Keymer Ávila y las ejecuciones extrajudiciales en 2025: La cifra real puede ser el doble o el triple

El más reciente informe de la ONG Provea revela que 10.853 personas fueron asesinadas por agentes del Estado venezolano desde el inicio del mandato de Nicolás Maduro hasta el año 2025, en lo que se conocen como ejecuciones extrajudiciales.  

Pese a que los datos de 2025 muestran el registro de 336 víctimas —una reducción del 35,8% en comparación con 2024—, para Keymer Ávila,  investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN), esto no representa un cese de la violencia institucional, sino una sofisticada mutación en las estrategias de control social y represión.

Para comprender la magnitud de esta realidad, Efecto Cocuyo conversó con Ávila, quien ofrece una radiografía sobre las ejecuciones extrajudiciales en el país: el Estado venezolano ha transitado de una letalidad masiva y ruidosa hacia un modelo de represión más selectivo, discreto e institucionalmente blindado.

Lo primero que el criminólogo aclara es el optimismo desmedido ante la baja de los homicidios. Los monitoreos de organizaciones civiles se basan mayoritariamente en casos reseñados por la prensa, en un contexto de asfixia mediática y autocensura.

“Cuando se tenía información oficial con la cual se podían establecer contrastes, apenas se lograba cubrir un tercio de lo que realmente sucedía. Así que fácilmente la cifra real puede ser el doble o el triple”, advierte Ávila.

En la entrevista concedida a Efecto Cocuyo, Ávila detalló que la aparente disminución de casos responde a una coyuntura multifactorial. Por un lado, se debe a una “pacificación negativa” derivada de una liberalización económica fragmentada y de la consolidación autoritaria. Por el otro, influye el éxodo migratorio, el cual ha reducido en al menos 20% la población del país, lo que afecta especialmente a los hombres jóvenes,que suelen ser los principales sujetos activos y pasivos de la violencia.

P: El último informe de Provea reporta que unas 10.853 personas fueron asesinadas por agentes del Estado venezolano desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro hasta 2025. Aunque en 2025 se registraron 336 víctimas —lo que representa una reducción del 35,8% respecto de 2024—, el documento advierte que no se interrumpe un patrón sistemático, pues persistieron 21 operativos en los que se asesinó a tres o más personas ¿Esto a que responde? 

-Lo primero que hay que advertir es que este tipo de seguimientos, encomiables, que con mucho esfuerzo hacen organizaciones como Provea o el propio Muflven, está basado, principalmente, en casos publicados en prensa, lo que implica un subregistro muy grande. Cuando se tenía información oficial con la cual se podían establecer contrastes apenas se lograba cubrir un tercio de lo que realmente sucedía. Así que cuando alguna de estas organizaciones, que hacen un trabajo extraordinario, dan una cifra sobre estos casos, fácilmente la cifra real puede ser el doble o el triple. Esto lo hemos explicado detalladamente en diversas investigaciones. 

P:¿Cómo leer esta disminución de casos?

-Como lo hemos explicado ya en otros espacios desde 2020: en el país se ha llevado una liberalización económica fragmentada e informal, que viene acompañada en lo político de una consolidación autoritaria, imponiendo una pacificación negativa en el país. A esto se suman otros factores explicativos coyunturales como: la merma de la vida social y económica y, en consecuencia, de las oportunidades para la delincuencia de tipo violenta y callejera; la post-pandemia y la militarización del país; la reducción de la población en -al menos- 20%, como consecuencia del éxodo venezolano, en el que la preeminencia de los migrantes son hombres jóvenes que son los principales sujetos activos y pasivos de la violencia; la política interna marcada por la necesidad de aparentar normalidad y estabilidad, para “crear” la ilusión de climas electorales; el descontrol de las fuerzas de seguridad que han llegado a victimizar a cuadros bajos del propio gobierno; las denuncias en sedes internacionales y presiones en estos ámbitos contra el gobierno por violaciones a los derechos humanos en el país; entre otras que seguimos analizando.

