Persecución política y ciertas concesiones electorales al mismo tiempo indican fracturas en el Gobierno, afirma politólogo

POLÍTICA · 18 JULIO, 2021 14:59

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Deisy Martínez │@deicamar


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El mes de julio comenzó en Venezuela con la reactivación de la persecución política. Esta vez contra activistas de derechos humanos que denunciaron la violencia armada en el estado Apure y, de nuevo, contra líderes de oposición y potenciales candidatos a las elecciones regionales del 21 de noviembre.

 La denunciada represión se da sorpresivamente en un contexto en el que se intentan negociaciones con la mediación de Noruega y un camino iniciado por la conquista de mayores garantías democráticas para los comicios, caracterizado por ciertas concesiones otorgadas por el poder político en Miraflores.

 Esto, a juicio del politólogo y experto electoral Jesús Castellanos permite suponer fracturas en el gobierno de Nicolás Maduro. “¿No es extraño que el régimen se exponga tan brutalmente autoritario y violador confeso de derechos humanos, justo cuando está una misión exploratoria de la Unión Europea?”, interroga.

También advierte que el objetivo, sino de toda la administración chavista, al menos de una parte de ella, es “trancar la vía electoral”.

 Visita de la misión de la UE 

 El 8 de julio, la misión técnica de la Unión Europea (UE) que busca determinar si existen condiciones para una observación electoral en las megaelecciones regionales, llegó a Caracas. Un día después se reunieron con representantes de la oposición y del Gobierno nacional por separado.

 Por el antichavismo destacó la asistencia de los dirigentes de Voluntad Popular (VP) y Encuentro Ciudadano Freddy Guevara y Delsa Solórzano, como representantes del líder opositor Juan Guaidó; así como del exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, por Primero Justicia (PJ). Por Miraflores se reunieron con los expertos el canciller Jorge Arreaza y el presidente de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez.

 Arreaza le aseguró a la misión de la UE  que existía un  “clima político favorable” para los comicios. El domingo 11 de julio, los expertos del organismo internacional conversaron igualmente con integrantes del Foro Cívico, quienes les solicitaron acompañamiento en el rescate de la ruta electoral no solo para los comicios del 21Nov sino a largo plazo.

 En paralelo (desde el viernes 7 de julio) se desarrollaba en la Cota 905, suroeste capitalino, un cruento enfrentamiento entre fuerzas policiales y la peligrosa banda criminal, liderada por Carlos Luis Revete, alias “el Koki”,  Garbis Ochoa Ruiz, alias “el Galvis” y Carlos Calderón Martínez, alias “el Vampi”.

 Tales hechos derivaron en una gran incursión policial en la popular barriada y el desmantelamiento del centro de operaciones del grupo de delincuentes que mantuvieron azotada a la comunidad por años y la cifra oficial inicial de 22 antisociales abatidos. Los señalamientos de voceros de Gobierno nacional sobre una supuesta participación de la oposición en la articulación de los hechos de violencia para  “desestabilizar el país”, de alguna manera anticiparon lo que vendría después.

 Captura de Guevara  

 El lunes 12 de julio se produjo la estocada. Es apresado en Caracas Freddy Guevara. Familiares, políticos y su abogado, Omar Mora, denunciaron detención arbitraria y desaparición forzada, por cuanto en las primeras horas de su detención se desconocía dónde estaba y en manos de cual organismo policial. 58 horas después fue presentado a tribunales e imputado por los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria, precisamente por los hechos de la Cota 905.

 Casi al mismo tiempo, Guaidó fue asediado por hombres armados en el estacionamiento de su residencia en Santa Fe sin que se concretara su aprehensión. Denunció que su vehículo fue impactado por balas.

 El mismo 12 de julio, en horas de la noche, Maduro justificó las actuaciones del Ministerio Público contra Guevara y aseguró que presentaría las pruebas que involucraba a opositores con la violencia desatada en la Cota 905. La exposición de tales pruebas, consistentes en supuestas comunicaciones interceptadas, estuvo a cargo de Jorge Rodríguez un día después. Dijo que otros dirigentes de VP como Gilbert Caro, Emilio Graterón, Hasler Iglesias, Luis Somaza, Alfredo Jimeno y Javier González debían estar en prisión.

Otros amenazados

 Rodríguez también insinuó que la incursión de funcionarios de seguridad en la vivienda de Guaidó  no era para capturarlo a él sino a Somaza, sobre quien ya pesaba una orden de captura por su presunta participación en el intento de Golpe de Estado de 2019. De Caro, quien aspira a una candidatura por la Alcaldía de Caracas, dijo que se estaba aprovechando de ello para contactar a delincuentes y pagarles para que ejecutaran acciones violentas en la capital. Advirtió que una vez capturado (Caro ha sido privado de libertad en dos ocasiones) ya no habría más indultos.

