La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo que declaró la invalidez y nulidad de los contratos suscritos entre Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) y Rosneft Trading S.A, con los que se otorgaron en garantía 49,9% de las acciones de Citgo Holding INC a la estatal rusa, en enero de 2016.
El diputado Elías Mata explicó que la cesión de las acciones de Citgo violó el artículo 150 de la Constitución y que su origen es un préstamo que Pdvsa solicitó a Rosneft por 1.500 millones de dólares.
El artículo 150 de la Carta Magna establece que la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la AN en los casos que determine la ley. “No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos” sin la aprobación del Poder Legislativo.
“No es porque se trata de una rencilla con la usurpación sino porque ilegalmente comprometieron una empresa de Venezuela para repartirse el botín de 7 mil millones de dólares que hoy nadie sabe dónde están. Venezuela no permitirá la impunidad y todos los que quieran hacer negocios con Venezuela tienen que venir a la Asamblea Nacional a presentar su proyecto”, recalcó el diputado del estado Zulia, Rafael Ramírez, en la sesión de este miércoles 4 de marzo.
El legislador recordó al Gobierno de Rusia que la única manera de cobrar deudas contraídas por Pdvsa es que los contratos cuenten con el visto bueno del Parlamento, porque de lo contrario no hay derecho a reclamos posteriores.
La fracción 16 de julio votó a favor del acuerdo, pero pidió a Guaidó que se informe de manera clara y transparente sobre la recuperación de activos en el exterior y si dichas operaciones son viables.
“Hubo intento de embargar Citgo, hoy anulamos algo que es ilegal, buscamos proteger los activos de la nación que sean palanca para la reconstrucción del país”, añadió el presidente interino.
10 de marzo a la calle
El debate sobre los hechos del sábado, 29 de febrero, en una barriada popular de Barquisimeto, donde una marcha opositora fue emboscada por colectivos armados afectos al chavismo y que fue calificado como un intento de magnicidio contra Juan Guaidó, sirvió para que el titular de la AN y los parlamentarios convocaran con mayor ahínco a la movilización del 10 de marzo hacia el Palacio Legislativo.
Guaidó advirtió a Nicolás Maduro que, pese a que fue apuntado con un arma de fuego, seguirá recorriendo el país. Dijo entender que la gente tenga miedo a salir por las agresiones, pero sostuvo que el miedo mayor debe ser el de perder la esperanza a un futuro mejor para el país.
“De manera cobarde dicen que fue un falso positivo y un show, cuando todos están identificados y son del Psuv. Ahora un grupo quiere desligarse de la gobernadora (Carmen Meléndez) pero son la misma gente, yo seguiré recorriendo el país”, expresó.
Antes, el diputado Alfonso Marquina acusó a funcionarios vestidos de civil de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de actuar junto al grupo que calificó como terrorista y paramilitar.
Relató como una vez dispersada la marcha estuvo, entre tres y cuatro horas, evacuando personas que se resguardaron en las casas de vecinos de la zona. “Las Faes entraban para sacarlos, pero el pueblo estuvo firme y los protegió”, destacó.
“Los que usan la violencia creen que van a amilanar al pueblo de Venezuela. Lara fue brutalmente agredida pero este lunes los maestros del estado salieron a protestar por sus derechos”, fustigó.
El diputado Macario González señaló que quien apuntó directamente a Guaidó fue el presidente del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), Juan Carlos Sierra, a quien calificó de ser “un tupamaro enviado por Maduro desde Caracas”.
También se refirió a Watson Febres, jefe de seguridad de Mercabar, como otro “empistolado” en la avenida principal del barrio La Paz, al oeste de la capital larense. Lamentó que el mercado mayorista haya pasado de ser un centro de acopio de los productores de la región a una “guarida de delincuentes”.
“Son personas suficientemente conocidas y quién tiene la responsabilidad de que estos hechos ocurran son directamente Maduro y Diosdado Cabello”, acusó.