Después de un año 2020 en el que desde la superficie las aguas parecían no moverse o estaban en una especie de punto muerto, este 2021 va a otro ritmo.
El gobierno de Nicolás Maduro sostiene negociaciones con un sector de la oposición en Venezuela, con organismos internacionales y también dentro de sus filas.
Los últimos 15 días, a partir del 19 de abril, las noticias advierten de nuevas rendijas que van desde negociaciones hasta autorizaciones para el ingreso del Programa Mundial de Alimentación. Mientras, la Corte Penal Internacional sigue con su examen preliminar sobre Venezuela que se encuentra en fase tres.
Estos son algunos de los cambios que se han dado y son una señal de conversaciones, concesiones y búsqueda de acuerdos entre dos sectores que en los últimos 20 años se han declarado la guerra, y han buscado aliados internacionales para tratar de mediar, sin éxito en ninguno de los capítulos que lo han intentado.
Llegada del PMA a Venezuela
Uno de los internacionales más importantes que se produce en este lapso es la firma del memorando de entendimiento para la entrada al país del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El lunes 19 de abril desde Miraflores se transmitió la firma del convenio entre el director ejecutivo de esta agencia, David Beasley, y Nicolás Maduro. El funcionario de la ONU dijo que “la operación del PMA llegará a hasta 185.000 niños y niñas a finales de este año.
“Con este acuerdo, el Programa avanzará con su plan de llegar progresivamente a 1,5 millones de niños y niñas en las escuelas de las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria“, añadió Beasley.
El primer equipo del PMA llegó al país este domingo 2 de mayo, pero no se han dado detalles sobre su trabajo.
Desde al menos 2018 el chavismo entabló negociaciones con el PMA para prestar asistencia alimentaria a la población más vulnerable en el país. Sin embargo, pasaron tres años para su concreción.
Ocurre en un momento en el que el cambio de gobierno en Estados Unidos y una Asamblea Nacional controlada por el chavismo, imponen una nueva dinámica política interna y externa.
Dan casa por cárcel a seis exdirectivos de Citgo
Como un guiño a la administración demócrata de Joe Biden, el chavismo le dio casa por cárcel a seis exdirectivos de Citgo a los que la justicia que controlan aliados de Maduro condenaron a pagar cárcel de entre 8 y 13 años.
José Ángel Pereira Ruimwyk, expresidente de filial de Pdvsa; y Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina, exejecutivos de la corporación internacional fueron detenidos en el país en el año 2017.
Maduro los acusó de de negociar el refinanciamiento de unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo a cambio de una participación del 50 % de la compañía. Esta transacción no se llegó a ejecutar.
En noviembre pasado los sentenciaron a penas de cárcel. En el caso de Pereira Ruimwyk le dictaron una sentencia de 13 años y siete meses de prisión, por delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Además, le impusieron una multa de 2 millones de dólares.
Otra tipificación de delitos para asesinatos en protestas
El fin de semana anterior el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ofreció unas declaraciones que en principio generaron confusión, pero que al decantarse mostraron un cambio que busca el chavismo para evitar que lo juzguen en la Corte Penal Internacional.
Saab admitió que a Juan Pablo Pernalete lo asesinaron en 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena. Esto dejó a un lado la versión del entonces ministro de Comunicación e Información de Maduro, Ernesto Villegas, quien sostuvo la tesis que al joven lo mataron con una pistola de perno captivo.
A 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana los imputaron por homicidio preterintencional en grado de complicidad contra Juan Pablo Pernalete, dijo el titular del Ministerio Público.
A los custodios del capitán Rafael Acosta Arévalo ahora los acusan de delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura. Mientras que sobre Fernando Albán, mantienen la tesis de suicidio del exconcejal de Caracas, pero ahora tipifican el hecho como un «homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido».
Examen preliminar de la CPI
En noviembre pasado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)determinó que existen motivos razonables para presumir que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. El examen preliminar actualmente se encuentra en la fase 3; es decir se estudia si en Venezuela se llevan a cabo juicios válidos en contra de los altos funcionarios responsables de los crímenes cometidos.
Pero el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, dijo que este último intento del chavismo es el de lavarle la cara a los cuerpos de seguridad.
Por ejemplo, la calificación de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva en el caso de Pernalete “lo que busca es generar impunidad a favor de la Guardia Nacional Bolivariana”, dijo.
“El gobierno, a través del Ministerio Público, está intento simular justicia, pero mientras no se investigue a la cadena de mando, a quienes tienen capacidad de decisión para que se cometan los crímenes, se está garantizando impunidad”, dijo.
Nuevo CNE con dos opositores confesos
La designación de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Parlamento de mayoría chavista fue la guinda del pastel en estas negociaciones.
El mismo Nicolás Maduro aseguró que fue un acuerdo «con todos los sectores de la oposición», pese al rechazo del líder de la plataforma unitaria Juan Guaidó.
Lo más destacado es el nombramiento de Enrique Márquez y Roberto Picón como rectores principales. Se trata de dos personas vinculadas a la oposición venezolana. Desde 2004, no había un CNE 3-2 (tres chavismo- dos oposición) como hasta ahora.
Aunque recibió el visto bueno de sectores políticos y la sociedad civil venezolana, expertos electorales y politólogos advierten que aún falta mucho camino por recorrer para recuperar la confianza en el voto, la institucionalidad del CNE y lograr garantías para elecciones libres, justas y verificables.
“Es un buen primer paso, significativo, pero un primer paso en un proceso que tiene muchas complejidades para restituir las garantías constitucionales”, afirmó en entrevista con Ibis León para Efecto Cocuyo, el politólogo John Magdaleno.
Entre tanto, la Unión Europea afirmó que seguirán evaluando si habrá o no garantías para procesos electorales libres, mientras que Estados Unidos en un cambio de postura afirmó este jueves que le corresponderá a la población venezolana decidir si ese CNE es creíble o no, y si es capaz de llevar hacia una transición democrática.