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Más allá del CNE. Además de las condiciones que tienen que ver con un árbitro electoral imparcial o al menos equilibrado, los aspectos técnicos,  auditorías que garanticen transparencia y la actualización del Registro Electoral, hay otros factores que pueden promover la participación o no de las fuerzas políticas y de los ciudadanos en la convocatoria a nuevos comicios en el país; entre esos, un acuerdo político.

Analistas advierten que, desde la elección de 2015 con el triunfo opositor en las parlamentarias, dichas condiciones técnicas, políticas y democráticas para ejercer el derecho al sufragio se han deteriorado profundamente y solo un acuerdo entre las partes puede superarlo.

“En 2015 no todo estaba perfecto, pero la oposición, que estaba en crisis logró ponerse de acuerdo, los partidos tenían vida legal, no había dirigentes inhabilitados, por eso las condiciones para salir a votar eran distintas a las actuales, porque se podía elegir; es imposible comparar con el escenario actual. Desde 2016, 2017 y 2018 todo eso se fue a pique”, expresó el exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo.

Aludió a que por la vía del TSJ el poder político fue mermando ese dominio en la AN, a partir de la sentencia que la declaró en desacato en 2016, por juramentar a los diputados de Amazonas, luego de que la Sala Electoral admitiera la impugnación del Psuv. Y a partir de allí, una seguidilla de fallos desde el gobierno del Poder Judicial y cambios en las reglas de juego por parte del CNE y con la entrada a escena de la Constituyente, el régimen dio al traste con el derecho de los venezolanos a elegir libremente y con el poder del voto como mecanismo de resolución de conflictos.

Un CNE que actúa distinto 

“El CNE de ahora es el mismo que el de 2015, pero ha actuado distinto desde entonces. Recordemos lo sucedido con las elecciones de gobernadores (2017) y alcaldes (2018) y lo que hizo el Poder Electoral con la reorganización de los centros de votación (muchos nucleados en sitios de difícil acceso)”, acotó Aveledo, actualmente  presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro.

Agregó el aumento de la censura con numerosos medios de comunicación cerrados en los últimos 5 años. No es poca cosa, acotó que ahora estamos en medio de una pandemia, en cuyo contexto sería imposible hacer campaña electoral con recorridos de los candidatos.

De acuerdo con el presidente del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, la capacidad de la oposición de ponerse de acuerdo es una de las lecciones que dejaron las parlamentarias de 2015 que luego no se retomó y que hizo falta en el escenario de 2018.

“Cuando hablamos de condiciones para ir a elecciones no solo es el CNE, los aspectos técnicos, también tiene que ver con la posición que adopten los factores políticos, que puedan ir por ejemplo con una tarjeta única. En 2015 la oposición  solo perdió en los pocos circuitos donde no fue unida. En 2018 no se pudieron de acuerdo y vimos los resultados”, expresó.

Recordó que el único CNE que se nombró de acuerdo a la ley fue el de 2006, porque fue electo por la AN, con el detalle que era un Parlamento unicolor, producto de que la oposición se abstuvo de acudir a las parlamentarias de 2005.

“Participar o no participar en las próximas elecciones es una discusión complicada, es urgente un acuerdo político a la par de lo que pueda ser acordado en negociaciones que todo indica sí se están dando”, sostuvo.

¿Qué pasó en 2015?

La ausencia del líder Hugo Chávez y el estrecho margen que dio la victoria a Nicolás Maduro frente a Henrique Capriles en abril de 2013 también despertó la expectativa de que la oposición podía obtener nuevas victorias.

El sistema usado en las elecciones de 2010, según el cual el que obtuviera más votos se aseguraba la mayoría legislativa con una sobrerrepresentación de las fuerzas grandes, perjudicando a las minorías, se le revirtió al chavismo en 2015, porque los adversarios lograron 56,2% de la votación con una tarjeta unitaria (la de la MUD) y con ella las 2/3 partes del Parlamento con 112 diputados.

Para unos próximos comicios se teme que la ley electoral reformada para esos fines en 2009 vuelva a ser modificada previa a la convocatoria de legislativas, para favorecer al chavismo. Los partidos minoritarios representados en la llamada “mesita” piden que se modifique la norma, pero para darle representación a las minorías en la AN.

Para los comicios de 2015 se prohibieron las misiones de observación de la OEA y de la Unión Europea, e incluso se impusieron las restricciones a la de la Unasur, pero los resultados electorales al menos inmediatamente después del proceso, fueron reconocidos por el chavismo. En general, los factores políticos estuvieron conformes con las auditorias antes, durante y posteriores al proceso.

¿Cómo varió el escenario en 2018?

Para las elecciones del 20 de mayo de 2018, en las que Nicolás Maduro se reeligió con 6,1 millones de votos según el CNE, dirigentes políticos con aspiraciones presidenciales como Henrique Capriles estaban inhabilitados para postularse por decisión administrativa de la Contraloría General de la República. Capriles fue inhabilitado para desempeñar cargos de elección popular  por 15 años, desde el 7 de abril de 2017.

A la inhabilitación de dirigentes políticos que pudieran hacerle la competencia a Maduro se sumó la ilegalización de partidos de oposición ante el CNE que comenzó a operar desde la victoria del antichavismo en las parlamentarias de 2015.  Puente, Voluntad Popular y Primero Justicia (PJ) no tenían la posibilidad en 2018 de postular candidatos, luego de un proceso de validación exprés convocado por el CNE  en diciembre de 2017, previamente decretado por la Constituyente. VP decidió no acudir y a PJ no se le permitió ir a la fase de reparo de las firmas recabadas.