El 16 de julio, el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios, Luis Palacios, denunció que líderes estudiantiles y de la juventud de los partidos políticos son objeto de persecución constante por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en sus sitios de residencias y reuniones donde, aseguró, son grabados y fotografiados con frecuencia.

Ese viernes en horas de la noche, Emilio Graterón, se refugió en la embajada de Chile en Caracas. La sede diplomática confirmó la medida el sábado 17 de julio, “por razones de persecución política”.

Gobierno de Maduro asegura que presentará “pruebas” de opositores involucrados en hechos de la Cota 905

 

Familiares afectados

 Por otro lado, los miembros de la ONG FundaRedes Javier Tarazona (director), Rafael Tarazona y Omar García llevan 18 días detenidos en la sede del Sebin en el Helicoide  “Incomunicados y sin derecho a la defensa”, según el abogado Alonso Medina Roa. Son acusados de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo por su presunta participación, con cooperación internacional, en los hechos de violencia armada ocurridos en el estado Apure.

 La ONG ha sido la principal denunciante de la incursión de grupos guerrilleros en los estados fronterizos con Colombia. Las libres operaciones de tales células desataron un largo enfrentamiento armado (comenzado en marzo) en el estado Apure, entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional (Fanb) y el Frente 10, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El saldo fue de soldados venezolanos secuestrados y asesinados, al igual que víctimas civiles de violaciones de derechos humanos.

 Pero la represión no solo se ha limitado a los activistas y dirigentes políticos directamente, sino que alcanzó a sus familiares. A la madre de Tarazona, Teresa Sánchez, también se la llevaron efectivos del Sebin el 14 de julio, tras ser allanada su residencia, que también funge como sede la ONG en San Cristóbal, estado Táchira. Junto a ella fue trasladado un menor de 14 años. Al día siguiente fueron liberados.

 La madre del dirigente de VP, Javier “el gocho” González, María Coromoto González, también fue apresada en la parroquia 23 de Enero de Caracas, además de su hermano y su primo, como medida de presión contra el dirigente. Luego de 24 horas fueron dejados en libertad.

 “Buscan trancar vía electoral”

 “Las persecuciones a ONG y a dirigentes de oposición constituyen un grave y enorme daño a todo lo alcanzado hasta la semana pasada. Pareciera que la intención del régimen, al menos de una parte de él, es trancar la vía electoral”, sostuvo Castellanos.

 Sobre lo  “alcanzado”, Castellanos se refiere concretamente a la integración “menos desequilibrada” del CNE, con dos rectores vinculados a la oposición venezolana, y de los órganos subordinados; la reducción del proselitismo político durante la jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral y la “inédita” auditoría integral del sistema automatizado de votación que culmina el 26 de julio.

 “También resaltaron hechos como la invitación como observadores internacionales de la UE y la ONU o la decisión de eliminar la figura de los protectorados”, agrega.

 El exasesor del Consejo Nacional Electoral (CNE) no duda que el impacto de los últimos acontecimientos en el país, sobre los esfuerzos de reinstitucionalización del voto, adelantados desde sectores dentro del CNE así como de la sociedad civil, será negativo.

Detienen a dirigente opositor Freddy Guevara

 

Insistir pese a los riesgos

 Pese a ello el politólogo cree que el camino electoral no debe ser abandonado. Recuerda que en los procesos electorales de la Constituyente de 2017 y las presidenciales de 2018 no hubo “rendijas” como las actuales, por lo que deben ser aprovechadas. Competir con actores como quienes hoy ostentan el poder, acota, siempre será riesgoso, pero todavía, asegura, es factible avanzar en una dirección distinta, con el apoyo de la comunidad internacional.

 Recuerda además que como parte de esos riesgos está la discusión en la AN del 6Dic, de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, de la cual se ha advertido podría afectar las competencias de las gobernaciones y alcaldías, así como los recursos que reciben por Situado Constitucional.

 “Lo alcanzado hasta el momento, que son avances importantes, no puede desconocerse. En mi opinión debemos seguir promoviendo la generación de condiciones electorales. Y por supuesto, seguir atentos a los pasos del régimen o de una parte de él, porque esta lucha democrática, no da tregua y hay que estar siempre preparados. Soy de la idea que la vía electoral sigue viva a pesar de todos los desmanes del régimen”, afirma.