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La solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, no es percibida como un ataque solo a Voluntad Popular (VP)  sino a todos los partidos políticos que hacen vida en la oposición.  Pero, pese a que el cerco continúa estrechándose, analistas  creen firmemente que dichas  organizaciones deben “resistir y luchar” por preservar los espacios que aún quedan para la lucha por el cambio político y la salida a la crisis del país.

Este lunes 25 de mayo, Saab pidió a la Sala Constitucional determinar si  la tolda fundada por Leopoldo López es “terrorista”, si proceden sanciones civiles, penales y administrativas y decidir, incluso, la disolución de VP como partido. Días antes, uno de los dirigentes, Yon Goicoechea, fue señalado de financiar la logística de la operación Gedeón (intento de insurrección detectado los días 3 y 4 de mayo en costas venezolanas) y Saab pidió orden de captura.

“El ataque contra VP no es algo nuevo, es una estrategia contra los partidos que se viene dando desde el poder político desde 2017. Se trata de un patrón de violaciones surgidas  porque el Gobierno se da cuenta de que perdió el voto popular (elecciones parlamentarias) en 2015”, advierte la directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina.

Patrón de violaciones

Lo que Colina calificó como un “patrón de violaciones”, viene incluso desde la sentencia del TSJ que declaró a la Asamblea Nacional (AN) con mayoría opositora en desacato desde 2016. La excusa fue la juramentación de los diputados de Amazonas, sin que el alto tribunal resolviera la impugnación a los comicios en esa entidad hecha por el Psuv.

Así se fueron sumando decisiones entre los Poderes Judicial, Electoral y luego de la Constituyente instalada en 2017, que dieron al traste con el pluralismo político y las condiciones para unos comicios democráticos y transparentes.  

Recuerda que en 2017 y pese a los obstáculos, lograron renovarse 17 partidos políticos (de 59 convocados) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellos VP, Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT). Se trató del proceso de validación que correspondía luego de las parlamentarias de 2015 (se hizo con más de un año de retraso), a las que la oposición concurrió con una tarjeta única, la de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que quedó legitimada como organización al obtener la mayoría de los votos, seguida del Psuv y otros tres partidos.

“Luego de las elecciones de gobernadores y alcaldes (2017) la Constituyente considerada ilegítima decide hacer una nueva renovación para la que no dieron ni un mes y desde allí quedó conformado un nuevo ecosistema de partidos en el cual de 21, más de la mitad es afín al Gobierno y fueron los que apoyaron a Nicolás Maduro en las elecciones de mayo de 2018”, agrega Colina.

PJ y VP quedaron invalidadas ante el CNE luego de dicha validación exprés de 2018, lo que les impedía postular candidato presidencial a las elecciones que correspondían en diciembre  pero fueron adelantadas a mayo. PJ acudió a la recolección de firmas pero no le permitieron ir a reparo para completarlas y VP no acudió al proceso por considerarlo injusto.

A la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), al que en principio llamaron a validar, no le permitieron participar en el proceso por sentencia del TSJ emitida 15 horas antes y su tarjeta quedó eliminada. AD que sí logró legitimarse se la cobrarían después al no participar en las elecciones presidenciales al igual que a UNT, Nuvipa, Juan Bimba, Opina y Prociudadanos de Leocenis García. De acuerdo con la rectora Tania D’Amelio para el 9 de diciembre de 2018 con la elección de concejos municipales solo estaban vigentes 21 organizaciones nacionales, 11 regionales y 5 indígenas.

De esta forma, recalca Colina, se viene atentando contra el derecho al pluralismo político, que los ciudadanos puedan elegir entre varias opciones de nombres y partidos. De igual forma, el derecho de las organizaciones a participar y de sus candidatos a ser elegidos. En la legislación venezolana, advierte el Observatorio, la no concurrencia a una elección, no se considera como delito o falta electoral y su entendimiento como falta es contrario a los derechos políticos.

«La Constitución no habla de partidos»

Colina cree que si se llaman a nuevas elecciones, en este caso solo las parlamentarias que corresponden a este año, según la Carta Magna, en lugar de comicios generales como presiona la oposición, aun si están invalidados ante el CNE, los partidos deben buscar alternativas como el uso de otras tarjetas partidistas para no perder ese espacio de participación que queda.  “Pese a todas las adversidades, lograr que la gente recupere el entusiasmo y la confianza en el voto como motor de los cambios y la solución de los conflictos”, acotó.

