Migrante venezolano en EEUU: Cada vez que despierto pienso que puede ser mi último día aquí

El verano en Colorado nunca ha sido tan asfixiante como a finales de agosto de 2026, al menos para Richard Delgado*. No es por el calor: desde hace cinco años que está acostumbrado al sol intenso y los sorpresivos pero breves aguaceros de la tarde, típicos en el oeste de Estados Unidos. Nada de eso es tan malo. Se ahoga por otro motivo. Es el encierro en su pequeño apartamento en la ciudad de Parker lo que le provoca ese sofoco, es no poder hablar español en público desde hace meses, es conducir con mucho cuidado para evitar a toda costa una detención policial, es sentir miedo de perder la vida que aún no termina de construir, es tener que ocultar de dónde viene.

Ya no le dice a nadie que nació en la capital de Venezuela. Si lo hace, teme que podrían deportarlo antes del otoño.

“Trato de no estar fuera de casa si no es necesario. Con mi trabajo lo malo es que tengo que salir de tienda en tienda. Hay ciertas zonas donde trato de no ir porque se corre la voz de que por ahí andan agarrando gente más seguido. He escuchado de Aurora, Littleton y Denver. Cada vez que me despierto siento que puede ser mi último día aquí. Mucha gente está completamente desprotegida y se quedó sin trabajo”, contó Richard, venezolano de 25 años, quien labora como supervisor de merchandising en una empresa embotelladora.

El 15 de agosto de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional informó que los migrantes con TPS (Estatus de Protección Temporal) vencido deben salir inmediatamente de Estados Unidos o serán deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Richard no tiene a dónde volver: su padre vendió su casa en Caracas para poder costear su viaje a Norteamérica. No le queda familia en la capital y la mayoría de sus amigos también emigró.

“Es muy difícil vivir así, es muy triste que el gobierno —en vez de concentrarse en criminales, en la economía, en los precios del combustible— está concentrado en nosotros como si eso fuese a cambiar algo. No se dan cuenta de que la mano obrera migrante es muy grande e importante para este país”, dijo via WhatsApp a Efecto Cocuyo.

Cuando residía en Caracas, Richard estudiaba Administración en la Universidad Humboldt y trabajaba medio tiempo en una oficina. En 2021 la crisis socioeconómica e institucional del país se agudizó debido a la hiperinflación y el impacto de la pandemia del COVID-19. Ese año, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-UCAB) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) que reportó que la pobreza total por ingresos alcanzó 94,5 % en el territorio nacional. Delgado vivía cerca de Barrio Unión en Petare, una de las zonas más vulnerables de Caracas, y las cuentas cada vez cuadraban menos. Entonces tomó la decisión de irse.

“Yo perdí a mi mamá cuando tenía 14 años y me quedé con mi papá. Entre los dos tratábamos de salir adelante. Pero por más que le echara pichón, no se sentía que realmente estaba haciendo algo por mi vida ni que tenía un futuro como tal. Salió la oportunidad de venir y volamos de Venezuela a Colombia, después tomamos otro vuelo a México y desde allí pasamos la frontera. Cuando llegabas a Estados Unidos te tenías que entregar y así lo hicimos. A mi papá y a mí nos mandaron a un centro de detención. Mi papá duró un mes, pero yo duré tres meses detenido. Tenía 19 años en ese momento. Fue muy duro, una fase horrible de mi vida. Fue como ir a prisión. No quiero volver a pasar por nada igual”, explicó Richard.

Desde su salida del centro de detención de migrantes, se dedicó a trabajar en lo que pudiera e ir ascendiendo poco a poco en las empresas que lo contrataron. Ahorró, alquiló un departamento para él, consiguió una novia y se permitió aspirar a una vida tranquila. El sosiego le duró cuatro años.

El 5 de febrero del 2025 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio la orden de cancelar la redesignación del TPS del 2023, que en su momento permitió actualizar la fecha límite de ingreso a Estados Unidos para que miles de migrantes pudieran acceder a permisos de trabajo legales y protección contra deportaciones. Esta medida provocó un proceso judicial que terminó el 3 de octubre de 2025 con la suspensión del beneficio. Poco después, el 7 de noviembre de 2025, venció también la primera designación del programa otorgada en 2021. Desde ese momento, la protección caducó para la mayoría de las personas.

“Desde que cancelaron el TPS me tocó reabrir mi caso de asilo y ahorita lo tengo pendiente con el departamento de Homeland Security. Estoy esperando que me den una cita y mientras tanto por lo menos tengo un permiso de trabajo. Pero es lo mismo, no importa que tengas asilo pendiente, igual te pueden deportar o sacar. Es complicado. Todos tenemos miedo”, dijo.

