Fiscal Saab admite asesinatos del capitán Acosta y de Pernalete a manos de agentes del Estado

POLÍTICA · 1 MAYO, 2021 13:00

Ver más de

Ibis Leon | @ibisL


¿Cómo valoras esta información?

7
QUÉ CHÉVERE
6
QUÉ INDIGNANTE
2
QUÉ CHIMBO

En tres años y ocho meses han sido imputados 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas violaciones de derechos humanos, según el Ministerio Público.

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares han sido aprehendidos, en una declaración ofrecida este sábado 1 de mayo.

Destacó los casos del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y el concejal Fernando Albán, ambos muertos bajo custodia del Estado, y del estudiante Juan Pablo Pernalete, quien perdió la vida tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho mientras ejercía su derecho constitucional a manifestar.

Torturas contra Arévalo

El Capitán Acosta Arévalo fue torturado y asesinado, confirmó Saab: «El 22 de octubre pasado se celebró una nueva audiencia de imputación contra los dos funcionarios implicados por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura. El 13 de noviembre del año pasado fue presentada la acusación correspondiente».

Caso Albán

Sobre Albán, Saab señaló que el Ministerio Público solicitó una nueva investigación y orden de aprehensión contra los dos funcionarios que lo custodiaban por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido.

La Fiscalía sostuvo, en 2018, que Albán había cometido suicidio. En ese momento, el fiscal comunicó que Albán pidió ir al baño y, “burlando su condición de privado de libertad”, corrió hacia una ventana panorámica del décimo piso y se lanzó al vacío.

Asesinato de Pernalete

Unos 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron imputados por homicidio preterintencional en grado de complicidad contra Juan Pablo Pernalete, indicó Saab.

Desde distintos medios de comunicación, el gobierno nacional promovió una versión, según la cual la muerte del joven se habría producido por una “pistola de perno cautiva” lo que buscaba eludir la responsabilidad de agentes de la GNB.

“Hay otros casos relevantes, como el ajusticiamiento de cinco hombres ocurridos en el barrio El Limón, en La Guaira. Por este caso, cinco funcionarios de la PNB fueron acusados por homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible”, agregó el titular del MP.

Reestructuración de la PNB

El fiscal anunció, una vez más, la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) “como parte de los compromisos voluntarios adquiridos por el Estado venezolano (con la Corte Penal Internacional)”, señaló Saab.

El funcionario reiteró que el accionar de la Corte Penal Internacional solo se justifica si los órganos judiciales del país no garantizan justicia a las víctimas.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ya determinó que existen motivos razonables para presumir que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Se espera que la fiscal saliente Fatou Bensouda emita un primer pronunciamiento al respecto en la presentación del examen preliminar, previsto para el primer semestre de este año.

El examen preliminar actualmente se encuentra en la fase 3. La Fiscalía de la CPI estudia si en Venezuela se llevan a cabo juicios válidos en contra de los altos funcionarios responsables de los crímenes cometidos. Si considera que las autoridades venezolanas están cumpliendo con el debido proceso deberá inhibirse de abrir una investigación formal, explican analistas.