Gobierno interino

El fin de la presidencia encargada de Juan Guaidó se planteó formalmente en una reunión secreta que tuvo lugar en Bogotá en febrero de 2021. El gobierno interino sabía de su inminente disolución un año y 10 meses antes de que se materializara.

A la reunión de Bogotá asistieron Leopoldo López (Voluntad Popular), Julio Borges (Primero Justicia) y Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo). El principal aliado de la oposición: Estados Unidos, también estuvo presente en la figura del embajador James Story, según fuentes relacionadas.

En la cita discutieron el fin del gobierno interino y cuál debía ser el mecanismo para proteger los activos una vez que Juan Guaidó cesara sus funciones. 

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Una fuente directa dijo a Efecto Cocuyo que establecieron mesas de trabajo para revisar detalles técnicos y logísticos relacionados con las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento de Estado de EEUU que son las que permiten a los funcionarios designados por la Plataforma Unitaria administrar bienes y fondos de la República.

El chavismo también tuvo conocimiento de estas conversaciones. El diputado Jorge Rodríguez publicó en sus redes sociales la supuesta agenda que debatiría la oposición en la capital colombiana y rechazó que se pretendieran imponer más sanciones desde el país del norte.

Este primer acuerdo de Bogotá se selló posteriormente en Panamá, en octubre de 2022, aunque dirigentes de Voluntad Popular (VP) insisten en que no recibieron una propuesta escrita hasta el 17 de diciembre pasado, pocos días antes de que se aprobara definitivamente el fin del interino. 

Cronología del gobierno interino

La génesis del gobierno interino data de 2018. Aunque Guaidó se juramentó como presidente encargado el 23 de enero de 2019, la Asamblea Nacional –entonces controlada por una mayoría opositora– había declarado la usurpación de funciones de Nicolás Maduro tras la realización de unas elecciones presidenciales, en mayo de 2018, que consideraron fraudulentas.

La decisión del chavismo de adelantar estos comicios inhabilitando a sus adversarios políticos, luego de imponer una Asamblea Nacional Constituyente, reafirmó su talante antidemocrático y provocó un desconocimiento internacional que se tradujo posteriormente en el respaldo inédito de 60 naciones a la presidencia interina de Guaidó.

El dirigente de Primero Justicia (PJ) Juan Miguel Matheus, uno de los artífices del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia que dio soporte legal a Guaidó, aporta su propia cronología:

“Cuando la Asamblea Nacional desconoció los resultados electorales de 2018 se podría prever que cuando llegáramos a enero de 2019 entraríamos en una situación de usurpación de funciones. Por eso, el 8 de enero de 2019 se aprobó un acuerdo parlamentario para denunciar la usurpación y ahí aparece la génesis del Estatuto, ya se venía trabajando desde septiembre de 2018, pero era necesario crear el marco jurídico con el cual Juan Guaidó asumiría la presidencia encargada”, explica.

En diciembre de 2019 surgen los primeros cuestionamientos, afirma Matheus, debido a “errores políticos” cometidos como la sublevación militar que se intentó el 30 de abril, “acontecimientos que ya hacían prever que el gobierno encargado se iba a dilatar en el tiempo”, dice.

A finales de 2020 se reformó por primera vez el Estatuto de Transición para prorrogar la Asamblea Nacional electa en 2015 (cuyo mandato constitucional finalizaba ese año) y dar continuidad a la instancia que presidía Guaidó. Pero ya en ese momento se planteaba construir una representación internacional distinta, según el dirigente de PJ.

“Muy temprano, en el año 2021, hubo una reunión de los partidos de la Plataforma Unitaria en la que adoptaron el acuerdo de desmantelar el gobierno interino. Se adoptó la decisión política de hacerlo cesar y de construir una opción viable para la protección de los activos y asegurar el apoyo internacional a Venezuela y a la causa de unas elecciones libres”, subraya.

A pesar de la inconformidad creciente, los partidos decidieron mantener a Guaidó en el cargo un año más, pero restándole atribuciones. Su poder quedó reducido prácticamente a la defensa de activos en el exterior y a la representación diplomática que conservaba, siempre bajo el control parlamentario.

En Panamá se selló el fin

El dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) Luis Florido coincide en que la política del interinato “se agotó” en 2021 y su fin terminó de acordarse en Panamá en octubre de 2022.

 “En la reunión que ocurrió en Panamá, hace algunos meses, se dejó clara la posición de cada organización política, especialmente de UNT que consideró que ya no era una herramienta útil, incluso entiendo que uno de los representantes de Voluntad Popular dijo que el gobierno interino se había agotado”, declara.

Florido confirma que las aspiraciones presidenciales de Guaidó también fueron consideradas a la hora de tomar la decisión de suprimir la presidencia encargada.

“Lo que termina de ratificar la decisión (del fin del interino) es el anunció de la candidatura del presidente encargado a las elecciones primarias, que además está en su derecho y me parece un buen candidato, pero al hacer ese anuncio el propósito del estatuto pierde total vigencia. En el momento en que se anuncia eso parece que la política comienza a tomar otro camino”, expresó.

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El dirigente se refiere a la política que Guaidó sintetizó en el conocido mantra: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En su opinión, con la candidatura confirmaba el fracaso de la estrategia de “máxima presión” que alguna vez representó.

