El nuevo ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, reveló que una posible reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) está en fase de discusión técnica y política. Desde la Asamblea Nacional (AN), algunos diputados también comenzaron a hablar del tema y a promover un “consenso nacional» en torno a los eventuales cambios a la normativa, promulgada por el expresidente Hugo Chávez en 2012.
El inicio de esta discusión se produce en medio del descontento generado entre los trabajadores y movimientos sindicales, por los recientes anuncios de la gobernante encargada Delcy Rodríguez, quien el 30 de abril comunicó al país de manera ambigua, el incremento del “ingreso mínimo integral” a 240 dólares.
El mismo Castillo explicó luego que el aumento se produjo en las bonificaciones y no en el salario mínimo que sigue congelado en 130 bolívares, equivalentes a menos de un dólar mensual.
Miembros de organizaciones sindicales y el abogado experto en materia laboral, León Arismendi, consultados por Efecto Cocuyo, advierten que la crítica situación por la que atraviesan los trabajadores no se corrige con una reforma a la actual legislación, sino con la aplicación de la Constitución, la rectificación de las malas políticas económicas que llevan décadas y la transparencia en el manejo de los ingresos del Estado.
Advierten que si la reforma legal pretende consagrar la eliminación de derechos de la clase trabajadora, que ya se comete en la práctica, será ampliamente rechazada por los movimientos laborales y sociales.
La Constitución pone un cerco
“Lo primero que se debe tener en cuenta es que no se está cumpliendo con la Ley del Trabajo y la Constitución que en su artículo 91 señala que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y que el salario mínimo vital debe ser ajustado cada año, tomando como referencia el costo de la canasta básica. El 30 de abril Delcy Rodríguez anunció un incremento insuficiente y habla de un ingreso mínimo integral que no está en el texto constitucional”, señaló el abogado Arismendi.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) considera que en lugar de plantear una reforma de la Lottt, de la que aún no se conoce una propuesta, también se debe respetar el artículo 92 de la Carta Magna que consagra el derecho de los trabajadores a tener prestaciones sociales y establece que toda mora en su pago genera intereses.
“No se sabe a ciencia cierta lo que se pretende reformar, qué se quiere eliminar o agregar, pero en todo caso el numeral 1 del artículo 89 de la Constitución señala que ninguna ley puede alterar la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales. La Carta Magna puso un cerco, no se pueden reformar normas si eso va en contra de los trabajadores, no lo puede hacer ni el Ejecutivo ni la AN. La situación de ruina de los trabajadores es producto de la crisis y malas políticas del gobierno”, advirtió Arismendi.
El artículo 89 constitucional indica que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, que los derechos laborales son irrenunciables y que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos.
Desde la AN, el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Orlando Camacho (Somos Venezuela), señaló que una posible reforma debe surgir del “consenso” entre las partes interesadas, pero también advirtió que en Venezuela se inicia una etapa de revisión de los temas laborales “para adecuarlos a la realidad económica del país”.
Los “peligros”
“No estamos de acuerdo con una reforma presionada, fraguada, de acuerdo con los intereses de los patronos, que no vaya dirigida a las necesidades de los trabajadores sino a sectores del capital. Se acabó con el régimen de cálculo de las prestaciones sociales, ahora los peligros son mayores porque van contra la inamovilidad laboral, redefinir el concepto de salario para despojarlo elementos como las indemnizaciones, del amparo en caso de cesantía como lo dice el artículo 92 de la Constitución”, alertó el secretario de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse.
A juicio del también dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), desde Miraflores se quiere “legalizar” lo que ya sucede en la práctica, que es la destrucción del salario y la “inexistencia” de las prestaciones sociales.
El pasado 9 de abril, al anunciar un “aumento responsable” para el 1 de mayo, la gobernante encargada, Delcy Rodriguez , dijo que “hay más pensionados (5,7 millones) que cotizantes (3,5 millones de trabajadores activos) a las pensiones”, lo que representa una enorme carga para el Estado que está financiando 91 % del pago de pensiones.
“Siempre ha habido dificultades económicas, pero se han profundizado por la corrupción, las sanciones y las políticas públicas en detrimento de los sectores vulnerables de la sociedad y en protección de los grandes capitales. Es algo perverso”, reprochó Eusse.
El empresario y expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, concuerda con la interina sobre la enorme carga laboral que tiene el Estado venezolano -más pensionados y menos trabajadores activos que cotizan, a lo que se suman los trabajadores jubilados de la administración pública -por los pasivos laborales, que si se calculan con retroactividad, afirmó en una entrevista para un medio estatal, es “sumamente inflacionario”.
Ni viable ni aceptable
“Hemos escuchado a Fedecámaras decir que es necesaria la reforma laboral para poder aumentar el salario mínimo, a algunos diputados con la misma retórica porque es un freno para la productividad y el empleo y al ministro del Trabajo que dice que se evalúa la reforma. En la Central ASI decimos que ni en la mesa de diálogo para la consulta salarial, ni en la quinta sesión del Foro de Diálogo Social, ni en la mesa de diálogo nacional para los consensos laborales, se ha debatido la reforma de la Lottt. No es parte de la agenda de trabajo y no nos ha sido presentada ni por el Ejecutivo, ni por la AN, ni sector empleador”, recalcó la dirigente sindical Leída Marcela León.
