Ayala Corao y el Comité de Postulaciones para el TSJ: El peligro es que lleguemos a la repartición por cuotas

El abogado Carlos Ayala Corao no tiene dudas de que Venezuela no ha entrado en una fase de transición democrática que sea irreversible y alerta sobre el riesgo de la aplicación de cuotas políticas en la selección de los nuevos magistrados y la existencia de “una tensión entre la inconstitucionalidad estructural que tenemos y la búsqueda de una negociación política para la transición democrática”.

.En entrevista con Efecto Cocuyo, el jurista evaluó el procedimiento de cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, el sistema de justicia nacional, la soberanía nacional y los derechos humanos tanto en el país como en la región.

Ayala Corao ha obtenido recientemente un nuevo lauro en su prolífica carrera de abogado al ser designado como presidente del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos. También ha ocupado la Presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la Relatoría para los Pueblos Indígenas de América (1996 1999) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), entre otros cargos destacados.

–Se ha anunciado una reforma del sistema judicial, en un principio con unos cambios en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es su opinión sobre la forma como se está llevando a cabo ese proceso?

–Con lo que apenas estamos viendo, me parece que la reforma puntual que se produjo de la ley orgánica del TSJ lo que hace desafortunadamente es validar una inconstitucionalidad manifiesta, como lo ha dicho recientemente el comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y es que la Constitución dispone que ese cuerpo debe estar integrado por representantes de la sociedad y no representantes del Estado. Desde un principio se ha tratado de cooptar ese comité de potulaciones, que es un órgano auxiliar del Poder Judicial y por lo cual no debería estar integrado por diputados. Se ha copado (en anteriores ocasiones) con los diputados y, además, introduciendo algunos representantes de la sociedad civil que no son tales, que obedecen a ciertas orientaciones (políticas), aunque no todos. Aquí lo importante es cómo se comienza y cómo se termina un mecanismo de elección del órgano interno. Que haya transparencia, que haya certeza de cuáles son los cargos, cuál es el procedimiento, cuál es el baremo

¿Qué debe incluir el baremo?

–Es muy importante tener un modelo de qué tipo de magistrado vas a nombrar porque eso implicará que en el baremo se va a dar más o menos peso a la formación académica, o darle menos peso a la académica y más peso a la profesional. Después hay que ver cómo se introduce la valoración de aspectos que parecen más subjetivos, pero que hay evaluar con base en criterios objetivos, como el tema de honorabilidad y la independencia. La tarea para mí está en cómo se lleva a cabo una escogencia debida de los magistrados ante una suprema justicia. Cómo se escogen los mejores en mérito, pero los mejores también en honorabilidad, en independencia y cómo esa escogencia no puede ser hecha, sino por un cuerpo independiente, porque al final le toca a la Asamblea Nacional (la selección); pero si fuese producto de un acuerdo, la Asamblea Nacional lo que tiene es que reconocer esa candidatura, pero de las listas que han sido preseleccionadas. Ahí hay una tensión entre la inconstitucionalidad estructural que tenemos y la búsqueda de una negociación política para la transición democrática.

¿El riesgo sería que en ese Comité de Postulaciones haya personas supuestamente de la sociedad civil, pero unas a favor del gobierno y otros de algunos sectores de la oposición, más los parlamentarios?

–Sí, el peligro es que lleguemos a algo que se llama el cuoteo y es que para poder pasar determinados candidatos óptimos se ponga como condición la introducción de candidatos que simplemente lo que buscan es ser leales al gobierno y no fieles a la Constitución y a las leyes del país.

–Un representante de la mesa de negociación de la AN de 2015 señaló que este proceso de negociación y de transición tenía que ser como el plástico, debía tener cierta flexibilidad. ¿Qué tan importante es que los procedimientos para llevar a cabo este proceso de transición sean apegados a lo que está establecido en la Carta Magna?

–Para comenzar, el país tiene un estado de cosas inconstitucionales donde los poderes públicos están conformados de manera inconstitucional y donde los procedimientos han sido secuestrados como forma de cooptación y control del poder público. Lo importante de regresar al cauce constitucional es precisamente porque, como fue previsto en la Constitución de 1999, había una instancia despolitizada, que es el Comité de Postulaciones, integrado por representantes de la sociedad con la tarea de seleccionar los candidatos y producir una lista y eso debía ser hecho sin intereses políticos partidistas y de una manera transparente…

-Si se mantiene el estado de cosas inconstitucionales se puede buscar un mecanismo, vamos a decirlo así, paralelo que garantice la escogencia de un TSJ  competente, independiente e imparcial. Una  comisión de decanos de derecho, de colegio de abogados, de centro de investigación jurídica, de organizaciones no gubernamentales del sector justicia y derechos humanos, que lleve a cabo de manera pública y transparente aplicando un baremo y un reglamento preestablecido para esa selección y que al final se respete esa selección que hace ese Comité para que las instancias posteriores del Poder Ciudadano y de la Asamblea Nacional lo que tengan es que aprobar. Es decir, o se sigue todo el trámite constitucional como debe ser o en una negociación política para la transición a la democracia se hace una selección mediante un cuerpo independiente y profesional.

