ONG de DDHH exigen transparencia en la renovación de magistrados del TSJ

Un grupo de 17 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos expresó su “profunda preocupación” por el proceso de renovación parcial de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la reciente reforma de su Ley Orgánica y la designación de autoridades para la Inspección General de Tribunales y la Escuela Judicial.

En un comunicado conjunto, las organizaciones hicieron un “llamado urgente” a la Asamblea Nacional y a los órganos competentes para que realicen el procedimiento “de acuerdo con los más altos estándares internacionales de independencia judicial, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas”.

https://x.com/WOLA_org/status/2065489290771964409

https://x.com/WOLA_org/status/2065489290771964409

Las firmantes recordaron que la composición del máximo tribunal incide directamente en el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de la población. Por ello, enfatizaron que los nombramientos “no pueden estar motivados por la lealtad política”, sino que deben basarse en “una evaluación rigurosa del mérito profesional, la trayectoria jurídica, la independencia y la integridad ética”.

Exigencias concretas para un proceso legítimo

Las organizaciones detallaron una serie de requisitos mínimos que, a su juicio, deben cumplirse para garantizar legitimidad democrática:

• Publicación oportuna de un cronograma claro y definitivo, ampliamente difundido, que detalle todas las etapas y plazos restantes del proceso.
• Divulgación completa de los candidatos, incluyendo sus currículos y documentación necesaria para evaluar antecedentes y cumplimiento de requisitos.
• Sistema de puntuación objetivo: Antes de las evaluaciones, debe publicarse una rúbrica o “baremo” con criterios detallados y medibles, centrados en mérito, trayectoria e idoneidad ética, eliminando discrecionalidad.
• Mecanismos de impugnación: Plazos, canales y órganos claros para que la ciudadanía y organizaciones presenten objeciones fundamentadas, con obligación del Comité de responder públicamente a cada una.
• Participación ciudadana significativa: Espacios reales para que la sociedad civil supervise las etapas, presente información y acceda a las decisiones.

“El escrutinio público solo es posible si la información sobre las cualificaciones técnicas y la integridad de los candidatos es totalmente accesible”, señalaron.

Las organizaciones destacaron la especial relevancia de un Poder Judicial independiente para las víctimas de violaciones de derechos humanos. “Un Tribunal Superior de Justicia autónomo es condición indispensable para garantizar su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como para prevenir la repetición de graves violaciones”, indicaron.

En este sentido, alertaron sobre la persistencia de “criminalización y detenciones arbitrarias por motivos políticos” y subrayaron el rol decisivo que debe cumplir el Poder Judicial frente a estas prácticas represivas.Finalmente, instaron a las autoridades parlamentarias a armonizar sus acciones con la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos, y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros mecanismos internacionales que monitoreen de cerca el proceso.

Organizaciones firmantes:

• Acceso a la Justicia
• Aula Abierta
• Alerta Venezuela
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
• Centro de Justicia y Paz – Cepaz
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana
• CIVILIS
• COFAVIC
• Comisión Internacional de Juristas
• Espacio Público
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
• Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos)
• Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos

El proceso de renovación de magistrados del TSJ sigue siendo uno de los temas más sensibles en el ámbito institucional venezolano, dada su influencia en la separación de poderes y la protección de derechos en el país.