Constitucionalistas: un gobierno democrático deberá revisar “con lupa” acuerdos petroleros con EEUU 

Constitucionalistas advierten que un gobierno democrático debe revisar “con lupa” acuerdos petroleros con EEUU 

El petróleo venezolano y la legitimidad del interinato de Delcy Rodríguez para suscribir acuerdos energéticos con Estados Unidos ha sido centro de discusión en la última semana dentro y fuera del país. 

A una semana de haber sido anunciado por el presidente norteamericano, Donald Trump, aún se desconoce el texto completo del convenio, firmado el 28 de agosto, según la gobernante encargada. De acuerdo con los datos aportados hasta ahora por ambos gobiernos, EEUU  tendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas conocidas de crudo venezolano en 17 campos petroleros, con una inversión de 100.000 millones de dólares.

Falta mucha información, advierten expertos. Lo que no faltó fue la presencia de representantes de transnacionales como Chevron, General Electric Vernova y la italiana ENI en Miraflores, para firmar ocho acuerdos energéticos con la presidencia interina avalada por Washington, tras detener a Nicolás Maduro y a Cilia Flores el 3 de enero. 

Para el expresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, Elias Matta, la nueva apertura petrolera, que paradójicamente ahora realiza el chavismo en el poder, es positiva y necesaria, solo que debe ser sometida a los más estrictos controles para evitar nuevos desfalcos y eso solo se puede hacer, subrayó, en un país reinstitucionalizado.

Para constitucionalistas, consultados por Efecto Cocuyo, el reconocimiento de la Casa Blanca al interinato no basta, por lo que no habrá seguridad jurídica para los inversionistas mientras no gobierne un régimen democrático en Venezuela. También subrayaron el artículo 12 de la Carta Magna: Los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. 

La legalidad no nace de la ilegalidad 

De entrada el abogado constitucionalista, Nelson Chitty La Roche, señala que no es suficiente con el reconocimiento de Washington. Delcy Rodriguez no fue electa por el voto popular y según los artículos 233 y 234 de la Constitución, ya expiraron los 180 días (en julio) para ejercer como presidenta encargada, ante la falta absoluta de Nicolas Maduro, aun no declarada por el Parlamento.

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En este sentido, el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), recalca que la interina no puede comprometer los recursos de la República.   

“La doctrina llama a la situación que vive el país de facticidad desnuda que muestra un ejercicio de facto pero que exhibe una falencia capital: sus actos, contrarios a la Constitución, carecen de sustentabilidad. Los inversionistas deben saberlo. No hay ninguna certeza jurídica. Esperemos para ver el documento y su forma jurídica, pero hay un principio de derecho que resumo así, de la ilegalidad no puede nacer legalidad”, advirtió el también exdiputado.  

Trump dice que el acuerdo petrolero con Venezuela es “por 100 años” y Rodríguez dice que por 25 años. Al confirmar el convenio un día después, Rodriguez habló de ingresos fiscales proyectados para el país de 209 mil millones de dólares durante 25 años y de 19 dólares por barril. El economista Francisco Rodríguez advirtió que dichos ingresos equivalen a 8.400 millones de dólares anuales, “un monto relativamente bajo” para el país. 

“Cuando careces de legitimidad de origen eres un usurpador y los actos de usurpación son nulos de todo derecho. Venezuela se ha quedado con un gobierno de facto cuyos actos carecen de validez. No es suficiente el reconocimiento del gobierno norteamericano”, agregó La Roche. 

Juristas y economistas no dejaron pasar por alto que de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución “la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) en los casos que determine la ley” y que no podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos” sin la aprobación del Poder Legislativo, lo cual no ha ocurrido y debió ser antes de la firma del convenio.

La AN de mayoría chavista aprobó este 1 de septiembre, un acuerdo en apoyo al convenio energético con EEUU, pese a que se admitió que el Ejecutivo no ha consignado el contrato completo para la evaluación del Poder Legislativo. El grupo Libertad integrado por diputados de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio de Henrique Capriles, se abstuvo de votar el respaldo por desconocerse el contenido preciso del acuerdo.

Los recursos son de la República 

“El contrato con EEUU no se conoce pero según lo anunciado, se adjudican 17 campos petroleros. El artículo 12 de la Constitución dice que  los yacimientos mineros y de hidrocarburos son propiedad de la República y son inalienables. Ningún contrato debe estar concebido para favorecer a un gobierno o una empresa extranjeros. Ese contrato debe pasar además por el tamiz de la Ley de Hidrocarburos en favor del rendimiento del Estado, lo que va a quedar para la República”, subrayó otro abogado constitucionalista que prefirió omitir su nombre para esta nota para evitar represalias. 

Trump ha dicho que “tomaron Venezuela” a partir del 3 de enero, con la captura de Maduro y Flores y que el petróleo venezolano duplicará las reservas estratégicas de EEUU y permitirá bajar el precio de la gasolina, “sin costo” para los contribuyentes de ese país, lo que indica, que el acuerdo será ejecutado por una empresa privada, en este caso North American Blue Energy Partners (NABEP) del cuestionado empresario Alejandro Betancourt.

