Entró en vigencia la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, sancionada por la Asamblea Nacional del 6 diciembre el pasado 15 de diciembre de 2021.
Al respecto, la ONG Control Ciudadano alerta sobre el riesgo de falta de independencia de dicha Comisión, lo cual irá en contra de la esperanza de obtener justicia para las víctimas ante violaciones de derechos humanos en el país.
«Para Control Ciudadano, la creación de una Comisión de Justicia y Reparación es el reconocimiento del fracaso de las instituciones existentes, en la efectiva investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos», señala la ONG dirigida por la activista, Rocío San Miguel, mediante un comunicado.
La ONG alerta además que las funciones de la nueva instancia aprobada por la mayoría del chavismo en el Parlamento de 277 diputados, solapan competencias de otros órganos constitucionales del Estado, «pudiendo convertirse en un espacio más de burocracia y propaganda gubernamental, al depender presupuestariamente del Ejecutivo nacional».
La normativa promulgada en Gaceta Oficial N° 6.678 Extraordinario del 27 de diciembre de 2021, consta de 19 artículos, una disposición transitoria y una disposición única. De acuerdo con el artículo 2, dicha instancia, que será designada por las dos terceras partes del Parlamento, tiene como finalidad promover el respeto, garantía y protección de los DDHH de las personas.
De igual forma, debe contribuir con el aseguramiento del derecho a la tutela judicial de las víctimas, procurar su atención integral y reparación, velar por el establecimiento de las responsabilidades de violaciones de DDHH, así como porque las actuaciones de los organismos competentes se ajusten al respeto a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por la República en la materia.
AN del 6Dic aprueba otras dos leyes contra violaciones de derechos humanos
«Apéndice del Ejecutivo»
La Comisión, adscrita al Consejo Moral Republicano, tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables y estará integrada por siete comisionados, designados por la AN del 6 Dic. Tres comisionados deben tener trayectoria en materia de DDHH y acreditada capacidad profesional, dos deben provenir de organizaciones y movimientos de defensa de DDHH y dos diputados.
«Una Comisión para la garantía de Justicia y Reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos, solo será legítima en su funcionamiento, si sus comisionados son auténticamente independientes, de lo contrario, será un apéndice más del Ejecutivo Nacional, tal como sucede actualmente con la Defensoría del Pueblo», cuestiona Control Ciudadano.
Durante la segunda discusión en la AN, el diputado de la oposición moderada, Oscar Ronderos solicitó que el número de diputados se ampliara a cuatro a fin de garantizar la participación de al menos uno del antichavismo. La petición fue negada por la mayoría del chavismo en la Cámara.
«No tiene sentido que los diputados sean solo del gobierno que es el que viola derechos humanos», se quejó Ronderos.
«Supercompetencias»
De la Ley la ONG también destaca que la Comisión tendrá especie de «supercompetencias» al poder acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sistema de justicia, incluyendo aquellas que sean confidenciales o secretos.
Igualmente tendrá la potestad de realizar visitas e inspecciones en cualquier lugar y requerir y acceder, sin reservas, a cualquier información que la Comisión estime necesaria para el cumplimiento sus fines. Todo ello, insiste, tendrá poca efectividad sin independencia de la Comisión.
Defensores de derechos humanos y ONG consideran que la administración Maduro pretende «lavarse la cara» ante la Corte Penal Internacional (CPI) con leyes que no resuelven el fondo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.