La Comisión Delegada Legislativa, presidida por Juan Guaidó, rechazó el anuncio del gobernante Nicolás Maduro, sobre la creación de una ciudad comunal en el parque El Ávila.
Los diputados de 2015 que participaron en la sesión de la Delegada este martes 26 de octubre, vía Zoom, alertaron sobre las graves consecuencias ambientales que la decisión podría traerle al parque nacional.
Como parte de un acuerdo aprobado para dejar constancia del desacuerdo y protesta de la Asamblea Nacional (AN) “legítima”, se indicó que el sistema de Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), serían informadas sobre el plan que afectaría al importante pulmón vegetal.
Advirtieron que de concretarse ese plan en El Ávila, se sumaría al “ecocidio” en el Arco Minero del Orinoco y los daños causados por los constantes derrames petroleros.
“Una vez esté aprobada la Ley (de ciudades comunales), se fundará la primera Ciudad Comunal en el Waraira Repano, llamado a ser ejemplo de producción agrícola, turismo internacional y nacional, ejemplo de democracia interna” dijo Maduro, el pasado 20 de octubre.
Llaman a la organización ciudadana
La presidenta de la Comisión de Ambiente, María Gabriela Hernández, llamó a la organización ciudadana para que desde las comunidades se opongan a la creación de ciudades comunales en el país y, especialmente, en el Ávila. Alertó que la iniciativa de Miraflores profundizará el deterioro ambiental en Venezuela.
Provea convoca a protestar contra la construcción de ciudad comunal en El Ávila
“Una ciudad comunal en El Ávila viola lo establecido legalmente para el uso y disfrute de los parques nacionales, además de los principios y criterios del ordenamiento territorial, es una estructura paralela”, sostuvo la diputada, Mildred Carrero.
La Ley de Ciudades Comunales fue aprobada en primera discusión el 11 de marzo de este año, por la Asamblea Nacional del 6 diciembre, de mayoría chavista. El texto legal va dirigido a concretar el proceso de transferencia de competencias del Poder Público nacional, estadal y municipal al poder popular. Abogados constitucionalistas señalan que dichas figuras no están previstas en la Constitución y que constituyen estructuras paralelas que interferirán en las funciones de gobernaciones y alcaldías.
La legisladora Tamara Adrián calificó el anuncio de Maduro como un “señuelo” para desviar la atención de temas como las elecciones regionales del 21 de noviembre y la construcción de la unidad necesaria para derrotar al chavismo.
“Es un señuelo para crear un clima de duda acerca de la utilidad de votar en condiciones en las que se desconocería por usurpación de las funciones de alcaldes y gobernadores, a través de esa ley aprobada hasta ahora en primera discusión. No caigamos en la trampa, el objetivo es claro y debe ser el de la unidad”, advirtió.
“Allanamiento” de la UCV
Otro hecho que causó la indignación de los parlamentarios de 2015 fue la “visita nocturna” que realizó Maduro a la Universidad Central de Venezuela (UCV), el pasado 23 de octubre.
Condenaron que aunado a la “asfixia financiera” que Miraflores aplica contra las universidades, Maduro le suma la intervención a los espacios de la UCV con reparaciones inconsultas, le impone una protectora (Jaqueline Farías) y el ingreso “ilegal” a sus instalaciones.
El diputado Macario González señaló que existen trámites protocolares, coordinados con las autoridades universitarias, para que autoridades nacionales puedan ingresar al recinto. Condenó que Maduro lo hiciera de noche y luego divulgara un video para ufanarse del hecho.
La Legisladora Mary Mora recordó también que la autonomía universitaria está consagrada en el artículo 109 de la Carta Magna y que las autoridades solo se pueden entrar a la universidad para impedir que se cometa un delito. También rechazaron la designación de Tibisay Lucena como ministra para la Educación Universitaria.
“Es un plan orquestado para acabar con las universidades, con esta casa de estudios que se les ha opuesto de manera radical. Debemos defender a la UCV de las sombras, no podemos quedarnos callados o hacer caso omiso, autorizar recursos no es excusa para su intervención”, fustigó Delsa Solórzano.
Leyes “ilegítimas”
Otro punto debatido por la Delegada este 26 de octubre, fue el paquete de leyes relacionadas con el sistema de justicia, también aprobados por la AN del 6Dic, entre ellas las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (Copp) y al Código Orgánico de Justicia Militar.
Diputados como Williams Dávila dejaron sentado que el paquete jurídico tienen ilegitimidad de origen, al ser sancionado por un Poder Legislativo escogido mediante “elecciones fraudulentas” y no reconocidas por la comunidad internacional.
“Es una ofensiva de Maduro para tratar de proyectar el principio de complementariedad positiva de cara a la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan a Venezuela, por el expediente de delitos de lesa humanidad por el que está abierto un examen preliminar y que no se inicie el juicio”, aseguró Dávila.
Añadió que la comisión designada para ejecutar una “revolución judicial”, presidida por Diosdado Cabello, tampoco cumplió el cometido de resolver el retardo procesal en 60 días y que el hacinamiento carcelario es de 167 %. “Lo que han hecho es mover de unas cárceles a otras a los presos políticos”, cuestionó.