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Venezuela: ¿Realismo mágico o realpolitik?

“Venezuela transita hoy por una cornisa estrecha entre la realpolitik de las grandes potencias y el anhelo ciudadano de recuperar la República”

Venezuela: ¿Realismo mágico o realpolitik?

El quiebre institucional ocurrido en Venezuela el 3 de enero de 2026, tras la incursión militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro, reconfiguró de raíz el tablero político nacional. Lo que durante décadas pareció un laberinto atrapado en la épica literaria del realismo mágico latinoamericano mutó súbitamente hacia la crudeza de la realpolitik contemporánea. 

En este nuevo escenario, la retórica ideológica ha cedido el paso a los equilibrios de fuerza, las transacciones energéticas y la supervivencia pragmática de los actores de poder. Comprender la Venezuela actual exige abandonar las lecturas románticas de la transición democrática para examinar los engranajes reales que sostienen el poder en Caracas y Washington. 

El binomio Rubio-Betancourt y la arquitectura del poder post 3 de enero 

Tras el operativo del 3 de enero, la arquitectura política de la transición quedó moldeada por dos figuras clave con agendas complementarias: el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el magnate venezolano Alejandro Betancourt. Rubio actuó como el cerebro estratégico dentro de la administración de Donald Trump, enmarcando la intervención como un imperativo de seguridad nacional y hemisférica. 

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Por su parte, Betancourt emergió de las sombras de las investigaciones judiciales internacionales para consolidarse como el operador puente indispensable entre la Casa Blanca y el palacio de Miraflores. Su habilidad para cultivar relaciones simultáneas con el entorno de Trump, las facciones opositoras y la cúpula chavista le otorgó una capacidad de incidencia sin precedentes. 

Mientras Rubio diseñó el marco doctrinario de la tutela estadounidense bajo una hoja de ruta de tres fases —estabilización, recuperación y transición—, Betancourt aportó el músculo financiero y la interlocución directa con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este binomio logró convencer a Trump de que una estabilización administrada era preferible a un colapso institucional abrupto. 

Para Delcy Rodríguez, esta alianza representó un salvavidas político en medio del vacío dejado por Maduro. Bajo la supervisión de Washington y la intermediación de Betancourt, el chavismo remanente aceptó operar como un gobierno interino tutelado, garantizando el orden interno y la gobernabilidad a cambio de mantener cuotas de supervivencia administrativa. 

Geopolítica del crudo: el lobby petrolero y la hoja de ruta hemisférica 

La verdadera piedra angular del pacto post 3 de enero reside en la geoeconomía de los hidrocarburos y el reposicionamiento energético de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La alianza anunciada en agosto de 2026 entre el Pentágono y North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por Betancourt, selló el nuevo modelo de explotación petrolera. 

Mediante este acuerdo, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa obtuvo participación directa en 17 yacimientos venezolanos y acceso a decenas de miles de millones de barriles de reservas. Para el lobby petrolero internacional y las corporaciones estadounidenses, Venezuela dejó de ser un riesgo geopolítico para convertirse en una reserva estratégica bajo control directo de Washington. 

En el plano de la geoestrategia global, esta maniobra persigue tres objetivos estructurales para la Casa Blanca en los próximos años: 

• Desplazamiento de potencias extracontinentales: reducir drásticamente la influencia de Rusia, China e Irán en el Caribe mediante el control directo de los flujos de crudo y las cuentas financieras venezolanas en el Tesoro estadounidense. 

• Seguridad energética hemisférica: asegurar el suministro de crudo pesado para las refinerías de la costa del Golfo estadounidense en un contexto de alta volatilidad bélica en Medio Oriente.

• Asfixia económica a La Habana: utilizar el corte del suministro petrolero subvencionado hacia Cuba como palanca definitiva para forzar un cambio político en la isla, un objetivo histórico de Rubio. 

Así, la hoja de ruta de Washington prioriza la seguridad energética y la estabilidad macroeconómica por encima de la celeridad democrática. Los ingresos petroleros, depositados en cuentas supervisadas por EEUU y liberados contra presupuestos mensuales aprobados, funcionan como el verdadero mecanismo de disciplina política sobre Caracas. 

Mesa de diálogo, sociedad civil y partidos emergentes

Mientras las grandes decisiones energéticas y de seguridad se toman en las altas esferas entre Washington, Miraflores y los operadores financieros, la negociación política formal avanza a un ritmo mucho más lento y restringido. La mesa de diálogo instalada en Caracas en agosto de 2026 refleja los límites de este pacto elitista.

El formato de negociación quedó circunscrito a una interlocución bilateral entre la delegación del gobierno interino, encabezada por Jorge Rodríguez, y una representación de la antigua Asamblea Nacional de 2015 liderada por Dinorah Figuera, integrada exclusivamente por cuadros de Primero Justicia y Voluntad Popular. 

