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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aseguró este 14 de diciembre que desde al menos abril de 2017 «autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional».

Así lo señalaron en su «Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020», sobre el expediente «Venezuela I« que analizan en examen preliminar desde febrero del año 2018.

«Luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017«, dijeron este 14 de diciembre tras finalizar parte del análisis.

Informaron que debido al número de denuncias que tiene el caso «Venezuela I» se centraron en subgrupo sobre la detención de personas. Resaltaron especialmente «el tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición información suficientemente detallada y confiable en lo que se refiere a los elementos específicos de los crímenes del Estatuto de Roma».

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Los cuerpos de seguridad señalados

En este informe se refieren a cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes),  la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB y «ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

Estos organismos serían responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país. «Específicamente, y sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional», dijo la Fiscalía de la CPI este lunes.

Además añaden que civiles que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro apoyaron la represión contra quienes se oponen a su administración o son percibidos como tales.

«Individuos a favor del Gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento. En relación con el presunto rol de los actores mencionados, el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes».

Cuáles serían los crímenes

El informe destaca que los crímenes que se habrían cometido son tortura; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.

Estos delitos están contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, del que Venezuela forma parte al ratificarlo en el año 2000; es decir durante el gobierno de Hugo Chávez.

Informes incorporados a la evaluación

El informe de este 14 de diciembre señala la reunión que sostuvo la Fiscalía de la CPI con el fiscal general de la República designado por la Constituyente, Tarek William Saab, y resalta la «voluntad de cooperar con el trabajo de la Fiscalía en el marco del Estatuto de Roma«.

Añaden que la Fiscalía venezolana entregó un informe «que dan respuesta al conjunto detallado de preguntas formuladas por la Fiscalía (de la CPI) en su solicitud de información».

Explican más adelante que todo este material lo incorporaron «a los fines de evaluar su relevancia para el examen preliminar y para informar el análisis sobre admisibilidad en curso. Las autoridades venezolanas se comprometieron a brindar el resto de la información solicitada por la Fiscalía para enero de 2021».

El organismo incluso asegura que «tomó nota» del Informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe de la administración de Maduro que denominaron “La Verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y Testimonios de un País Bajo Asedio” y del que elaboró la Organización de Estados Americanos (OEA), “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

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Críticas a Secretaría Genera de la OEA

Sobre este último «lamenta» los cuestionamientos que hizo la Secretaría General de la OEA sobre la Fiscalía de la CPI, pero destaca que «comprende la frustración que parece motivar el informe, que surge de una expresada expectativa de que la Fiscalía priorice su consideración de los presuntos crímenes en esta situación en relación con los presuntos crímenes cometidos en otras».

Expresan que «debe permitirse también a la Fiscalía llevar adelante su trabajo en forma independiente e imparcial, sin ataques a la integridad de la Fiscal o de la Fiscalía».

Finalmente dicen que esperan concluir «el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021».