CPI), que adelanta un proceso por crímenes de lesa humanidad contra el Estado venezolano.

Coincidencias y desacuerdos

«Designación de magistrados del TSJ puede ser oportunidad para comenzar un proceso de reforma ajustado a la Constitución que avance hacia la administración de justicia independiente, imparcial, idónea y honesta que necesitamos. Puede ser, es difícil pero puede ser», coincidió el político y exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Ramón Guillermo Aveledo.

Otras organizaciones como Acceso a la Justicia, también parte del Foro Cívico, no participan en la iniciativa, pero aclaran que cualquiera está en su derecho de presentar postulaciones y que para ello no hace falta negociar.

El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara también mostró su desacuerdo con que de alguna manera se avale la designación de un nuevo TSJ en la AN elegida el 6 de diciembre de 2020.

«Avalar ese proceso pone en riesgo el proceso en la CPI, debilita la negociación en México y le da legitimidad. Hacer eso, a cambio de tener unos pocos magistrados en un TSJ controlado por Maduro, sería demasiado dañino para el país», opinó Guevara.

Señaló que «sería una patada» a la comunidad internacional, incluido el Grupo de Contacto, que está presionando porque se reanuden las conversaciones en el país azteca para lograr una «salida negociada» a la crisis venezolana. La semana pasada el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, solicitó igualmente detener el proceso de selección de los magistrados del TSJ y volver a la mesa.

Señales contrarias

Desde el pasado viernes 4 de febrero, el Comité de Postulaciones Judiciales publicó la convocatoria a las postulaciones de magistrados y magistradas del TSJ, lapso que culmina el 15 de febrero. El presidente del Comité Giuseppe Alessandrello, aseguró que solo el primer día se presentaron 20 nombres y esperan que al cierre lleguen a más de 100 los postulados.

Una vez se dé a conocer la lista de elegibles como magistrados, se abrirá un espacio de tres días para impugnaciones, tras lo cual la lista de postulados pasará a manos del Poder Ciudadano para su evaluación durante diez días. El también llamado Poder Moral debe devolver la lista con las observaciones que considere al Comité.

Depurado el listado, el Comité de Postulaciones lo presentará a la plenaria de la AN con mayoría del chavismo, para que sus dos terceras partes procedan al nombramiento final de los nuevos 20 magistrados del TSJ con sus respectivos suplentes.

 La reforma de la Ley Orgánica del TSJ, sancionada el pasado 18 de enero, redujo de 32 a 20 el número de magistrados y allanó el camino para la renovación de la cabeza del Poder Judicial.

El Comité de Postulaciones está integrado por siete diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), cuatro de la oposición moderada y diez representantes de la sociedad civil, igualmente con una mayoría afín al chavismo. ONG como Acceso a la Justicia alertaron que la reforma de la Ley Orgánica contravienen la Constitución en artículos como el 264 y 270 y que la resulta de la composición del Comité será un TSJ que continuará supeditado a los intereses del Ejecutivo.

Uno de los cambios cuestionados a la Ley del TSJ es que los magistrados pueden optar por la reelección, lo cual, señala Acceso a la Justicia, defrauda el artículo 264 constitucional que establece un único período de 12 años para cada magistrado principal. La disposición transitoria del texto legal permite además a los actuales magistrados que no hayan cumplido 12 años en funciones al momento de la sanción de la ley, volver a postularse para el cargo.

Justicia Transicional unilateral

San Miguel coincidió en que se elaboró una Ley del TSJ, de gran significado para el país, sin consulta y, luego, se produjo la «selección unilateral» de un Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales con 11 diputados, no previsto en ninguna normativa, igualmente sin diálogo.

«Ahora se está en la fase de selección de los nuevos magistrados en la que todavía queda la posibilidad de un espacio para construir legitimidad, aunque el pronóstico no parece favorable por lo que se hace un llamado a la sensatez del oficialismo para construir un TSJ legítimo», reiteró San Miguel.

Recalcó que la cabeza del Poder Judicial no tendrá legitimidad si solo lo designa el oficialismo, en lugar de imprimirle la pluralidad que requiere este tipo de procesos.

Ante las señales contradictorias que exhibe el poder político al querer aparentar ante la CPI que es capaz de garantizar justicia con acciones como la reforma de leyes, pero por otro lado monopoliza la designación de los magistrados del TSJ, San Miguel cree bajo la dirección de Maduro y Diosdado Cabello, el Psuv escogió concretar un «proyecto de justicia transicional unilateral». Esto, sin ceder el control del máximo tribunal.

Aseguró que dicho proceso que incluye la creación por ley de una Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, no tendrá credibilidad ante la comunidad internacional ni ante la CPI.

«La experiencia de proyectos de justicia transicional en los países indica que han surgido de los diálogos de las sociedades, de lo contrario no serían creíbles», acotó.