Otro aspecto que no podemos perder de vista es que la disminución de las cifras, que son positivas en términos de vidas humanas, respecto del análisis de la violencia institucional, es importante saber que menos casos no necesariamente significan menos abusos. Puede ser todo lo contrario. Este fue uno de los principales hallazgos cuando comenzamos a estudiar desde el Muflven esta disminución de casos. Encontramos que, si bien había una disminución, a su vez, también se podía evidenciar mayores abusos y arbitrariedades. Por ejemplo, el porcentaje que las muertes por intervención de la fuerza pública ocupa dentro de los homicidios es de al menos 20%, algo que no vemos en otros países.

Otro indicador clave es el índice de letalidad, que es la razón entre fallecidos por cada herido, que no debería ser mayor de 1; en la medida que se aleje de este número se entiende que hay un uso asimétrico de la fuerza y presencia de posibles masacres. En los años que hemos observado disminución de casos este índice ha aumentado superando los 50 fallecidos por cada herido. Lo que sugiere un uso desproporcionado y abusivo de la fuerza letal. A esto se le debe sumar la cantidad de víctimas por caso, así como los niveles de impunidad que los caracteriza.

Aún con estas disminuciones las cifras siguen siendo muy altas, cuando se compara con los países vecinos, así como con las cifras históricas del propio país para antes de 2013.

P: Históricamente vivimos los picos de letalidad con las OLP y luego con las Faes. Hoy, con esta baja en los números, ¿podemos hablar de una reducción real de la violencia de Estado o es que las tácticas han mutado hacia un control más selectivo y menos ruidoso?

-Sí, hay una mutación más selectiva y discreta, pero no por ello menos brutal. Y lo vemos no solo con las muertes por intervención de la fuerza pública, como ya lo he explicado, pasa también con las detenciones arbitrarias. Un ejemplo: la extrema represión post electoral del año 2024, que dejó una cifra muy alta de más de dos mil personas detenidas por estas razones, reconocidas oficialmente. Cuando se llevan a cabo actuaciones tan intensas y extendidas, de manera abrupta y en breves períodos, éstas son muy difíciles de sostener en el tiempo. Además, causan el impacto inmediato buscado, desde una lógica de terrorismo de Estado. En consecuencia, desde una racionalidad económica, es común que luego la cantidad de casos disminuyan porque ya no hace falta reprimir más a gran escala. Esta administración de la represión suele estar asociada con otras formas de violencia institucional más agresivas —y a su vez menos visibles—que afectan otros derechos. Como, por ejemplo, mantener las restricciones a la libertad de las personas detenidas, afectando así también su salud, su integridad o hasta su vida.

-Respecto de la selectividad, en el Capítulo sobre Libertad Personal del Informe Anual de Provea, que retomamos este año, podemos observar también que las detenciones masivas disminuyen, pero las individuales aumentan. Este es otro indicador a tener en cuenta para este análisis.

-Otro ejemplo es el incremento de las desapariciones forzadas. En 2025 se registraron unas 160 víctimas de desapariciones forzadas, que representan un aumento de 196% respecto del año 2024, y de 841% respecto del promedio general de estos últimos 25 años registrados por Provea. Estas desapariciones pueden durar entre dos a más de 100 días. Entonces, por un lado disminuyen las detenciones arbitrarias y por el otro incrementan las desapariciones forzadas. Para que se entienda la gravedad de esto no perdamos de vista que el caso de la muerte de Víctor Hugo Quero fue producto de una desaparición forzada. Esto es similar a lo que acabo de explicar con las muertes por intervención de la fuerza pública: hay una disminución de casos, pero los abusos y excesos institucionales se incrementan. En las muertes por intervención de la fuerza pública aumentan los índices de letalidad, en el caso de las detenciones arbitrarias e ilegales, aumentan las desapariciones forzadas.

