Reforma de la Constitución y referendo popular. De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli son dos condiciones que deben cumplirse antes de que la Asamblea Nacional (AN) apruebe leyes que cambien la estructura del Estado, prevista en la Carta Magna.
El jurista señala que es el caso del Parlamento elegido el 6 de diciembre de 2020, y las leyes de Ciudades Comunales y Parlamento Comunal que pretende sancionar en el actual período legislativo 2021.
“No puedes crear esas figuras sin reformar la Constitución y hacer un referendo (…) Nadie desde una ley puede cambiar la estructura del Estado, establecer otra distribución del Poder Público y crear nuevas entidades territoriales, sin preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no”, advierte el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
La Ley de Ciudades Comunales fue aprobada en primera discusión en sesión ordinaria de la AN del 6Dic del 11 de marzo. La propuesta del Parlamento Comunal también figura en el paquete de más de 30 leyes, que la mayoría del Psuv se propone sancionar este año.
Conflicto
El abogado recuerda que el artículo 136 de la Carta Magna establece que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, Poder Estadal y el Poder Nacional.
A su vez, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. También que cada uno tiene funciones propias y que deben colaborar entre sí, no interponerse.
Aunado a ello, apunta, se creó el Consejo Federal de Gobierno (artículo 185) como un mecanismo de articulación de la descentralización, no para para invadir competencias.
Raffalli explica que de aprobarse la Ley de Ciudades Comunales se estará creando un centro de poder paralelo al municipio y a la gobernación con competencias legislativas, electorales, judiciales y presupuestarias, lo que se traduce en la transferencia de una nueva institucionalidad.
“Uno se pregunta cómo va a funcionar eso con el tema presupuestario. Las ciudades comunales recibirán dinero de la Hacienda pública, lo que afectará el situado constitucional para gobernaciones y alcaldías. Ese aparataje estatal no lo puedes alterar de un plumazo por la vía de una ley”, recalca.
Afirma que tanto la ley de Ciudades Comunales como la del Parlamento Comunal son instrumentos legales más específicos con clara usurpación de funciones del Poder Público establecido en el texto constitucional. De allí que expresa, tienen la visión del Estado Comunal con la misma raíz sembrada por Chávez pero con “objetivos más graves”.
Desconcentra no descentraliza
Alerta que la intención de Miraflores también pudiera ser algo parecido al uso de la figura de los protectores para los estados donde el Psuv perdió las gobernaciones en 2017.
Es decir, con las Ciudades Comunales, el partido podría estar tomando previsiones en caso de una eventual derrota en las regionales de este año, al crear estructuras paralelas.
Alerta que la finalidad del chavismo no es profundizar la descentralización en la que cada nivel de gobierno tiene su autonomía y competencias sino desconcentrar.
Es decir el poder central mantiene el poder, baja líneas directamente al poder popular y le pasa por encima a las estructuras de gobierno regional, por lo que no se trata, asegura, de un mecanismo real de participación de la gente.
“Lo que puede ocurrir es que el presidente en Consejo de Ministros termine desarrollando esos poderes públicos en las Ciudades Comunales, incluido el Parlamento nacional Comunal que tendría facultades de veto en la aprobación del presupuesto nacional”, alerta.
Soberanía popular
Durante la presentación del proyecto de Ley de Ciudades Comunales, el presidente de la Comisión Permanente de Comunas, Luis José Marcano (Psuv), destacó que la iniciativa legislativa va dirigida a concretar el proceso de transferencia de competencias del Poder Público nacional, estadal y municipal al poder popular. Se apoya en el artículo 5 constitucional, según el cual “la soberanía reside en el pueblo”.
“La soberanía reside en el pueblo pero a partir de los mecanismos de participación previstos en la misma Constitución como el voto. El pueblo ejerce su soberanía cuando elige a un gobernador o alcalde, cuando le dijo que no a Chávez en 2007 con la reforma constitucional y su propuesta de Estado Comunal, no a través de la imposición de una AN cuestionada en su legitimidad y que no es plural”, cuestiona Raffalli.
Pese a que el pueblo dijo que no a la reforma en referendo, el chavismo vía AN, desarrolló luego leyes de los Consejos Comunales (2009), del Poder Popular y la Ley Orgánica de las Comunas (2010) que en su articulado contempla al Parlamento Comunal. No obstante, la frase de más poder para el pueblo no ha pasado de ser una promesa electoral.
“El Estado Comunal cambia la Constitución completa”, subraya Raffalli.
Pocas probabilidades de éxito
El constitucionalista duda sobre la funcionalidad práctica del planteamiento chavista. Recuerda que el expresidente Hugo Chávez no pudo concretar su visión de Estado Comunal por los tropiezos con el Estado clientelar, puesto que el proyecto dependía de los recursos nacionales.
También prevé que puedan surgir “resistencias” en el mismo seno del Psuv, ante la afectación a sus propios gobiernos regionales y locales en materia presupuestaria y de competencias. Esto, advierte, podría debilitar la propia cohesión interna en el chavismo – madurismo.