La solicitud de control judicial hecha por las autoridades venezolanas a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) retrasa la decisión que debe tomar la fiscalía de dicho organismo en cuanto al inicio o no de una investigación contra el gobernante Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La petición, que ha sido considerada como una táctica dilatoria del Estado venezolano, coincide con la llegada de un nuevo fiscal, el británico Karim Khan, quien recibió de manos de su predecesora Fatou Bensouda la conclusión (que sigue sin conocerse) sobre el examen preliminar del caso Venezuela, pero ahora es quien tiene la última palabra sobre la continuidad del proceso.
La abogada Thairí Moya, profesora de la Ucab, magíster en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y doctora en derecho de la UCV, explica a Efecto Cocuyo que el nuevo fiscal no puede echar para atrás el examen preliminar porque ya se concluyó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de Maduro.
Sin embargo, Khan tiene la facultad de o bien ordenar el inicio de una investigación formal o dar un lapso de prueba para ver si efectivamente el Estado venezolano está llevando a juicio a los máximos responsables señalados, lo que sería “un escenario nada deseable”, sostiene Moya, porque equivaldría a un “congelamiento del examen preliminar en la etapa de admisibilidad”.
“El fiscal puede darle chance al Estado venezolano para que pruebe si está llevando justicia a las víctimas, por eso la secretaria de Amnistía Internacional (Agnés Callamard), en su carta, pide que esta decisión que quedó colgando (la de Fatou Bensouda) no sea usada como una táctica dilatoria, le hace un llamado al nuevo fiscal para que se pronuncie pronto”, señala.
Defensores de derechos humanos e incluso Estados miembros del Estatuto de Roma denuncian que el Poder Judicial en Venezuela responde a los intereses del Ejecutivo por lo que piden al tribunal internacional actuar.
La especialista en derecho internacional advierte que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre la solicitud de control judicial que elevó el Ministerio Público venezolano también será determinante.
“No sabemos qué va a decir la Sala de Cuestiones Preliminares, en principio no debería ser invasiva en cuanto a la actuación del fiscal, pero puede marcar un antes y un después en la jurisdicción de la Corte. La sala puede decidir que el fiscal debe evaluar el origen de las pruebas durante el examen preliminar, por ejemplo, lo cual no está normado en el Estatuto de Roma”, argumenta.
El abogado especialista en derecho internacional y profesor de la Ucab Simón Gómez Guaimara considera que otro de los obstáculos que enfrentará el fiscal Khan será el presupuesto limitado del que dispone la CPI.
“La Corte tiene severas limitaciones financieras y crece el número de casos, pero también hay un conjunto de situaciones que ya estaban en curso y demandan diligencia como, por ejemplo, el caso de Sudán. Las dificultades técnicas y humanas son una consideración que probablemente va a tener mayor preponderancia para Khan a la hora de tomar una decisión con respecto a Venezuela”, afirma.
El abogado recuerda que la exfiscal Bensouda durante su gestión tuvo que priorizar el caso de Filipinas por sobre Nigeria y Ucrania, dejando estos dos últimos en una especie de limbo, debido a la falta de recursos.
“Tenemos fuertes indicios para creer que la decisión que ha sugerido Bensouda a Khan es la de la iniciación de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Pero el fiscal pudiera, sobre la base de este conjunto de limitaciones económicas, establecer plazos para el inicio de los actos materiales, pudiera supeditar la investigación a la disposición de recursos”, añade.
En opinión de Gómez, solo si el gobierno venezolano exhibe un cambio radical de conducta, con juicios genuinos en contra de los máximos responsables, se justificaría que el fiscal Khan determine que Venezuela satisface el principio de complementariedad y no es necesario que la Corte intervenga.
“Es altamente predecible que Khan no tome ninguna determinación con respecto a Venezuela mientras la Sala de Cuestiones Preliminares no se pronuncie. Ahora, su decisión en particular queda abierta a cierto grado de especulación en la medida en que tiene que valorar cuánto le persuade el trabajo llevado por Bensouda que no dudamos es altamente profesional e imparcial”, expone.
Los expertos coinciden en que la estrategia del Estado venezolano será retrasar lo más posible el inicio de una investigación formal contra altos funcionarios y para esto tiene varias cartas bajo la manga.
“Las oportunidades procesales del Estado se encuentran en los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma”, precisa Moya.
En estos apartados se establecen los recursos de apelación y de impugnación que tiene el Estado sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa.
“Si se decide iniciar una investigación se abre la posibilidad para que el Estado plantee la inhibición prevista en el artículo 18 del Estatuto de Roma, una acción que se usó por primera vez el año pasado por solicitud de Afganistán. El Estado le pide a la Fiscalía que se inhiba de continuar con la investigación porque tiene plena intención o está llevando a cabo las investigaciones o juicios contra los perpetradores, esta pareciera ser una carta anunciada en el caso venezolano”, expresa Gómez.
El abogado sostiene que en este caso no basta con un anuncio, es necesario que el Estado presente pruebas fehacientes sobre su disposición de dar justicia a las víctimas. Pero es un proceso que toma tiempo: “Es una figura nueva y, en un contexto de pandemia y de enormes dificultades financieras para la CPI, toma tiempo, la fiscalía ha prolongado su decisión sobre Afganistán más de 18 meses”, subraya.
¿Cuáles son los pasos que siguen al examen preliminar de la CPI contra Maduro?
