La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) elegida el 6 de diciembre aprobó este 11 de marzo, en primera discusión, dos leyes más del paquete legislativo de 35 previsto para este año. Se trata de las leyes de Ciudades Comunales y de Chamba Juvenil, esta última propuesta por el gobernante Nicolás Maduro.
El presidente de la Comisión Permanente de las Comunas, Luis José Marcano, fue el encargado de presentar el proyecto de ley que busca «generar los canales necesarios para que corra el poder popular», tal como lo solicitó en vida el fallecido presidente Hugo Chávez.
Aseguró ser vocero de las propuestas para esta ley, presentadas por Consejos Comunales y otras organizaciones populares de todo el país.
«Estamos hablando de ir a una nueva escala ya identificada del poder popular. Los Comités de tierra, de agua dieron paso a los Consejos Comunales y a partir de leyes del poder popular en 20’10 nacen las comunas, hoy la revolución quiere ir a la escala de las ciudades comunales» defendió.
Transferencia de competencias
Marcano recalcó que la creación de las ciudades comunales, que Maduro calculó en más de 200 mil, es un proceso «absolutamente constitucional» porque se basa en el artículo 5 de la Carta Magna, según el cual la soberanía reside en el pueblo.
La Carta Magna de 1999 no prevé la figura de las comunas porque fue una propuesta de reforma presentada por Chávez en 2007, que fue rechazada mediante referendo popular.
También resaltó que el instrumento legal va dirigido a concretar el proceso de transferencia de competencias del Poder Público nacional, estadal y municipal al poder popular. Igualmente, que el pueblo tendrá el derecho de escoger en elecciones a sus voceros comunales y al Parlamento Comunal, cuya ley próximamente verá luz.
Acotó que a partir de la primera discusión de la ley se abrirá un debate nacional, en el que esperan que la oposición también presente sus propuestas. Subrayó que las comunas y las ciudades comunales, con dinámicas de organización, culturales y económicas propias, son la vía definitiva hacia el socialismo.
La diputada elegida el 6Dic y exministra de las Comunas, Blanca Eekhout, aseguró que el instrumento legal permitirá «avanzar en la construcción de la democracia verdadera y la participación popular». Aseguró que no se trata de un decreto de creación de ciudades comunales sino un reconocimiento del pueblo y su esfuerzo por organizarse para el bien común.
Plantean referendo consultivo
El diputado de Avanzada Progresista Ángel Ocanto planteó que el instrumento legal sea sometido a referendo popular consultivo para que los venezolanos opinen si están de acuerdo con las ciudades comunales, especialmente si está contemplada la transferencia de competencias de los poderes públicos hacia esa forma de organización. También propuso incorporar el tema al diálogo que adelanta la comisión especial que preside Jorge Rodríguez.
El presidente del Parlamento de 277 legisladores rechazó que dentro y fuera de la AN se objetara la ley sin conocerla. Recordó que se trata apenas de la primera discusión y luego se irá a un proceso de consulta para incorporar propuestas y hacer observaciones. Aseguró que es una ley «para garantizar la democracia«.
«Ya empiezan a aparecer sesudos que habla de leyes comunistas, entre ellas, la de las ciudades comunales, disparando desde la cintura, que ni leen primero para criticar después. Dicen que queremos acabar con las gobernaciones, municipios, las parroquias y lo que estamos consagrando es lo que otros países hacen para incrementar el estado de bienestar de la población, ¿ qué tiene la democracia que tanto les asusta?», preguntó.
Proyecto «sectario»
Durante el debate sobre la aprobación en primera discusión de la Ley de Chamba Juvenil, se recordó que fue un plan lanzado por Miraflores en 2017 como respuesta a la violencia que ese año imperó en el país y que atrapó a muchos jóvenes.
Se destacó además que a la fecha, el programa gubernamental tiene registrados a 1 millón 840 mil jóvenes, de 200 mil con los que comenzó en junio de 2017 y que ahora se pretende legislar para garantizar, a pesar de las sanciones internacionales, estudio, trabajo, posibilidades de emprendimiento y nuevas oportunidades a los «jóvenes valientes» que se quedaron en el país a luchar.
La joven diputada de la oposición moderada Anyelith Tamayo reclamó que se trata de un proyecto «sectario, no inclusivo que no garantiza una reinserción laboral real ni mucho el futuro para los jóvenes». Exigió que se dieran prioridad a otros debates como la garantía de los recursos a las universidades públicas para que los jóvenes puedan prepararse y el respeto a la autonomía universitaria.
«Hay que preguntarle a los jóvenes, con desprendimiento político ideológico, qué quieren para su futuro. No hablemos solo de una ley, sino de un primer empleo, con nombres inclusivos que no se discrimine, becas deportivas, culturales, de un filtro generador de oportunidades y de bienestar», dijo.
Ambas leyes se suman a las ya aprobadas en primera discusión, el 2 de marzo, Reforma parcial de la Ley Orgánica de Drogas y la Reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
El diputado del Partido Comunista de Venezuela Oscar Figuera y su suplente siguen sin poder ejercer el derecho de palabra en el hemiciclo, por negativa, según han acusado desde semanas, de la directiva de la AN.