El también profesor de Derecho que prefirió el anonimato, enfatizó que ante las dudas sobre la legitimidad de origen del interinato y de los acuerdos que está suscribiendo, los convenios petroleros deben ser revisados “con lupa” y ratificados por un gobierno electo por el voto popular. Le añade el agravante de que NABEP no es una empresa como Chevron o ENI, por lo tanto no tiene experiencia ni capacidad financiera comprobadas en el área petrolera.

Afirmó que en una apertura petrolera como la realizada en tiempos de Luis Giusti al frente de Pdvsa (1994-1999), una empresa como NABEP no hubiera pasado el primer filtro ni se hubiera firmado un contrato de tal calibre “entre gallos y medianoche”. 

“Ese contrato debió  ser asignado a través de una licitación pública y nadie sabía de esto hasta el momento de los anuncios. Más allá de si es positivo o negativo para la producción petrolera, todo lo que se está firmando debe ser revisado y ratificado o no por un gobierno democratico. Como las grandes empresas no han querido venir a invertir, quizás EEUU quiso romper el hielo con la empresa de Betancourt para animarlas, pero sigue sin haber seguridad jurídica”, alertó.

Dejó claro que pese al tutelaje de EEUU y la situación de excepcionalidad a partir de la detención de Maduro, Venezuela es un país soberano con una Constitución que elige a su gobierno por el voto popular. Trump y la interina volvieron a declarar que el país aún no está “preparado” para las elecciones presidenciales, por lo que el jurista llamó a celebrar acuerdos con ese gobierno legítimo que se elija llegado el momento, en lugar de “aprovecharse de la oscuridad en beneficio propio” porque el país “no es un botín de guerra”.

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El chavismo que rechaza la injerencia de EEUU, en voces como la del historiados Luis Britto Garcia y la diputada Iris Varela, también ha mencionado la “nulidad” de todo tratado obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza, en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

El economista Francisco Rodriguez igualmente recordó que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que para la selección de las operadoras petroleras se debe promover la concurrencia de diversas ofertas (licitación). Instó al gobierno interino a explicar si se hizo el proceso antes de firmar el acuerdo con EEUU y cómo y por qué no se tiene conocimiento de una licitación o solicitud pública de ofertas. Y si no se hizo, explicar cuál es el argumento de interés público que lo justifique. 

Evitar desfalcos 

El acuerdo energético entre la Casa Blanca y Miraflores plantea un aumento de la producción petrolera  superior a los 1,5 y 2 millones de barriles diarios en 10 años. El exdiputado Matta recordó que gracias a la apertura petrolera, el expresidente Hugo Chavez recibió una producción de 3 millones de barriles diarios con una ruta trazada hacia los 5 millones de barriles por día. Para 2019, segundo gobierno de Maduro la producción estaba en 500.000 barriles diarios, actualmente apenas se supera el millón. 

“Luego de 27 años, el chavismo entendió que sin inversión privada no se podía rescatar la producción petrolera  luego de tanta destrucción. Tanto nadar para morir en la orilla”, ironizó el también dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT). 

El experto petrolero zuliano dice apoyar la llegada de capital extranjero para rescatar la producción petrolera, pero su preocupación gira en torno a que los ingresos que reciba el país pueda ser auditado a fin de evitar otro desfalco como el protagonizado por el exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, actualmente detenido.

“Desde principios de año, el gobierno encargado dijo que los recursos que estaban entrando al país con el aumento de las exportaciones petroleras se iban a publicar en una página web que todavía estamos esperando. Así como se habla de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debe designarse un nuevo contralor general de la República que evite nuevos desfalcos, actualmente no hay un contralor independiente sino un estado de complicidad que debe acabarse”, sostuvo. 

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Este 2 de septiembre, en presencia del secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, Delcy Rodriguez, apostó por la reactivación regional, a partir del gran acuerdo petrolero y los ocho convenios suscritos en Miraflores para aumentar la producción, modernizar actividades como la exploración de yacimientos, dotar de energía propia a la industria petrolera y rescatar el sistema eléctrico nacional. Al apoyar el convenio energético anunciado en primera instancia por Trump, el Parlamento resaltó que se estima la generación de 3,6 millones de empleos directos e indirectos. 

El estado Zulia concentra 48 % de los pozos petroleros y 11 de los 17 campos estratégicos incluidos en el convenio con Washington. 

“La Costa Oriental del Zulia ha sufrido mucho y está bastante golpeada y esperamos que todo eso pueda reactivarse, desde la producción petrolera hasta la señora que vende las empanadas. Chevron está en el Zulia por lo que no puedo oponerme a los acuerdos, pero deben crearse los controles respectivos. Ojala con la participación e inversión de la General Electric se pueda resolver el problema eléctrico del país que es consecuencia del abandono gubernamental”, dijo. 

El secretario de Energía de EEUU declaró este 3 de septiembre, durante su visita al país, que GE Vernova estabilizara la red eléctrica venezolana de seis meses a un año.