–Hay muchas que cosas que hacer en el sistema judicial y el TSJ es apenas uno de los elementos. ¿Qué debe seguir a la designación de nuevos magistrados en el TSJ para tener un sistema judicial conforme a lo que a lo que debe ser su razón de ser y lo que está establecido en la Constitución?

 –Esto requiere de un tratamiento serio al tema y de una política de Estado de manera constante y perdurable… No solamente debe ser el TSJ, habría que comenzar todo un proceso de evaluación de los jueces para ver cuáles deben salir justificadamente de inmediato de la judicatura e irlos reemplazando hasta que podamos en un corto plazo hacer los primeros concursos públicos de oposición. Institucionalizar la justicia de la Constitución de 1999 es un proceso que incluye nombramiento, pero también formación.

-Probablemente la mayor urgencia está en la jurisdicción penal, pero también la jurisdicción contra el terrorismo, que ha sido un mecanismo de persecución política. Hacer lo mismo que en la transición española: eliminar los tribunales de orden público, eliminar esa jurisdicción y reencauzar la justicia precisamente con un Ministerio Público de carrera, no politizado, transparente.

-Lo que se puede es comenzar a poner las bases de una reforma judicial. Va a ser un proceso, porque no hemos tenido justicia independiente después de la Constitución del 61. Un plan nacional para la justicia, que además de los tribunales debe incluir mecanismos alternos de solución de controversias, revitalizar la justicia de paz, el arbitraje, la justicia en materia indígena que no ha sido activada, etcétera. Desarrollar toda esa justicia que se previó como una nueva justicia para un Estado democrático, de derecho y de justicia, pero la “justicia” más bien ha servido para una lealtad con el régimen y en su momento con la revolución.

-¿Podríamos decir que en este momento en Venezuela hay una crisis de soberanía en vista de lo ocurrido, primero, el 28 de julio del 2024  con la soberanía popular y luego los hechos del 3 de enero sobre la soberanía nacional?

–Dentro de ese estado de cosas inconstitucionales después del 3 de enero se generó una falta absoluta del Presidente y la Constitución manda a que se convoquen de inmediato elecciones para cubrirla, pero si es una falta relativa a los 90 días debía prorrogarse por una sola vez, porque a los 180 días hay un límite y la falta relativa se convierte en falta absoluta del presidente de la República y hay que convocar elecciones… Ahora el Parlamento ha debido decretar la falta y proceder a la elección.

-Ese estado de cosas inconstitucionales nos genera además  inseguridad jurídica, porque no puede haber otro gobierno que el emanado del voto ciudadano. Esa afectación de la soberanía nacional, como tú la mencionas, solamente puede ser rescatada a partir del rescate de la soberanía popular. Por eso, el ejercicio de la soberanía popular a través del sufragio es el mecanismo que necesita Venezuela para recuperar su condición de nación soberana.

La narrativa oficial indica que hay un cambio, pero siguen activos centros de tortura, en los tribunales las personas que han sido objeto de torturas denuncian con nombre y apellido a sus torturadores y éstos aún siguen en sus cargos. ¿Estamos en un momento político distinto,  al menos, en el tema de los derechos humanos?

–Creo que estamos en una tendencia a la estabilización y todavía no hemos entrado en una fase de transición democrática que sea irreversible. Las estructuras que causaron graves violaciones a los derechos humanos y delitos, incluyendo delitos de lesa humanidad, permanecen impunes. Es precisamente lo que se deriva de un régimen no democrático, es decir, una democracia con un Estado de derecho tiene dentro de los cometidos respetar los derechos humanos y hacer justicia, no venganza… Un debido proceso, investigar, procesar y sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas. Estamos en una situación de una indefinición, de una inseguridad porque muchas de esas estructuras están todavía intocables.

Hablemos sobre América Latina

-Salgamos del tema venezolano y hablemos un poco de lo regional. ¿Cómo analiza usted la situación de los derechos de los derechos humanos en América?

–Diría que hay un aspecto positivo hoy en día y es que los pueblos están mucho más conscientes de sus derechos de lo que estaban hace 30, 40 años, cuando ocurrieron otros gobiernos autoritarios y dictaduras en el continente. Ha habido todo un proceso pedagógico de aprendizaje y de democratización en materia de derechos humanos. Por otro lado, vemos en las Américas el fenómeno del populismo autoritario. Personas, muchos de ellas antisistema, que vienen de la antipolítica y que hacen unas promesas para llenar los vacíos de esperanza que tienen los pueblos. Pero una vez en el poder controlan la libertad la expresión, los medios de comunicación y controlan el poder judicial y se interviene el Estado de derecho. A veces se hace con un discurso de derechas, otras veces con un discurso de izquierda, pero es lo mismo al final. Son los populismos autoritarios y cuando se relajan los controles, cuando se aplaude los excesos, ocurren violaciones.

