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Tras nueve años como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dejó este martes 15 de junio el cargo, sin que lograra anunciar una decisión sobre el caso venezolano sobre crímenes de lesa humanidad. Una resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en respuesta a una solicitud de control judicial hecha por autoridades venezolanas, el 27 de mayo, se lo impidió. 

¿Cuál era la decisión que se esperaba anunciara Bensouda antes de ser sustituida por el británico Karim Khan como nuevo fiscal de la CPI? El pase a investigación ante la Corte del caso de Venezuela, en el que se señala a funcionarios del Estado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, por lo menos desde abril de 2017, año de masivas manifestaciones ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

«Sí, afecta el proceso y hay que decirlo, porque impidió que la fiscal (Bensouda) se pronunciara antes de dejar el cargo. Es una táctica dilatoria que hizo su efecto y ahora se debe esperar a que el nuevo fiscal (de la CPI) revise el caso», explicó el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

La Fiscalía de la CPI tiene abierto un examen preliminar desde 2018 sobre Venezuela. El pasado mes de noviembre, Bensouda aseguró que se habían cumplido la mayoría de los criterios para abrir una investigación formal al respecto que significa el pase a juicio.

«Estoy seguro que el nuevo fiscal tomará la misma decisión, pero el hecho de que tenga que empaparse del caso causa una demora. Recordemos también que Bensouda venía de ser vicefiscal y tenía mayor experiencia, mientras que Khan viene de afuera, por lo que no habrá un pronunciamiento de inmediato sobre el caso venezolano», acotó Daniels.

Pese a ello, advierte el abogado, Khan no debería tardarse tanto  «porque el trabajo ya está hecho». Como escenario más lejano para una decisión, «en el peor de los casos», Daniels apunta hacia el mes de diciembre, cuando el fiscal de la CPI debe presentar un informe de las actuaciones de ese despacho.

Desmentido

Este 15 de junio, día de la salida de Bensouda, el Ministerio Público (MP) anunció como un  «trofeo» que Venezuela había recibido la notificación de la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre la solicitud de control judicial demandada el 27 de mayo, en la que acusaba a la fiscal de «trato discriminatorio» contra las autoridades venezolanas y violación del derecho a la defensa.

De acuerdo con el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, piden a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda “mantener un diálogo constructivo” con Venezuela, a través de la resolución mencionada.

«La República Bolivariana de Venezuela considera positiva esta decisión que valora su colaboración con la oficina de la Fisca de la CPI y muestra su satisfacción ante la petición de que esta ejerza una mayor colaboración y tome una dirección más constructiva y seria para los próximos pasos del examen preliminar», dice el comunicado del MP.

Pero ya antes, Bensouda había desestimado la denuncia, la cual tildó de  «incorrecta» porque nunca, afirmó, ha habido falta de cooperación entre su despacho y las autoridades venezolanas.

Solicitud  «incorrecta»

Daniels coincide con Bensouda porque además, explica, la solicitud de la Fiscalía venezolana era inadmisible y solo procede en la fase de investigación formal. Esto, porque el examen preliminar, recalca, no es una sentencia condenatoria ni absuelve y no se puede violar el derecho a la defensa cuando todavía no hay juicio.

Saab también había solicitado que la fiscal de la CPI transmitiera información sobre el material y las pruebas pertinentes sobre crímenes de lesa humanidad que estén en el examen preliminar. Se quejó que hasta el 27 de mayo no se les había proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados.

«Según el artículo 87 del reglamento de exámenes preliminares la Fiscalía no está obligada a revelar estos medios probatorios hasta que se pase a la fase de investigación para proteger la confidencialidad de dichas informaciones o testimonios o tomar las demás medidas que sean necesarias», acotó Daniels.

Para Acceso a la Justicia las actuaciones de las autoridades venezolanas revelan temor ante lo que pueda decidir la Fiscalía de la CPI. A juicio de la ONG, el pase del caso venezolano a juicio abriría las puertas para que las víctimas de la represión gubernamental consigan la justicia que los tribunales venezolanos les han negado.

«Se enviará además un poderoso mensaje a los líderes, no solo nacionales sino también del continente americano, de que actuaciones fuera de la ley y de los tratados internacionales tienen un costo», resalta la ONG en un análisis sobre el proceso.