Foto: voce.com.ve
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La solicitud de control judicial hecha por las autoridades venezolanas a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) retrasa la decisión que debe tomar la fiscalía de dicho organismo en cuanto al inicio o no de una investigación contra el gobernante Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La petición, que ha sido considerada como una táctica dilatoria del Estado venezolano, coincide con la llegada de un nuevo fiscal, el británico Karim Khan, quien recibió de manos de su predecesora Fatou Bensouda la conclusión (que sigue sin conocerse) sobre el examen preliminar del caso Venezuela, pero ahora es quien tiene la última palabra sobre la continuidad del proceso.
La abogada Thairí Moya, profesora de la Ucab, magíster en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y doctora en derecho de la UCV, explica a Efecto Cocuyo que el nuevo fiscal no puede echar para atrás el examen preliminar porque ya se concluyó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de Maduro.
Sin embargo, Khan tiene la facultad de o bien ordenar el inicio de una investigación formal o dar un lapso de prueba para ver si efectivamente el Estado venezolano está llevando a juicio a los máximos responsables señalados, lo que sería “un escenario nada deseable”, sostiene Moya, porque equivaldría a un “congelamiento del examen preliminar en la etapa de admisibilidad”.
“El fiscal puede darle chance al Estado venezolano para que pruebe si está llevando justicia a las víctimas, por eso la secretaria de Amnistía Internacional (Agnés Callamard), en su carta, pide que esta decisión que quedó colgando (la de Fatou Bensouda) no sea usada como una táctica dilatoria, le hace un llamado al nuevo fiscal para que se pronuncie pronto”, señala.
Defensores de derechos humanos e incluso Estados miembros del Estatuto de Roma denuncian que el Poder Judicial en Venezuela responde a los intereses del Ejecutivo por lo que piden al tribunal internacional actuar.
La especialista en derecho internacional advierte que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre la solicitud de control judicial que elevó el Ministerio Público venezolano también será determinante.
“No sabemos qué va a decir la Sala de Cuestiones Preliminares, en principio no debería ser invasiva en cuanto a la actuación del fiscal, pero puede marcar un antes y un después en la jurisdicción de la Corte. La sala puede decidir que el fiscal debe evaluar el origen de las pruebas durante el examen preliminar, por ejemplo, lo cual no está normado en el Estatuto de Roma”, argumenta.
El abogado especialista en derecho internacional y profesor de la Ucab Simón Gómez Guaimara considera que otro de los obstáculos que enfrentará el fiscal Khan será el presupuesto limitado del que dispone la CPI.
“La Corte tiene severas limitaciones financieras y crece el número de casos, pero también hay un conjunto de situaciones que ya estaban en curso y demandan diligencia como, por ejemplo, el caso de Sudán. Las dificultades técnicas y humanas son una consideración que probablemente va a tener mayor preponderancia para Khan a la hora de tomar una decisión con respecto a Venezuela”, afirma.
El abogado recuerda que la exfiscal Bensouda durante su gestión tuvo que priorizar el caso de Filipinas por sobre Nigeria y Ucrania, dejando estos dos últimos en una especie de limbo, debido a la falta de recursos.
“Tenemos fuertes indicios para creer que la decisión que ha sugerido Bensouda a Khan es la de la iniciación de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Pero el fiscal pudiera, sobre la base de este conjunto de limitaciones económicas, establecer plazos para el inicio de los actos materiales, pudiera supeditar la investigación a la disposición de recursos”, añade.
En opinión de Gómez, solo si el gobierno venezolano exhibe un cambio radical de conducta, con juicios genuinos en contra de los máximos responsables, se justificaría que el fiscal Khan determine que Venezuela satisface el principio de complementariedad y no es necesario que la Corte intervenga.
“Es altamente predecible que Khan no tome ninguna determinación con respecto a Venezuela mientras la Sala de Cuestiones Preliminares no se pronuncie. Ahora, su decisión en particular queda abierta a cierto grado de especulación en la medida en que tiene que valorar cuánto le persuade el trabajo llevado por Bensouda que no dudamos es altamente profesional e imparcial”, expone.
Los expertos coinciden en que la estrategia del Estado venezolano será retrasar lo más posible el inicio de una investigación formal contra altos funcionarios y para esto tiene varias cartas bajo la manga.
“Las oportunidades procesales del Estado se encuentran en los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma”, precisa Moya.
En estos apartados se establecen los recursos de apelación y de impugnación que tiene el Estado sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa.
“Si se decide iniciar una investigación se abre la posibilidad para que el Estado plantee la inhibición prevista en el artículo 18 del Estatuto de Roma, una acción que se usó por primera vez el año pasado por solicitud de Afganistán. El Estado le pide a la Fiscalía que se inhiba de continuar con la investigación porque tiene plena intención o está llevando a cabo las investigaciones o juicios contra los perpetradores, esta pareciera ser una carta anunciada en el caso venezolano”, expresa Gómez.
El abogado sostiene que en este caso no basta con un anuncio, es necesario que el Estado presente pruebas fehacientes sobre su disposición de dar justicia a las víctimas. Pero es un proceso que toma tiempo: “Es una figura nueva y, en un contexto de pandemia y de enormes dificultades financieras para la CPI, toma tiempo, la fiscalía ha prolongado su decisión sobre Afganistán más de 18 meses”, subraya.
¿Cuáles son los pasos que siguen al examen preliminar de la CPI contra Maduro?
Foto: voce.com.ve