Cecilia Sosa propone un interrogatorio público a aspirantes a magistrados del TSJ

Imaginemos un proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde los diplomas y los años de experiencia queden en segundo plano y lo prioritario sea la evaluación de la honorabilidad, una exigencia de la Constitución que históricamente ha sido ignorada.

Para lograrlo, Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, vicepresidenta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y vocera principal del Bloque Constitucional de Venezuela, propone una práctica inédita: someter a cada aspirante a un interrogatorio completamente público y transmitido en tiempo real.

El propósito de esta comparecencia no sería medir la capacidad de memorización de normas o procedimientos, sino pasar un escáner sobre la rectitud del postulado para certificar su “no vulnerabilidad”, entendida como esa fortaleza ética indispensable para decir que no ante las presiones del poder de turno.

La gran novedad de este método, explica Sosa Gómez, radica en que el interrogatorio se estructurará sobre preguntas que no son de Derecho formal, pues los conocimientos jurídicos se podrían verificar más efectivamente mediante hechos (más que palabras); por ejemplo,  mediante las obras publicadas de acuerdo con estándares de excelencia académica.

“El cuestionario buscará evaluar de manera directa la humanidad, el equilibrio emocional, la capacidad comunicativa y el sentido común de los futuros magistrados ante situaciones reales de la vida”, indica la proponente. Y agrega que el examen podría comenzar con una pregunta tan elemental como pedirle al aspirante que se presente ante el país: “Bajo esta dinámica, un postulado honorable no requiere ser un sabelotodo infalible, e incluso puede responder con total aplomo que no puede contestar una pregunta compleja y, con esa sola demostración de honestidad, quedar bien ante la opinión pública”.

“Cuatro cabras”

Desde 2004 el oficialismo se apoderó del Comité de Postulaciones Judiciales. Ahora, como resultado de las negociaciones en la mesa de diálogo que lideran Jorge Rodríguez, por el chavismo, y Dinorah Figuera, por la oposición, se reformó la ley para llegar a una relación de doce representantes de la sociedad civil y once de la sociedad política en la instancia encargada de hacer la preselección de candidatos a magistrados del  TSJ.

-¿Esta fórmula de 12 a 11 es suficiente para garantizar la legitimidad de origen que requiere el TSJ?

-Esta relación de 12 a 11 es una ilusión de equilibrio. Lo reformado es producto de la negociación de la mesa, un proyecto votado sin consultar a nadie. El proceso arranca con una comisión preliminar integrada por once diputados, un invento que funciona como el “tótem” de origen del proceso. Estos once diputados tienen la potestad monopólica de convocar, recibir las postulaciones de la sociedad civil, evaluarlas y preseleccionar a los doce representantes ciudadanos. Es decir, el primer filtro de origen es cien por ciento político y parlamentario.

-Para la selección de los representantes de la sociedad civil, la ley orgánica señala tres criterios: un proceso público y transparente, la paridad de género y la inclusión de personas vulnerables. ¿Cómo valora usted técnicamente estos criterios?

-El tema de la paridad es confuso; no aclara si significa tener obligatoriamente 6 hombres y 6 mujeres, cuando perfectamente podríamos tener ocho mujeres en la representación de la sociedad civil y no habría problema.

Pero el aspecto verdaderamente peligroso es el criterio de inclusión de representantes de “personas vulnerables”, pues esa condición queda sujeta a la entera discrecionalidad de los diputados y abre espacio a arbitrariedades. Los políticos utilizan la categoría de vulnerabilidad para meter cuatro cabras en la cuota concedida a la sociedad civil. Ello permitiría, por ejemplo, infiltrar a cuatro militantes dóciles que respondan a intereses partidistas. Extraoficialmente ha circulado la versión de que el chavismo designará 4 de los 12 representantes de la sociedad civil. Justo allí podría encajar el uso fraudulento de la idea de representantes de personas vulnerables.