Una fuente de AD comenta: “Eso fue lo que implosionó (al gobierno interino) porque era presidente de la Asamblea, presidente interino y también candidato presidencial, eso empezó a producir una erosión en sus aliados”.

La tolda naranja nunca confirmó ni negó la candidatura de Guaidó, pero su postulación quedó registrada en un video que se filtró en redes sociales. 

Los últimos días del interino

El 17 de diciembre, Voluntad Popular recibió la primera versión escrita de la reforma del Estatuto de la Transición que suprimía el gobierno interino, según Sergio Vergara, quien forma parte de la dirección política de este partido.

Los acontecimientos de los últimos días se desarrollaron así:

El 22 de diciembre, la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional de 2015 aprobaron en primera discusión la eliminación del interino. Aunque todos se congregaron en una sala de Zoom, un grupo (constituido por AD, PJ y UNT) se reunió presencialmente en una torre empresarial, ubicada al este de Caracas, según constató Efecto Cocuyo.

En la sesión virtual sobraron los micrófonos abiertos que, por error, dejaron al descubierto las rencillas personales y el cónclave que celebraban AD, PJ y UNT. 

El primer acto de Guaidó después de esta primera aprobación fue convocar una comisión especial para que revisara el borrador de la reforma elaborada por Primero Justicia. 

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La comisión estuvo integrada por José Trujillo (Acción Democrática), Piero Maroun (Acción Democrática), Alfonso Marquina (Primero Justicia), Héctor Cordero (Encuentro Ciudadano), Nora Bracho (Un Nuevo Tiempo) y Sergio Vergara (Voluntad Popular).

El 28 de diciembre los miembros de esta comisión debatieron pasadas las 6:00 de la tarde. Según Vergara pidió que fueran incorporados José Prat (La Causa Radical) y Edwin Luzardo (Alianza Bravo Pueblo-Fracción 16 de Julio) pero le fue negado.  

“Yo hacía las observaciones y Marquina, que fungía como secretario accidental, decía que se tomaba nota y se aprobaba. A nosotros nos avasallaron, no hubo voluntad por parte de ellos de llegar a ningún acuerdo, no tenían ninguna intención de discutir el articulado”, sostiene el dirigente de VP.

Una serie de tuits publicados el 28 de diciembre desde la cuenta de Juan Pablo Guanipa sugerían que las organizaciones políticas explorarían un acuerdo alternativo. El dirigente incluso propuso posponer la sesión convocada para el 29 de diciembre con el objetivo de lograr un consenso. }

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El mensaje de Guanipa provocó una respuesta de Guaidó quien puso su cargo a la orden públicamente. Aunque, según otra fuente de VP, el partido ya había ofrecido un “mecanismo de sustitución” que consistía en que Guaidó renunciara luego de que se eligiera una nueva directiva de la Asamblea Nacional con el objetivo de “llenar los extremos constitucionales del artículo 233”.

Este artículo establece que la falta absoluta del presidente de la República, que puede darse por su renuncia, debe ser suplida por el presidente del Parlamento que debe convocar nuevas elecciones en 30 días. El problema es que Guaidó no fue resultado de una elección popular y su tiempo en el cargo excedía, por mucho, el establecido en la Constitución.

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Además de ofrecer su cargo, Guaidó pospuso la segunda discusión para el 3 de enero de 2023, pero presionado por los otros partidos tuvo que agendarla para el 30 de diciembre cuando se dio el paso final para desmontar la presidencia encargada.

 “Estoy convencido de que ya tenían una decisión tomada, ellos habían avanzado demasiado. Tiendo a pensar que existen otro tipo de compromisos, incluso con el propio gobierno de Nicolás Maduro, quizás una negociación en una mesa diferente a la que nosotros asistimos, de entregar la presidencia encargada a cambio de un esquema de cohabitación”, cuestiona Vergara.

Matheus de Primero Justicia niega que esto haya sido pactado con Maduro: “La única negociación que existe es entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro y está enmarcada en el Memorándum de Entendimiento que suscribieron las partes. El desmantelamiento del gobierno interino obedece a razones políticas y estratégicas”.

El plan “B” o lo que sigue al fin del gobierno interino…

La Asamblea Nacional de 2015 está dirigida desde el exilio por: Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez.

La tarea más inmediata que tiene esta nueva directiva es el nombramiento del Consejo de Administración y Protección de Activos. Según el Estatuto de Transición, los funcionarios que integran el extinto Consejo de Administración del Gasto deben ser ratificados en esta nueva instancia.

Aún no queda claro si Estados Unidos, el Reino Unido y Portugal –países donde hay activos y fondos públicos de Venezuela- reconocerán a la Asamblea Nacional de 2015 como instancia que puede asumir la representación legal del Estado venezolano. Esto está por verse. 

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El exprocurador del interino y profesor de derecho administrativo y constitucional, José Ignacio Hernández, ha señalado que el Secretario de Estado de EEUU emitió la llamada declaración 25B, por la cual solo el presidente encargado podía representar legalmente a Venezuela y al Banco Central de Venezuela en las cuentas en el sistema bancario federal. 

Asimismo, el reconocimiento del presidente encargado le permitió designar a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, quien designó a los administradores de Citgo.

Mientras se resuelve la nueva estrategia legal para la protección de los activos en los términos planteados por Hernández, la dirigencia ve en las primarias la única solución casi “mágica” para lograr la reunificación y el retorno a una estrategia electoral y negociada.