-También tenemos situaciones muy graves por los acechos del crimen organizado y el narcotráfico. No solo penetran las estructuras del Estado, también crean grupos armados que  desafían las estructuras del Estado y generan violencia entre ellos mismos, como lo hemos visto en México y en su momento en Colombia.

-Por otro lado, van apareciendo nuevos temas, nueva densidad en materia de derechos humanos: desde el cambio climático, que afecta a todo el mundo; la protección de los más vulnerables, el pleno ejercicio de los derechos de la mujer con conceptos como la paridad en representación de órganos y en participación en funciones de gobierno y empresa.  Es América, sobre todo Latinoamérica, un continente de contradicciones, porque mientras por un lado se están viendo esos nuevos horizontes de los derechos económicos, sociales y culturales, al mismo tiempo se detiene arbitrariamente a la gente y hay desapariciones forzadas.

¿Esta aparición del populismo autoritario está indicando una especie de frustración por parte de la gente sobre la falta de eficacia del sistema democrático?

–Los pueblos están desesperados en muchos países por la subida de los índices de violencia, de robos, de homicidios. Pienso que en algunos sectores, incluyendo los derechos humanos, debería asumirse el discurso de la seguridad como un derecho fundamental de la persona y una obligación del Estado de preservar la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad. Y en torno a la seguridad, en una sociedad democrática deben establecerse competencias, una política pública de prevención y de sanción del delito. A veces desde la democracia no se articula un discurso de respuesta y entonces vienen las ofertas engañosas pero efectistas. La oferta donde se declara el estado de excepción, por ejemplo, en El Salvador se hacen detenciones masivas de personas. Allí se han logrado mayores niveles de seguridad en la población, que está muy contenta, pero con cargo también a la violación de unos estándares mínimo en materia de derechos humanos. Es necesario el combate a la delincuencia, pero de una manera sostenible, de una manera científica y seria. Pero estoy de acuerdo en que ese tipo de discurso es el que el populismo aprovecha, mientras de la democracia no ha habido una reacción para una propuesta firme.

-Sobre el papel del sistema interamericano se ha generado un gran debate sobre el rol de la OEA, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Corte. ¿Realmente esos órganos están sirviendo, tienen un efecto práctico o es burocracia para discursos?

–El sistema interamericano de derechos humanos en la Comisión, la Corte, le ha permitido a miles de víctimas en todo el hemisferio llegar a una justicia imparcial, que sus casos sean escuchados por jueces independientes, que se condene a la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que se adopten medidas de reparación integral a la víctima y en algunos casos tratándose de casos estructurales como de leyes, políticas públicas, pues que se modifique el ordenamiento jurídico y que sea compatible con la Convención Americana.

-Hay un índice de países democráticos que han cumplido y cumplen con estas sentencias de la Corte Interamericana, pero hay otros, como el caso de Venezuela, que desatienden la sentencia de la Corte Interamericana. También dijo que se iba a ir al sistema de Naciones Unidas, porque era imparcial y cuando llega a Naciones Unidas tampoco acata las decisiones que han salido del Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias y tantos otros grupos de trabajo y comités.

Entonces, no es que Venezuela tenía un problema o el gobierno o el régimen tenía un problema con el sistema interamericano, sino con los derechos humanos. Más allá de los órganos de derechos humanos, la Comisión y la Corte, la Carta Democrática Interamericana es un instrumento muy importante en la OEA para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y para defender la democracia, pero podría ser mucho más activo de lo que ha sido hasta la fecha.

Desde la Academia

-Finalmente, coméntenos cuál será su rol al frente del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos.

-El Instituto Interamericano de los Derechos Humanos es el brazo académico del sistema interamericano de derechos humanos. Nace de un convenio firmado entre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Gobierno de Costa Rica para servir de instituto para capacitar, divulgar estándares de derechos humanos, de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.  En casi medio siglo de existencia ha tenido éxito en esa labor, como es el caso del curso anual del Instituto por el que han pasado varias generaciones de futuros dirigentes de organizaciones no gubernamentales,  funcionarios públicos, jueces, etcétera. Las publicaciones del instituto, en materia de derechos humanos, han llegado a escuelas, curso de formación especializada. Muchos estados han requerido de su entrenamiento y formación,  como policías en Centroamérica, Brasil y Chile, que permite que los funcionarios sean eficientes en el cumplimiento de funciones y con estándares de derechos humanos. Hay una reducción de la cooperación internacional de EEUU y Europa y esto ha tenido efecto en muchas instituciones de derechos humanos, pero el reto es retomar el sendero que ha tenido el instituto como centro de formación estratégica en materia de derechos humanos.