P: El informe destaca que 76% de las presuntas ejecuciones ocurrieron en pleno día. ¿Qué nos dice esto sobre el nivel de impunidad y el mensaje que los cuerpos policiales quieren enviar a las comunidades? ¿Por qué ya no sienten la necesidad de actuar bajo el amparo de la noche?

-La ausencia de controles internos y externos y la impunidad de estos casos trae como consecuencia que cada vez tengan menos cuidado con las formas, ya que cuentan con todo un respaldo institucional en sus actuaciones.

P: El perfil de la víctima se mantiene, 54% tenía entre 18 y 30 años, y 4% eran menores de edad. ¿Por qué el Estado venezolano sigue ensañándose con este perfil demográfico específico de los sectores populares? ¿Responde a una lógica de control social o de clase?

-Ese es el perfil tradicional e histórico de las víctimas de la violencia institucional en nuestra región. Los jóvenes racializados de los sectores populares no son sujetos de la política social, sino objetivos militares de las políticas securitarias y de control. Se trata de las grandes mayorías. Estos jóvenes no son una cifra más, un número, son vidas, son sueños. Son nuestro futuro.

-Para tratar de ir más allá de los números y entender la inconmensurabilidad de lo que nos está sucediendo contamos sus historias en la serie “Vidas en la Memoria” de nuestro portal. Es importante que la gente conozca las historias detrás de las cifras, cada número es una vida entera. No podemos normalizar ni olvidar lo que ha sucedido y debemos seguir documentando el tiempo presente.

P: El informe señala que la PNB y el Cicpc encabezan la responsabilidad de estas muertes, con un empate técnico de 96 presuntas ejecuciones cada uno durante 2025. Hubo un momento donde las Faes  monopolizaban la letalidad. Tras su disolución o mutación, vemos que el Cicpc, vuelve a estar a la par de la PNB en estos índices. ¿Qué pasó institucionalmente allí? ¿El Cicpc abandonó la investigación criminal para asumir la ejecución como práctica transversal?

-Antes de la creación de la Faes de la PNB el Cicpc ocupó por décadas los primeros lugares en la generación de muertes por su intervención. A partir del año 2019 la PNB comenzó a disputarle los primeros lugares hasta ahora.

P: Además de estos dos cuerpos principales, ¿qué rol juegan actualmente las policías estadales, municipales o las comisiones mixtas en las regiones? ¿Se ha descentralizado el uso de la fuerza letal?

-No, ha pasado justo lo contrario. Los abusos policiales, en especial los que terminan con víctimas fatales, se vienen centralizando durante la última década. Las comisiones mixtas desde las OLP también vienen siendo cada vez menos frecuentes. Las policías estadales y municipales han perdido terreno, desde todo punto de vista, durante los últimos 15 años, incluyendo el de los abusos.

–Desde finales de los noventa del siglo pasado hasta el 2011 las policías estadales en su conjunto eran las que más producían víctimas fatales, a partir de ese año el protagonismo es de los cuerpos nacionales, y esto tiene, claramente un correlato con la evolución del régimen político durante ese lapso.

P: El informe también señala que el MP no investigó estas muertes durante 2025 y la Defensoría del Pueblo guardó silencio. La Fiscalía General suele presentar balances de policías imputados o condenados para argumentar ante la Corte Penal Internacional que el sistema de justicia nacional sí funciona. Sin embargo, los datos de las ONG muestran inacción en los casos recientes. De acuerdo con sus investigaciones, ¿existe una política de impunidad selectiva donde solo se procesan casos muy mediáticos o de funcionarios de bajo rango?

-En nuestra investigación sobre la FAES, siguiendo métodos aplicados por la ONUDD para estimar los niveles de impunidad consistente en contar el número de casos, considerando que por cada caso debería existir, al menos, una persona detenida o condenada por estos hechos, estimamos que -al menos- el 99% de los casos de homicidios cometidos por las Faes quedan impunes. Para hacerlo nos basamos en los informes de la OACNUDH y la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, así como en nuestro propio seguimiento.