Esta arquitectura institucional ha dejado al margen a amplios sectores de la sociedad civil organizada, gremios, sindicatos, universidades y organizaciones de derechos humanos. Aunque se han abierto espacios técnicos como el Comité de Postulaciones Judiciales para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, las organizaciones ciudadanas denuncian la opacidad del proceso y la falta de criterios estrictos contra la impunidad.

De igual modo, las nuevas plataformas políticas surgidas al calor de la movilización ciudadana de 2024 y las fuerzas que acompañaron el liderazgo mayoritario de la oposición carecen de asiento propio en la mesa. Se configura así una peligrosa brecha entre la institucionalidad pactada desde arriba y las demandas de justicia, reparación y democratización profunda que reclama el país real. 

El retorno de María Corina Machado: rearticulación y disputa por la transición 

En medio de este tablero dominado por el pragmatismo transaccional, el regreso de María Corina Machado a territorio venezolano el 25 de octubre de 2026 introdujo un factor disruptivo de primer orden. Tras diez meses fuera del país y luego de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, su retorno desafió tanto las reservas de Washington como la narrativa de normalización de Delcy Rodríguez. 

Machado comprendió que su principal activo político no reside en los despachos de los negociadores petroleros, sino en su legitimidad de origen y en su conexión emocional con las mayorías sociales que exigen una ruptura real con el autoritarismo. Su entrada por tierra y su inmediata presencia en la calle buscaron romper el cerco comunicacional y reactivar la mística ciudadana. 

Para evitar quedar aislada frente al eje Trump-Rodríguez, la líder opositora ha desplegado una estrategia multidimensional orientada a recuperar la iniciativa política: 

• Reagrupamiento de su núcleo estratégico: el retorno de figuras clave como Carlos Blanco y Magalli Meda busca dotar a su movimiento de capacidad técnica, memoria institucional y músculo organizativo en el terreno. 

• Movilización simbólica y territorial: convocatorias como la peregrinación nacional hacia el santuario de la Virgen de Coromoto en Guanare permiten articular el tejido social bajo códigos culturales y espirituales difíciles de reprimir sin un alto costo político.

• Presión sobre el cronograma de las tres fases: Machado ha asumido el discurso oficial de Washington para exigir que la fase de transición culmine indefectiblemente en elecciones libres y verificables en 2027, evitando que el interinato se eternice. 

Al mantener una distancia prudente respecto a los acuerdos petroleros opacos, Machado intenta posicionarse como la reserva moral y política del país, lista para capitalizar el desgaste inevitable de un gobierno interino que conserva la estructura represiva del pasado.

¿Un tablero cerrado o una transición llena de aristas abiertas?

A casi once meses de los sucesos del 3 de enero, resulta tentador pensar que las variables fundamentales de la crisis venezolana ya están cerradas bajo el paraguas de la tutela estadounidense. Sin embargo, un análisis riguroso demuestra que el proceso de reinstitucionalización descansa sobre equilibrios sumamente precarios. 

En primer lugar, persiste la contradicción estructural de lo que muchos analistas denominan el «madurismo sin Maduro». Pretender construir una economía abierta y atractiva para la inversión energética utilizando el mismo andamiaje policial, judicial y militar que destruyó el Estado de derecho genera fricciones permanentes. 

En segundo lugar, las tensiones internas dentro del propio bloque oficialista representan una bomba de tiempo. Mientras Delcy y Jorge Rodríguez apuestan por la cohabitación tutelada con Washington para preservar cuotas de poder, los sectores más ortodoxos del aparato de seguridad y las facciones armadas ven con recelo cualquier concesión que amenace su impunidad.

En tercer lugar, el factor social sigue siendo la gran incógnita del proceso. La estabilización macroeconómica impulsada por la renta petrolera tarda en traducirse en mejoras tangibles para los salarios, los servicios públicos y la calidad de vida de las mayorías empobrecidas. Si la población percibe que el pacto internacional solo sirve para enriquecer a una nueva élite financiera mientras posterga la soberanía popular, la conflictividad social volverá a estallar. 

Finalmente, el cumplimiento de las reformas institucionales pactadas en la mesa de diálogo —como la renovación genuina del Poder Judicial, la reforma del Consejo Nacional Electoral y la derogación de las inhabilitaciones políticas— será la verdadera prueba de fuego. Hasta ahora, los anuncios superan con creces a las transformaciones reales en el terreno. 

Venezuela transita hoy por una cornisa estrecha entre la realpolitik de las grandes potencias y el anhelo ciudadano de recuperar la República. Las variables no están cerradas; apenas han entrado en una fase de reacomodo donde la presión interna liderada por la sociedad democrática y los cálculos geopolíticos de Washington definirán si el país avanza hacia una democracia plena o se estanca en una autocracia modernizada. 

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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Autor(a)

Politólogo con especialización en gerencia social. Actualmente es el coordinador general del Centro Gumilla en el Estado Lara. Profesor universitario de pre y postgrado. Analista político y de tendencias electorales. Columnista de opinión. Locutor y conductor de programas de radio.