Posteriormente se genera lo que yo he llamado un “doble rol parlamentario”: los mismos 11 diputados que evaluaron preliminarmente pasan automáticamente a ser miembros con voz y voto en el comité definitivo de veintitrés integrantes. En definitiva, el oficialismo conserva la mayoría definitiva para elegir a los magistrados del TSJ.

-¿Qué acciones puede tomar la sociedad civil para que no se trunque la posibilidad de sanear el TSJ?

-Si el oficialismo insiste en meter cuatro cabras para manipular el proceso, los verdaderos representantes de la sociedad civil deben retirarse del proceso. Si la representación legítima se retira en bloque y deja los 12 asientos vacíos, el comité definitivo pierde toda legitimidad constitucional y queda expuesto ante el país y el mundo como una farsa unilateral del oficialismo. No podemos prestarnos para lavarles la cara a un proceso viciado de origen.

Jueces serios

Sosa considera que el baremo para evaluar a una personas aspirante al cargo de magistrado debe concentrarse en rescatar un requisito constitucional explícito: la honorabilidad

-¿Cómo propone medir la honorabilidad?

-Con medidas como un interrogatorio público a cada aspirante. No sobre cuestiones de Derecho, sino de sentido común. El cuestionario de ese interrogatorio debe estar diseñado para que la ciudadanía valore condiciones de sentido común de quienes se postulan para dirigir el Poder Judicial en Venezuela y, de esa, manera, convertirse en árbitros de una eventual transición hacia la democracia: la humanidad del candidato, su equilibrio emocional, su capacidad comunicativa para expresarse ante el país y su sensatez.

Esto conecta directamente con la vulnerabilidad. El ejercicio de la autoridad judicial (sobre todo desde el TSJ) amerita la capacidad real de decir no. Por argumento en contrario, estamos hablando de aquellas fragilidades que exponen al juez a ser cooptado a cambio de favores.

-¿Cuál debe ser el rol del TSJ en un proceso de transición política?

-El origen de la profunda degradación institucional de Venezuela se remonta a 1999, cuando el TSJ nació bajo una condición de ilegitimidad. El Tribunal Supremo nació ilegítimo porque sus primeros magistrados fueron designados “a dedo” por el llamado “congresillo”, una instancia transitoria negociada por Luis Miquilena con el propio Hugo Chávez.

Yo, que presidía la Corte en ese momento, propuse públicamente que el TSJ debía adaptarse de forma ordenada al nuevo texto constitucional y que debía redactarse una disposición transitoria que nos permitiera permanecer en los cargos hasta que se implementara el nuevo procedimiento establecido en la Constitución de 1999, pero mi propuesta fue rechazada.

A partir de allí, el tribunal se fue enlodando, contaminando y degradando progresivamente durante 27 años, hasta convertirse en un órgano diseñado únicamente para otorgarle piso jurídico a las ejecutorias del Ejecutivo, para sostenerlo en el poder, destruyendo la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia.

-¿Qué es lo peor que puede pasar si se frustra este intento de sanear la justicia en Venezuela?

-Si desaprovechamos esta oportunidad de sanear la justicia, no habrá transición democrática viable, porque sin tribunales independientes no existen derechos garantizados. El gran desafío a largo plazo del nuevo Tribunal Supremo de Justicia es tomarse en serio el sistema de justicia. Y tomarse en serio la justicia implica descentralizarla, tal como lo ordena la Constitución.

El TSJ no puede seguir encerrado allá arriba en una oficina en Caracas, de espaldas a la realidad. Debe ser un órgano didáctico, que visite los estados y sesione en las regiones para constatar de primera mano la precariedad de la infraestructura judicial local. En el Bloque Constitucional realizamos un informe junto a los colegios profesionales del país donde constatamos, por ejemplo, que los jueces locales en el estado Falcón deben trabajar sin aire acondicionado.

Pasar este umbral histórico de destrucción judicial y devolverle a la justicia su valor fundamental como principio, como enseñanza ética y como pilar institucional es el gran reto. Y la sociedad civil organizada debe asumir y defender con firmeza ese reto como una contribución decisiva a la recuperación de la democracia  en el país.