P:¿Cómo opera hoy el andamiaje burocrático para justificar estas muertes? ¿Sigue siendo la figura de “resistencia a la autoridad” o el “enfrentamiento” el documento en blanco que archiva las investigaciones sin que se realicen autopsias ni peritajes independientes?

-En lo discursivo mantienen la “resistencia a la autoridad”, “enfrentamientos” y algún asesor técnico les recomendó también incorporar “muertes por intervención legal”, para que de manera orwelliana se maquillen estas muertes institucionales.

-En esta misma investigación que te acabo de comentar concluimos que toda la estructura del Estado se ha plegado a la protección institucional de los funcionarios involucrados en estos casos y a procurar su impunidad, esto pasa por: el Cicpc que coopera con los policías implicados, altera las actas policiales, genera retardos en la realización de las investigaciones, levantamiento de evidencias y sus exámenes correspondientes, así como la alteración de sus resultados; el sistema de administración de justicia que se caracteriza desde hace décadas por sus constantes diferimientos y retardo procesal, corrupción, injerencia partidista, bajo presupuesto y carencias de personal calificado; existe un alto número de jueces y fiscales provisionales, que son rotados de manera permanente, situación que tiene consecuencias negativas frente a los derechos de las víctimas, en el marco de procesos penales relacionados con violación a DDHH.

-En los contados casos en los que los funcionarios son acusados, los juicios son aplazados en numerosas ocasiones. Cuando los agentes llegan a ser detenidos no permanecen en centros de detención como imponen las resoluciones judiciales, sino en los complejos policiales donde reciben un trato preferencial. Finalmente, los fiscales del Ministerio Público reproducen lógicas policiales de intimidación y maltrato contra las víctimas sobrevivientes o los familiares que impulsan la investigación de los casos, muchos se solidarizan con los victimarios y protegen a los funcionarios involucrados.

-En ocasiones las autoridades desalientan a denunciar las violaciones a los DDHH, dilatan los procesos, no atienden a las víctimas ni a sus familiares, les niegan el acceso o las copias del expediente, además de no realizar las órdenes de las diligencias respectivas para avanzar en las investigaciones de los casos. Existe asimismo una ausencia de pronunciamientos y actuaciones de la Defensoría del Pueblo sobre estos hechos.

-En los casos a los que hemos hecho seguimiento la mayoría de ellos no tiene privados de libertad, acusados, ni condenados, y no superan las primeras fases de investigación. A partir del año 2024, debido a la presión internacional, algunos pocos casos han llegado a juicio, sin embargo, se trata de puestas en escena y simulacros para liberar de responsabilidad a los funcionarios involucrados.

P: La investigación señala que estas muertes persisten de forma sistemática; sin embargo, ya no aparecen reseñadas en los medios de comunicación como en años anteriores, donde las páginas de sucesos hacían un seguimiento diario. ¿A qué atribuye este vacío informativo actual?

-Tal como también lo hemos afirmado en nuestras investigaciones y en nuestra primera respuesta, esta es también otra arista para analizar la disminución de casos, en especial para organizaciones cuyo registro se basa en los casos publicados en los medios de comunicación. La merma de los medios independientes; la autocensura; la falta de financiamiento, no solo para la cobertura de noticias, también para realizar investigaciones independientes por parte de organizaciones de la sociedad civil y universidades, que se vincula al mundo post pandemia, la guerra de Ucrania y en Gaza, que han generado un cambio de la agenda geopolítica, en la que ya la violación de derechos humanos en Venezuela no es de interés.  

-Esto ha impactado seria y negativamente en la producción investigativa del país así como en el periodismo de sucesos en general, y, en consecuencia, en la continuidad, seguimiento y publicación y análisis de casos de muertes por intervención de la fuerza pública. El resultado es que el subregistro de la fuente de medios, durante este período, posiblemente, haya incrementado. Lamentablemente, ante la ausencia de datos oficiales, no se puede determinar cuánto ha crecido esta brecha.