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Terror en Jacksonville

El Pew Research Center estimó que en 2024 residían en Estados Unidos 1,2 millones de hispanos de origen venezolano. Un año después, el Instituto de Polìtica Migratoria o Migration Policy Institute (MPI) aseguró que en enero de 2025 aproximadamente 607.000 contaban con el TPS y más de 117.000 habían obtenido un permiso humanitario debido al programa de libertad condicional (CHNV). En su página oficial actualizada a julio de 2026, el U.S. Committee for Refugees and Immigrants (USCRI) reporta que “…desde inicios de 2025, más de 19.000 migrantes de diversas nacionalidades (incluyendo venezolanos) han sido deportados a terceros países”.

Arantza Hernández* es incapaz de dormir tranquila en Jacksonville, Florida, considerada una de las ciudades donde se han producido más arrestos a migrantes. La cadena de CBS News reportó un incremento al menos 976% en detenciones en la urbe durante el verano. “El promedio mensual de arrestos pasó de 15 a 165”, reza el reportaje de Julia Ingram basado en el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de UC Berkeley y UCLA para el medio estadounidense.

Hernández contó a Efecto Cocuyo que lleva más de diez años viviendo en EEUU y pagando impuestos. En ese tiempo creó una pequeña empresa de servicios de mantenimiento y reparaciones donde la mayoría de los trabajadores son latinos, también compró un apartamento y ahora se ve obligada a venderlo y dejar su compañía debido a que su caso migratorio aún no se ha resuelto. A su alrededor la paz que le costó construir durante una década se desmorona. Al igual que Richard, maneja lo más lento que puede e intenta no sucumbir al pánico. No tiene intenciones de volver a Caracas, donde nació hace 60 años.

“Llegué aquí en 2014 y no metí asilo. En este caso tú tienes un año para solicitarlo, si no lo haces quedas ilegal. Fue mi caso (…) Fui a una abogada de migración justo cuando ya se me había vencido el año. Después en 2021 vino el TPS e inmediatamente apliqué, me lo dieron y el año pasado, cuando lo quitaron, metí asilo. Lo hice el 6 de noviembre del año pasado, el TPS se acabó el 7 de noviembre. Inmediatamente me llamaron”, dijo Arantza en contacto por llamada telefónica. Ya asistió a su primera entrevista con un oficial de migración, pero su caso fue remitido a una corte.

“Se supone que cuando metes asilo ellos te dan un permiso de trabajo, un social security y una identificación. Eso hasta que llegó Trump en este segundo mandato. Ellos cambiaron las reglas del juego. Si entraste con una visa de turista y la usaste para meter asilo estás ilegal. Lo que sucedió es que todo el mundo se confió. Ahora ICE te lee las placas del carro y te paran”, explicó Hernández.

Ahora alista todo en caso de que tenga que salir del país. Se apresura a dejar las cosas en orden con una ansiedad que jamás había experimentado. El estrés se disparó después de que su sobrino fue detenido tras un incidente menor en lancha: los guardacostas detectaron que su TPS había vencido. Para liberarlo mientras espera su audiencia, la familia debió pagar una fianza de 8 mil dólares que debieron reunir con urgencia.

“Hay un montón de lugares latinos que han perdido ventas porque a todo el mundo le da miedo ir. Yo, por ejemplo, desde que empezó esta arremetida tan fuerte nunca más fui para un supermercado mexicano que me gustaba porque da miedo. No se pueden meter a los lugares, pero te esperan afuera. Cuando mi sobrino fue detenido decía que todo el mundo estaba en un estado de depresión terrible porque todos se preguntaban “¿Qué hice? ¿Por qué me detuvieron si yo no soy ningún delincuente?”. A muchos los agarraron yendo a trabajar”, dijo Arantza.

Procesos legales en curso

CBS News denunció recientemente que ICE arrestó en julio a un promedio de más de 800 personas sin antecedentes penales al día, lo que calificó como una cifra récord. Asimismo, el 4 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) emitió un fallo que establece que la captura de Nicolás Maduro representa un cambio de circunstancias significativo en Venezuela, por lo que los jueces de inmigración deben reevaluar las solicitudes de asilo bajo este nuevo contexto. Esto no significa que el derecho a pedir asilo haya quedado anulado o revocado automáticamente para todos los migrantes venezolanos

“La estructura política de Venezuela sigue siendo la misma, según los datos que hemos evaluado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emite unas decisiones sobre diferentes entidades gubernamentales que hay en Venezuela, que son las que realmente trabajan en el país, porque Maduro no era quien personalmente perseguía a los venezolanos, sino que eran sus organizaciones e instituciones. Esas instituciones permanecen ahora vigentes en el país”, dijo Eugenio Ibarra, abogado migratorio y director de Immigration Ibarra, DBA GlobalMigra, a Efecto Cocuyo.