“Los partidos no pueden dejar de participar en eventos democráticos como las elecciones aunque sean poco competitivas, porque si no se reducen o se cancelan los espacios que quedan. Pese a que hoy no están en su mejor momento y las críticas que se les puedan hacer, los partidos siguen siendo la referencia para que los ciudadanos entiendan que debe haber democracia y que por esa vía se resuelven las diferencias”, expresó el politólogo Leonardo Morales.

Morales califica la acción contra VP como “deplorable y censurable”. También recuerda que es un caso más que delata la visión del régimen chavista sobre  el papel de los partidos políticos en la democracia.

“Si revisamos la Constitución, nos percatamos que en ella no se habla de partidos como tal sino de organizaciones con fines políticos que puede ser cualquier cosa. Una ONG pese a que no compite por conquistar el poder puede ser considerada así porque con sus acciones puede incidir en la toma de decisiones políticas”, aseveró.

Subrayó además que la concepción del expresidente Hugo Chávez, era la de un partido único, propio de regímenes totalitarios como los de Corea y Cuba, mientras que la disidencia queda ilegalizada o eliminada. “El tema de VP viene a reforzar esa tesis”, dijo.

Larga lista

“Desde que se lograron las dos terceras partes de la AN en 2015, se han ido cercenando los derechos políticos contemplados en la Constitución, el más importante, que la soberanía reside en el pueblo y se expresa mediante el sufragio”, rechazó  el diputado de la AN, Simón Calzadilla.

A la lista de decisiones contra los partidos políticos para invalidarlos, le suma las inhabilitaciones políticas a dirigentes por parte de la Contraloría, los procesos judiciales abiertos contra políticos y diputados, anulación de las competencias al Parlamento y el hecho de dejar a Amazonas sin representación en la AN.

Además, el desconocimiento de triunfos electorales en las gobernaciones de Bolívar y Zulia, la intervención de partidos opositores para despojarlos de sus tarjetas  y entregársela a aliados del chavismo y recientemente,  la sentencia del TSJ de este martes 26 de mayo que valida a la directiva paralela de la AN, encabezada por Luis Parra.

Pero resalta que los partidos políticos no son solo sus líderes sino sus militantes y simpatizantes, por lo que es difícil eliminarlos por mucho que el régimen se lo proponga. Morales indica que la mejor muestra de ello es que pese a que VP no existe ante el CNE, el Gobierno le otorga reconocimiento como partido vigente, al pedir sanciones en su contra y de sus líderes. Además señala a  Juan Guaidó, miembro de VP, pese a que pidió lo liberaran de la disciplina partidista para dedicarse a la presidencia interina sin ataduras, como cabecilla de la insurrección.

Nuevos obstáculos

Calzadilla, también secretario general del Movimiento Progresista Venezolano, advierte que los últimos acontecimientos como la sentencia del TSJ pone más obstáculos al rescate de la ruta electoral.

“Se apostó a que un nuevo CNE pudiera ser elegido por consenso y  que eso abriera la puerta a la participación electoral de todos los partidos, pero parece que no será así, el gobierno no quiere nuestra participación, no le conviene, quiere un proceso electoral solo de ellos”, advirtió el también secretario general del Movimiento Progresista.

Calzadilla, quien fue desplazado como secretario general de Patria Para Todos en 2012, por sentencia del TSJ, luego de que esa tolda le retirara el apoyo a Chávez, recordó  que la lucha por el cambio político no será posible sin el acompañamiento de la ciudadanía. Subrayó que no solo a los partidos y dirigentes se le cercenan sus derechos sino a todos los venezolanos cuando no se les garantizan ni siquiera los servicios básicos y los reprimen o meten presos cuando protestan.

Colina aboga porque los factores políticos sigan presionando al Gobierno para una negociación y una salida electoral, porque de otra manera la crisis no será resuelta.

“Los partidos y su liderazgo tienen que presentar propuestas para rescatar esa ruta, no pueden seguir respondiendo con la confrontación porque no tienen la fuerza de las armas para sacar a Maduro. La única herramienta es el poder del voto con las condiciones, que no se lograrán de un día para otro y convencer de nuevo a los ciudadanos de ello”, acotó.