La organización política MUD que se estrenó en las parlamentarias de 2010 y luego obtuvo la victoria en las parlamentarias de 2015, también estaba impedida de participar porque quedó anulada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se argumentó que por estar conformada por varios partidos políticos que por sí solos debían acudir a renovación y se podía incurrir en la doble militancia, que vale acotar, no está prohibida en las leyes.

En la oposición no hubo consenso para apoyar a Henri Falcón, quien se midió contra Maduro, por ser considerado colaboracionista con el régimen. Acción Democrática (AD) único partido de la coalición habilitado para presentar candidato, decidió no participar. El CNE le pasó factura al dejar al partido blanco inhabilitado para las elecciones de concejales de 2018 al igual que Un Nuevo Tiempo, de manera que para un proceso electoral en 2020, ninguno de los principales partidos de oposición existe ante el CNE.

El 12 de junio de 2018 varias ONG, entre ellas el OEV, Provea y Acceso a la Justicia acudieron al TSJ para impugnar las elecciones presidenciales en las que se reeligió Maduro. “El recurso presentado hace eco del coctel de irregularidades en las que se vieron envueltos los comicios, por considerar que infringían los derechos políticos y los principios y valores democráticos proclamados por la Carta Magna venezolana y tratados de derechos humanos en el mundo”, expresó Acceso a la Justicia en un comunicado.

Entre las irregularidades recogidas en el recurso contencioso estuvieron el uso arbitrario del Carnet de la Patria como estrategia empleada por el Gobierno nacional para la manipulación de la voluntad de los electores, la ilegítima intromisión de la Constituyente en las funciones del Poder Electoral para la convocatoria de la elección y adelanto de la fecha. Así mismo, las inhabilitaciones previas a líderes políticos a través de la CGR y persecuciones judiciales y la ilegalización de los partidos políticos.

No faltó entre las observaciones “la ilegítima composición del CNE”, desviaciones en la conformación del Registro Electoral, traducido en la precariedad de los operativos de actualización, ausencia de publicidad para el proceso de registro y la negación de la práctica del derecho al voto en el extranjero. Además, abuso con el voto asistido por parte de los coordinadores de mesa a favor del Psuv, cercanía de los llamados puntos rojos a los centros de votación y el incumplimiento de la orden legal de cierre de las mesas electorales a las 6 pm. si no hay electores en cola.

Dichos comicios fueron desconocidos por más de 50 países de todo el mundo y al considerarse que Maduro usurpaba el cargo de Jefe de Estado, la AN dio el paso en enero de 2019 de desconocerlo y juramentar a Juan Guaidó como presidente encargado.

Vale acotar que a partir de estas elecciones el CNE ya no contó con Smartmatic como proveedor de tecnología, a raíz de denuncia de la empresa sobre manipulación de los resultados de participación en la votación para Constituyente en 2017. De la verdadera observación internacional tampoco se supo más.

Puntos para un posible acuerdo

“El CNE de 2015 no fue nombrado de acuerdo con la normativa  y no pareciera que eso va a cambiar ahora, eso produce niveles de desconfianza. Uno pudiera pensar, siendo optimista, que si actualmente hay un proceso de negociación quizás se pudiera lograr que ese CNE sea menos malo que el actual conformado por cuatro rectores progobierno y uno de oposición, aunque hay sectores que no lo consideran como tal”, acotó Lander.

De acuerdo con Lander, versiones plantean que la composición de un nuevo ente comicial sea de un tres progobierno y dos por la oposición.  Añade que en los posibles acuerdos debería estar la actualización del Registro Electoral y la habilitación de candidatos, muchos sancionados  por la CGR y no a partir de una sentencia judicial firme y partidos, para mejorar las condiciones. De allí que subrayó, es muy importante lo que se logre en esos contactos.

El presidente de la AN, Juan Guaidó admitió este miércoles 10 de junio, que sí hay acercamientos entre la oposición y el chavismo para discutir la elección de un nuevo CNE. Esto luego de que el TSJ declarara la omisión legislativa ante la paralización del Comité de Postulaciones Electorales.

Lander reitera que ante un escenario electoral de parlamentarias, los adversarios del chavismo deben ofrecer una postura clara y consensuada sobre si van a ir al proceso o no y cuáles son las opciones en un caso u otro, de lo contrario, una vez más, el poder político en Miraflores tendrá vía libre.

“Si uno ve la foto del escenario actual genera mucha desconfianza pero si se producen acuerdos con la idea de promover ir a votar se puede mejorar”, aseguró.

Aveledo coincide en el sentido de que si bien el margen de maniobra de la oposición es más estrecho, el camino electoral no está cerrado por completo. Apuesta a que el régimen haya aprendido algo de las elecciones de 2017 (Constituyente) y 2018 (presidenciales) y el no reconocimiento nacional e internacional para que ceda en algunas posiciones, en principio para un CNE que tenga credibilidad.

“Pero si llegan a acuerdos tiene que garantizarse que habrá un cese de las persecuciones judiciales, de la censura a los medios de comunicación, y la habilitación de dirigentes y partidos, además de permitirse una observación electoral con organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea. No solo es poder votar sino elegir entre todas las opciones partidistas posibles, eso permitirá recobrar la confianza en el elector”, subrayó.

Reconoce que si se juzga por el asalto a la AN del 5 de enero de este año, la sentencias del TSJ que desconocen al Parlamento presidido por Guaidó y la más reciente que declara la omisión legislativa del Legislativo para nombrar el CNE, el panorama no es alentador, pero cree que no todo está perdido y aún es posible un acuerdo.