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La Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre inició la segunda discusión (artículo por artículo) de la Ley de Ciudades Comunales en el Palacio Federal Legislativo este martes 22 de junio. El debate, que solo llegó hasta el artículo número 10 (de 61), estuvo marcado por los señalamientos de la oposición moderada, según los cuales el instrumento legal es «inconstitucional» y pretende crear «un Estado paralelo».

En primera instancia, la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se impuso para aprobar el carácter orgánico de la propuesta de ley.

«No es verdad que la gran mayoría de los venezolanos demandan una transición al socialismo, las demandas del pueblo son otras. La ley es inconstitucional«, intervino de inmediato el diputado de la oposición moderada, Ángel Ocanto (AP).

El presidente de la AN de 277 diputados, Jorge Rodríguez, le retiró el derecho de palabra por estar «fuera de orden»,  pero antes alcanzó a afirmar que la  «supuesta» consulta nacional de la ley que inició el 19 de marzo, «no fue suficiente ni  inclusiva».

El presidente de la Comisión de las Comunas, Luis José Marcano, aseguró que más de 3.500 comunas facilitaron esa consulta y que se realizaron 10.000 actividades de discusión de la ley pese a la pandemia por COVID-19, a las que asistieron «más de 200 mil venezolanos», a través de actividades presenciales y videoconferencias.

«Tuvieron dos meses con la ley en sus manos y no la debatieron», reprochó el exalcalde de Barcelona.

«No es prioritario»

En el artículo 1 de la Ley se señala que tiene por objeto: “establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las Ciudades Comunales, como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal”. 

Se agrega que en dichos espacios los ciudadanos y ciudadanas fomentarán los valores necesarios para la “construcción del socialismo”, así como la consolidación de las instancias del Poder Popular “para el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en el ejercicio pleno de la democracia participativa´´.

La fracción opositora se expresó de nuevo y en voz del legislador, Alfonso Campos (El Cambio), reiteró que el instrumento jurídico es inconstitucional  «y no prioritario» para el pueblo de Venezuela.

«La prioridad es rescatar el salario de los trabajadores para que puedan vivir dignamente», reclamó.

Marcano, una vez más, respondió que la «lucha en Venezuela es ideológica» y que de allí la resistencia a la construcción del socialismo. «Es nuestro proyecto y lo defendemos con orgullo», dijo, y recordó que el que votó por Hugo Chávez en 2006 y 2012, votó por el socialismo y su proyecto de Estado Comunal.

 La Ley de Ciudades Comunales fue aprobada en primera discusión el 13 de abril de 2021. Analistas políticos coinciden en que este instrumento jurídico, junto a la Ley de Parlamento Comunal, crean un «Estado paralelo que no está previsto en la Constitución», al agregar una nueva división territorial con un sistema de gobierno y réplicas de los Poderes Públicos. También se alerta que podría afectar los situados constitucionales de gobernaciones y alcaldías, por cuanto los límites de una ciudad comunal puede abarcar varios municipios o estados y se les deben ser transferidas ciertas competencias.

Otras figuras como el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, consideran esta ley «inviable» porque requiere de una gran cantidad de recursos que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene en estos momentos.

Carreño pidió sanciones

Frente a las críticas de los llamados adversarios, el presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño, pidió a Rodríguez la aplicación del artículo 76 del Reglamento Interior y de Debates de la AN, para  «castigar» con el retiro del derecho de palabra por el resto de la sesión, a los diputados que  «sabotearan», el debate. La petición fue negada por Rodríguez.

Carreño defendió la sanción de la ley porque permite ordenar las ciudades en función de los intereses del país  «que no son los intereses de la derecha», advirtió.

«Estamos en el derecho de no aprobar la ley porque promueve un Estado paralelo», insistió el diputado de Primero Venezuela, Luis Parra.

Otro opositor moderado, Luis Loaiza (disidente de Encuentro Ciudadano) condenó que Carreño invocara la posibilidad de una sanción a los diputados solo por expresar una opinión contraria.

«Esta ley viola la ley de política territorial, se desconocen las competencias de alcaldías y gobernaciones, le pasa por encima a la forma del Estado que es un terreno que corresponde a la Constitución. El pluralismo político es un elemento esencial de la Carta Magna vigente», remató en su derecho de palabra.

Marcano negó que en algún artículo de la legislación estén contempladas violaciones a las competencias de gobernaciones, Consejos Legislativos, alcaldías y Concejos Municipales y que lo que se trata es de profundizar la democracia a partir de las instituciones y leyes ya existentes.

«Los consejos comunales se agregan y constituyen en comunas, estas ciudades comunales para nada contradicen las instituciones ya existentes», aseguró.

«No se impone un Estado paralelo», asegura Escarrá

En el artículo 4, numeral 2, se ordena el desarrollo de mecanismos abiertos y flexibles para que el Poder Público desconcentre y transfiera a las Ciudades Comunales la gestión de los servicios públicos.

El diputado y abogado constitucionalista, Hermann Escarrá sostuvo que no había forma de imponer un  «Estado paralelo» a partir de la ley porque para ello haría falta un espacio geográfico delimitado, un poder absoluto y un pueblo que así lo determine.

También argumentó que se ejecuta la Constitución en su artículo 2 sobre que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y le añadió su propia interpretación: el Estado social de derecho supera el capitalismo y abre la construcción del socialismo.

Asimismo en el numeral 4, del artículo 4 se señala que los planes y proyectos de las Ciudades Comunales deben ceñirse al Plan de la Patria que también es ley. En este punto, el diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Oscar Figuera advirtió que debía quedar establecido en el articulado, que la Ley debe ceñirse primero a la Constitución y luego al mencionado Plan porque «puede ser cambiado según quien gobierne», mientras la Constitución prevalece en todo momento. La propuesta no contó con apoyo. 

El artículo 6 aprobado en segunda discusión contempla que las Ciudades Comunales son responsables de la administración de sus bienes y señala que recursos provienen del presupuesto público, la Ley de Transferencia de Competencias al Poder Popular, ingresos adicionales del país y una parte de los excedentes generados por empresas de propiedad comunal.

Sesión solemne por el 24 de junio

La discusión llegó hasta el artículo 10 referido a las atribuciones de la Comisión Promotora de la Ciudad Comunal, entre las cuales están someter a referendo consultivo la aprobación de la carta fundacional, con el acompañamiento del Poder Electoral y formular el croquis del territorio con el apoyo del Ministerio de Planificación.

El debate podría ser retomado tras la semana radical del 28 de junio al 4 de julio, por cuanto este jueves 24 de junio, es feriado nacional, por conmemorarse un año más de la Batalla de Carabobo.

Con motivo de los 200 años de la Batalla de Carabobo, el Parlamento del 6Dic realizará una sesión solemne este miércoles 23 de junio, en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo a las 4:00 p.m. El orador de orden será el militar y exministro de Alimentación, Félix Osorio.