Hennit Carolina López Mesa, la jueza de las penas máximas que aspira al TSJ
Desde Realidad Helicoide señalaron que López Mesa actuaba bajo la influencia de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

El autodenominado “nuevo momento político” parece no reflejarse en las acciones de ciertos funcionarios públicos. Un ejemplo de ello son las postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de perfiles cuyos historiales están severamente cuestionados por violaciones a los derechos humanos. Tal es el caso de la abogada Hennit Carolina López Mesa, quien aspira a convertirse en una de las magistradas del máximo tribunal del país, a pesar de que sobre su trayectoria judicial pesan decenas de condenas a penas máximas en casos de presos políticos.
Esta vez, el nombre de la jueza no acaparó titulares por las denuncias de irregularidades judiciales interpuestas por familiares de presos políticos. Su reaparición pública se debió a motivos institucionales, al ser incluida nuevamente en la lista de 1.066 aspirantes admitidos que publicó este viernes 20 de noviembre el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional para renovar el TSJ, tras el reinicio del proceso que había quedado congelado en junio de este año.
López Mesa es la jueza 27 de Terrorismo en funciones de juicio en la ciudad de Caracas, donde únicamente funcionan estos tribunales creados en 2012. Bajo su despacho recayeron los casos más emblemáticos de restricciones a la libertad por motivos políticos, como la Operación Gedeón y el atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018, expedientes por los que decenas de personas permanecen detenidas y cuyos familiares han denunciado el sometimiento a crímenes de lesa humanidad, como torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Quién es la jueza
Son pocos los detalles que se pueden leer sobre la jueza. En su biografía de Wikipedia no señala donde estudió, cuando comenzó a ejercer en el sistema de justicia venezolano, ni siquiera una fotografía suya.
Su huella digital es prácticamente inexistente, no hay rastros de su perfil profesional en LinkedIn ni de cuentas personales en Instagram o Facebook. Las únicas referencias públicas sobre su trayectoria provienen exclusivamente de las sentencias y los documentos judiciales que llevan la firma de la abogada y que han sido expuestas por los familiares de presos políticos.
El 5 de enero de 2026, la ONG Realidad Helicoide publicó por primera vez una fotografía de la aspirante a magistrada. La revelación de su rostro cobró relevancia debido a que sobre su tribunal recaen los casos más emblemáticos de supuestos atentados contra Nicolás Maduro; expedientes en los que, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, los acusados perdían la esperanza de libertad ante juicios plagados de irregularidades.
Desde Realidad Helicoide señalaron que López Mesa actuaba bajo la influencia de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Tras los acontecimientos del 3 de enero, que incluyeron una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, la ONG difundió que la jueza “ya no puede escudarse en el anonimato institucional. Su nombre y su cara se unen en una única verdad: es cómplice activa de los peores crímenes de lesa humanidad”.
La organización añadió que, aunque se argumente que la magistrada solo seguía lineamientos superiores, “las órdenes no eximen de culpa cuando se ejecutan con tanto esmero. Ella escuchó a presos relatar las torturas sufridas y, aun así, firmó. No una ni dos, sino decenas de veces”, se lee.
La actuación de López Mesa también quedó documentada en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, donde es identificada por nombre y apellido dentro del análisis sobre el patrón de irregularidades en los tribunales especiales de terrorismo y la falta de investigación ante denuncias de tortura contra detenidos.
Las sentencias máximas que dictó la jueza
La actuación institucional de la jueza López Mesa, al frente del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional, acumula la judicialización y condena de al menos 49 personas por motivos políticos que hemos podido registrar en Efecto Cocuyo.
Su gestión en este despacho especializado destaca por la imposición reiterada de la pena máxima de 30 años de prisión, el uso de sentencias colectivas y la desestimación de denuncias sobre violaciones físicas y médicas contra los procesados bajo su tutela judicial.
El rol de López Mesa cobró particular relevancia en el proceso penal contra Emirlendris Benítez, comerciante detenida el 5 de agosto de 2018. Durante el desarrollo del juicio, la defensa y los familiares de la procesada denunciaron de manera sostenida que Benítez sufrió torturas y tratos crueles que le provocaron un aborto a los cuatro meses de gestación, además de secuelas físicas graves que la confinaron a una silla de ruedas por daños en la columna e infiltración de biopolímeros.
La jueza mantuvo una política de restricciones en torno a la salud de Benítez, negando de forma sistemática las autorizaciones de traslado para consultas con médicos especialistas de confianza. Asimismo, tras una evaluación efectuada en el Hospital José María Vargas por un neurocirujano, la magistrada retuvo el informe médico oficial sin permitir el acceso al documento ni a los familiares ni a los abogados defensores, para finalmente dictar sentencia condenatoria el 4 de agosto de 2022 tras un prolongado retardo procesal.
En esa misma madrugada del 4 de agosto de 2022, López Mesa dictó sentencia por el caso de los drones, el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrido en 2018, aplicando la pena máxima de 30 años de cárcel a 12 de los 17 procesados en la causa.
Este grupo que recibió la pena máxima estuvo integrado por Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, la mencionada Emirlendris Benítez, Yanin Pernía, el general de división de la Guardia Nacional Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano.
Para los cinco ciudadanos restantes, la jueza fijó penas menores distribuidas en 24 años de prisión para Ángela Expósito, 20 años para José Eloy Rivas, 16 años para el general Héctor Hernández Da Costa, 8 años para el exdiputado Juan Requesens y 5 años para Wilder Vásquez. Adicionalmente, en la misma resolución, la magistrada ordenó la captura y solicitudes de extradición internacional para Julio Borges, Osman Delgado Tabosky, Adriana Bronbin, Virginia Da Silva, Rayder Russo, Josser López, Yilbert Escalona, Gregorio Yaguas y David Beaumont.
Meses más tarde, el 9 de diciembre de 2022, bajo la misma argumentación jurídica ligada al evento de la avenida Bolívar de 2018, el Juzgado Primero contra el Terrorismo a cargo de López Mesa emitió una nueva sentencia condenatoria colectiva. En esta oportunidad, impuso nuevamente la pena máxima de 30 años de cárcel a tres ciudadanos, la ciudadana de nacionalidad española María Delgado Tabosky; su esposo, el militar retirado de nacionalidad italiana Juan Carlos Marrufo, y el coronel retirado Juan Francisco Rodríguez.
Los fundamentos específicos de las pruebas que sustentaron esta decisión no fueron desglosados públicamente por el juzgado al momento del dictamen, sumándose a los expedientes anteriores cuestionados por la defensa.
A ese expediente se sumó el fallo dictado el 22 de mayo de 2024 por la denominada Operación Gedeón, proceso en el que López Mesa condenó a 29 acusados a penas de entre 21 y 30 años de prisión, imponiendo la pena máxima a una veintena de ellos, entre civiles y militares detenidos desde 2020.
A partir de los expedientes documentados en estas causas, el registro de penalizaciones emitidas por la jueza arroja un balance consolidado de al menos 49 ciudadanos sentenciados, de los cuales la mayoría recibió pena máxima de 30 años de cárcel. Su postulación entra ahora en el lapso de impugnaciones ciudadanas que abre este sábado 21 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 5 de diciembre, antes de que la Asamblea Nacional proceda a la designación definitiva de los magistrados prevista para el 11 de diciembre.
Nota del autor: Imagen extraída del video Realidad Helicoide. Se usó IA únicamente para mejorar la resolución, sin alterar los rasgos físicos.
