Muerte de Víctor Hugo Quero: La dignidad frente a la crueldad del Estado venezolano

La tragedia del preso político Víctor Hugo Quero Navas no es un incidente aislado, ni un error burocrático, ni la decisión de funcionarios bajo el precepto de obediencia debida. Es una nueva prueba de un sistema que hizo del terrorismo de Estado su mecanismo de existencia, amparado en la impunidad.

El calvario de su madre, Carmen Teresa Navas, quien durante 16 meses recorrió un laberinto de negaciones para finalmente hallar el cuerpo de su hijo en una tumba anónima, expone una crueldad que trasciende la burocracia autoritaria y entra en el terreno de lo inhumano.

La constatación de tanto horror ha hecho que venezolanos de distintas tendencias se unan en un solo reclamo: justicia.

El caso Quero Navas desnudó una cadena de fallos que revela un patrón de violencia institucional. Desde su detención arbitraria, su desaparición forzada y su fallecimiento, el Estado venezolano vulneró cada garantía fundamental:

El debido proceso: Aún no queda claro qué delitos la imputaban ni si fue presentado a un tribunal en todo el tiempo de prisión que estuvo.

Violación del deber de custodia: El Estado es responsable de la integridad de quienes están bajo su control.

Tortura extendida: Mantener a una mujer de 81 años buscando a su hijo “debajo de las piedras”, sabiendo que el sistema ya lo había enterrado, constituye un trato cruel y degradante para la familia.

Complicidad institucional: La participación de más de ocho organismos en este muro de silencio expone una estructura diseñada para proteger la impunidad, no al ciudadano. Toda es una historia de violencia. Desde el momento en que lo detuvieron hasta el momento en que lo enterraron como un cadáver no reclamado.

La exhumación y posterior entierro bajo el rito católico el pasado 8 de mayo brindan un cierre espiritual a la familia, pero la herida jurídica sigue allí.

No basta con saber dónde está Víctor Hugo; es imperativo saber cómo murió y quiénes se confabularon para ocultar su rastro. En este contexto, la exigencia de las organizaciones de derechos humanos para aplicar el “Protocolo de Minnesota” es innegociable. Solo una investigación técnica, independiente y exhaustiva —ajena a las inconsistencias del relato oficial— podrá determinar las responsabilidades en esta cadena de mando.

La verdad es el único antídoto contra la repetición del horror. Y es la única vía para llegar a la justicia. El mensaje que se envía sin verdad ni justicia es que en Venezuela, aún en el ” nuevo momento político” que tanto se pregona, cualquier ciudadano puede ser borrado del mapa sin consecuencias.

Al final de este dantesco episodio, emerge la figura de Carmen Teresa Navas. Su persistencia ha logrado quebrar el bloque de silencio que pretendía sepultar la memoria de su hijo. Ella ha enfrentado al “monstruo” institucional con la única arma que el poder no ha podido confiscarle: la dignidad.

Al igual que cientos de madres venezolanas, la lucha de Carmen Teresa no ha sido solo por su hijo. Es una demanda por todos los venezolanos que hoy permanecen bajo las fauces de la injusticia. Que su ejemplo sirva de brújula para que el reclamo de verdad no se detenga hasta que haya justicia.