La presidenta de la Central Asociación Sindical Independiente (ASI) enfatizó que no es “viable ni aceptable” la reforma de la Ley del Trabajo en el actual contexto país, donde en irrespeto de los derechos de los trabajadores se ha congelado por varios años, la discusión de contratos colectivos y el ajuste de los beneficios socioeconómicos.
“Nos han llevado al nivel salarial más bajo del mundo, hemos soportado que la inflación, la hiperinflación, la guerra económica, la crisis política, la recesión económica, la pandemia, la gran corrupción, y las sanciones hayan pulverizado y aumentado la brutalmente la brecha entre lo que percibimos y lo que podemos adquirir. No nos alcanza el valor de nuestro trabajo ni para alimentar a nuestras familias una semana. Hemos perdido con tres reconversiones monetarias y 14 ceros menos al bolívar”, condenó.
Coincide con el abogado laboral y Eusse en que los anuncios de reforma de la Lottt no son confiables y se pregunta «qué más quieren arrebatar a los trabajadores”.
¿Hasta dónde las políticas de libre mercado están por encima de los derechos humanos al trabajo, al salario y a las prestaciones?. Se deben buscar equilibrios y trabajar juntos por una Venezuela en prosperidad, por ello, no aceptamos que una vez más se pretendan crear políticas laborales en detrimento del bolsillo del trabajador, generando más desigualdad a la familia venezolana y a costa de nuestros derechos”, fustigó.
¿Qué dice Fedecámaras?
El representante de Fedecámaras ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, afirmó durante el II Foro de Jóvenes Líderes, el pasado 10 de febrero, que Venezuela no podrá avanzar hacia un aumento del salario mínimo mientras no se modifique la legislación laboral vigente, en lo que tiene que ver con el recálculo de las prestaciones sociales (artículo 122 de la Lottt).
“En estos momentos, se recalculan las prestaciones sociales con base en el último salario con retroactividad e indexado. En tiempos de inflación, para alguien que tiene una antigüedad de 26 años, le das un aumento de 10 dólares y el precio es imposible de pagar para la empresa”, sostuvo Roig.
“Se ha escuchado hablar de propuestas como eliminar la retroactividad de las prestaciones por la falta de capacidad del Estado para asumirlas. No aceptamos el cambio o reforma del concepto de salario, no aceptamos la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales, no aceptamos la eliminación de la inamovilidad laboral; por el contrario, exigimos su respeto y la fuerza ejecutiva para que el patrono público y privado cumpla tanto la estabilidad absoluta como la inamovilidad”, insistió la presidenta de la Central ASI.
Señaló que si la “excusa” es que hay nuevas formas de empleo en Venezuela, como el teletrabajo, se deben elaborar leyes especiales para proteger a los distintos tipos de trabajadores y sus derechos laborales.
“No aceptamos la flexibilización y desregulación de la Lottt. Exigimos el respeto y cumplimiento de los principios de progresividad e intangibilidad de los derechos adquiridos. La ley establece y la doctrina también que solo podemos cambiar un derecho adquirido por otro que nos dé mejores condiciones, no por otro que nos quite beneficios”, agregó la dirigente sindical.
Eusse también refuta que se argumente que las empresas van a “quebrar” por las prestaciones sociales. Recordó que desde 2022 el salario está congelado en 130 bolívares -menos de un dólar- y la inflación ha seguido siendo elevada. Añade el hecho de que muchos patronos están en mora con el abono de los cinco días para las prestaciones sociales de los trabajadores.
“No hace falta una reforma de la ley para fortalecer el salario, sino que se cumpla. Es por ello que el movimiento sindical tiene que unirse y hacer frente a estas pretensiones y defender el concepto del salario. Esto no es revolución ni socialismo, es neoliberalismo”, dijo.
Propuestas
¿Pero la Lottt es mejorable? Tanto Eusse como Arismendi responden que sí en aspectos como la libertad sindical.
“Lo que habría que modificar en la Lottt está en las recomendaciones del Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT de 2019, es decir, las normas que le permiten al Estado interferir en el ejercicio de la libertad sindical; por ejemplo, la que le atribuye competencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) para intervenir en las elecciones de los directivos sindicales y otras que obstaculizan el libre funcionamiento de las organizaciones”, puntualizó el abogado.
Eusse concuerda y habla también de eliminar o mejorar en la legislación los límites “exagerados” al derecho a la huelga laboral.
“La ley vigente impone donde se puede hacer huelga y donde no. La huelga es un mecanismo de lucha de los trabajadores cuando se agotan las vías de negociación con los patronos, frente a violaciones del contrato colectivo, por ejemplo. También se establece que el pliego conflictivo debe ser admitido por la Inspectoría del Trabajo (artículo 170) y solo debería bastar su introducción”, apuntó el dirigente de la CUTV, brazo sindical del PCV.
Añade que el artículo 402 de la ley vigente deja en la “orfandad” a los trabajadores al impedir que las directivas sindicales con periodo vencido puedan actuar en nombre y a favor de los trabajadores hasta que se han nuevas elecciones, mientras desde el Estado a través del CNE o el Poder Judicial, se bloquean dichos procesos electorales.
“A menos que sea otra arbitrariedad, el tema económico en Venezuela no se corrige con una ley y si igual van a reformar debe haber un debate público, no pueden sacar una reforma laboral de alguna gaveta porque no es cualquier cosa, si no hay relación de trabajo no hay producción ni progreso”, acotó Arismendi.