Aclaró que, aunque la relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela sí se transformó tras el 3 de enero, para el venezolano de a pie que sufrió persecución, tortura u otra vicisitud de carácter humanitario, todavía existe la posibilidad de obtener la protección del asilo.

“Lo que está diciendo BIA es que se debe hacer un análisis más concienzudo basado en este nuevo cambio de circunstancia. Sin embargo, reconoce que no necesariamente porque haya un cambio de diplomacia entre gobiernos, cambien las circunstancias de estas personas que están pidiendo asilo”, explicó Ibarra.

Aseguró que los migrantes cuyo TPS terminó oficialmente pueden pedir asilo para mantenerse dentro de territorio estadounidense y aconsejó a los interesados buscar asesoría legal antes de empezar el proceso.

“Este es un cambio de circunstancias extraordinarias que amerita que puedan pedir asilo a pesar de que haya pasado el año limite para ello. Es decir, existen remedios viables y obviamente hay que analizarlos de caso a caso para que puedan continuar siendo protegidos en este país. Sí hay soluciones. Tenemos que estar atentos a las personas que son arrestadas mientras tienen su asilo pendiente. Hay procesos legales creados para que sean liberados bajo fianza, entonces deben tener un abogado para solicitarlo”, apuntó Ibarra.

Sin poder vivir en paz

En agosto de 2026 la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) y la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) presentaron un informe en el Congreso de Estados Unidos, en el que denunciaron detenciones de ciudadanos venezolanos que cuentan con solicitudes de asilo pendientes, permisos de trabajo vigentes y que, además, no poseen antecedentes criminales.

“Oswaldo Pirela, venezolano y entrenador de receptores en el sistema de ligas menores de los San Diego Padres, fue detenido por ICE el 16 de agosto de 2026 al llegar al aeropuerto de El Paso por motivos de trabajo. Associated Press informó que había solicitado asilo en 2015; su familia señaló que mantenía autorización de empleo, mientras DHS sostuvo que su período de permanencia autorizado había expirado. Registros federales lo ubicaban bajo custodia en El Paso al momento del reporte”, apuntaron las organizaciones en el documento, quienes también señalaron los casos de Yasmin Suárez Reyes, nacida en Venezuela y ciudadana española (detenida por ICE el 24 de julio de 2026) y Luis Morales Pérez, pastor venezolano en Houston (detenido por ICE el 6 de agosto de 2026).

Al finalizar el informe, exigen al Congreso abrir audiencias formales de supervisión y requerir a ICE datos oficiales sobre el número de venezolanos bajo custodia, sus antecedentes penales reales y el estatus exacto de sus trámites migratorios. Además, solicitan el respeto al debido proceso y evaluaciones individuales. Es decir, que las decisiones de custodia o deportación no sean arbitrarias ni masivas.

Mientras tanto, en septiembre la situación continúa siendo asfixiante para los venezolanos, que ahora llevan vidas a medias. Hasta la ida a un supermercado puede convertirse en una detención sorpresiva por parte de las autoridades migratorias. Tan solo en el sur de Florida, propietarios de emblemáticos restaurantes y comercios locales han reportado caídas de hasta 50% en la afluencia de clientes porque las personas prefieren no exponerse.

Por otro lado, las redes sociales siguen llenándose de videos sobre el uso excesivo de la fuerza y otras acciones irregulares por parte de agentes del ICE. Organismos no gubernamentales ya han demandado garantías y respeto a la integridad, después de múltiples reportes sobre violaciones a los derechos del migrante. Una de las alertas que conmocionó a la comunidad venezolana fue la de la muerte de Jesús Manuel Arenas Silva, fallecido bajo custodia del ICE en julio por un supuesto paro cardíaco mientras lo trasladaban entre centros de detención en Georgia.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) publicó en su página web varias recomendaciones para migrantes, entre las que incluye memorizar contactos de emergencia, asignar autorizaciones por escrito para la tutela o decisiones médicas de menores, e instruir a familiares sobre cómo usar el localizador en línea de detenidos de ICE.

“Nunca firmes ningún documento que te den sin estar asesorado por un abogado. Ten por lo menos conocimiento o contacto con algún abogado y los documentos al día. Hay que estar preparados para esta situación como si fuese una contingencia. Es primordial llevar los casos muy responsablemente”, puntualizó Ibarra sobre el tema.

*Los nombres de los entrevistados han sido modificados por su seguridad