Activos “están fuertemente amenazados”, advierten funcionarios del gobierno interino

POLÍTICA · 25 MAYO, 2022 18:29

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Ibis Leon | @ibisL


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La supervivencia del gobierno interino luce inviable para 2023. Juan Guaidó ya tuvo dificultades para prorrogar su mandato este año por la oposición de un sector de Primero Justicia que públicamente propuso la eliminación de la presidencia interina.

Tampoco sumó el apoyo unánime de Acción Democrática (las cabezas del partido no asistieron a la sesión) ni los votos de Vente Venezuela.

La legalidad y legitimidad de esta instancia es cada vez más difícil de prorrogar en el tiempo, lo que tendrá efectos importantes para la protección de los activos de la República que están bajo su control.

Efecto Cocuyo consultó a dos funcionarios del gobierno interino, ambos reconocieron que los activos, en especial Monómeros, están «fuertemente amenazados».

No obstante, las fuentes no asocian el riesgo a la desaparición o no del gobierno interino para el cual puede aprobarse una “solución jurídica”, según afirma uno de los consultados. Son otros los factores que pesan.

¿Qué va a pasar con los activos en 2023?

“Nadie tiene esa respuesta porque depende de muchos factores. Un factor es México, buena parte de la negociación podría o no involucrar los activos y fondos, hay propuestas para que parte del dinero recuperado vaya a la atención de temas humanitarios. Pero esto está en veremos”, responde Yon Goicoechea.

Goicoechea es integrante del Consejo de Administración del Gasto del gobierno interino.

“Otra opción es que no haya ningún acuerdo en México, en cuyo caso creo que los activos seguirán siendo protegidos por el interino, quizás en una modalidad más reducida o quizás se transfiera a una comisión más pequeña. No lo sé. No veo un escenario en el que Estados Unidos le entregue Citgo a (Nicolás) Maduro”, afirma.

Al insistir en la posible eliminación del gobierno interino y el efecto que puede causar, el político argumenta que “la solución jurídica que se dé tendrá que estar en el marco de la Constitución”.

“No puedo especular sobre cuál va a ser la decisión de la Asamblea Nacional (la electa en 2015) en 2023. Pero sería una gran irresponsabilidad que si no hay pasos claros hacia una transición democrática se devuelvan los activos a una dictadura que ha robado”, expresa.

El dirigente de Voluntad Popular asegura que la protección de los activos para 2023 aún no ha sido discutido con el gobierno de Estados Unidos porque “el énfasis está en que haya una negociación que lleve a la democracia” este año.

“No está planteada una discusión sobre qué tipo de licencias se van a otorgar o no (en 2023). Pero como principio podemos asegurar que o hay claros indicios hacia la democracia o Maduro no va a contar con esos activos”, manifiesta.

Activos “fuertemente amenazados”

El procurador designado por Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, indicó a Efecto Cocuyo que los activos “están fuertemente amenazados por los acreedores que están tratando de tomar ventaja y los intentos de la dictadura de controlarlos”.

Pero las amenazas también provienen del propio seno opositor. La reestructuración de Monómeros sigue sin materializarse por falta de consenso entre los partidos que integran el llamado G4: Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.

Sánchez admite que en Monómeros “efectivamente hay unas situaciones sobre las cuales habrá que tomar decisiones”.

La afirmación del procurador tiene que ver con el retraso injustificado en la renovación de la directiva de Monómeros y la ejecución de una auditoría integral que fue ordenada por la presidencia interina ante presuntos hechos de corrupción.

Claves sobre Monómeros y por qué el manejo de este activo pone en entredicho al gobierno interino

¿Qué retrasa la reestructuración?

Según el dirigente de Vente Venezuela, José Luis Pirela, quien es miembro de la Comisión Delegada, Pequiven desacata las instrucciones de Guaidó y esto se debe a la supuesta trama de corrupción.

Goicoechea ya había denunciado, el 8 de diciembre de 2021, que la gerencia general de la filial de Pequiven, a cargo de Guillermo Rodríguez Laprea, se había declarado “en rebeldía” y hacía caso omiso a los mandatos del interino, además de ocultar información.

Yon Goicoechea: En Monómeros podría estar pasando lo que sea y la presidencia no sabe

A pesar de las denuncias de corrupción que pesan sobre Rodríguez Laprea, el gerente sigue en su cargo a diferencia de otros presuntos implicados como Carmen Elisa Hernández, quien renunció a la presidencia de Monómeros.

La protección del gerente viene dada por factores de Acción Democrática han señalado Bibiana Lucas (Primero Justicia) e Ismael León (Voluntad Popular).

Éste último incluso mencionó como el “benefactor” de Laprea al adeco Luis Aquiles Moreno, muy cercano al líder del partido Henry Ramos.

Sin embargo, AD no fue el único partido que bloqueó el primer decreto en el que Guaidó ordenaba la restructuración de la directiva y la gerencia general. UNT y PJ también lo rechazaron argumentando que esta decisión no podía tomarse de forma unilateral y que era necesario investigar más.

En medio de la confrontación VP insinuó que algunos grupos pretendían pactar con el gobierno de Maduro la devolución de los activos a cambio de obtener concesiones políticas tales como habilitaciones de candidatos.

Aunque la tolda naranja no mencionó a nadie en específico, el coordinador de PJ, Julio Borges, negó que la devolución de los activos fuera parte de la mesa de negociación en México.

Julio Borges: Devolución de activos a Maduro no es parte de la discusión en México

Actualmente dirigentes como Henrique Capriles (Primero Justicia), Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia), Henry Ramos (Acción Democrática), Juan Guaidó (Voluntad Popular), Leopoldo López (Voluntad Popular) están inhabilitados para ejercer cargos de elección popular por lo que no podrían medirse en las presidenciales de 2024.

Game over

Yon Goicoechea advierte que, de no ejecutarse la restructuración de Monómeros, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no prorrogará la licencia que “protege” al activo y que se vencerá en menos de dos meses.

“Si no se aprueba la licencia es game over, sería la quiebra de la empresa, no tendría acceso a financiamiento. O la empresa se reforma o muere”, afirma.

El político sostiene que Carmen Elisa Hernández “fue víctima de una mafia que es la que gobierna esa empresa”.

En contraposición, Rodríguez Laprea presume de lograr los mejores resultados financieros y de liderar una gestión sostenible.

El gerente incluso anunció la firma de una alianza con la alcaldía de Barranquilla para la producción de “amoniaco verde” que supuestamente ayudará a reducir la emisión de carbono.

Sin recursos para la defensa

A todo este entramado se suma otro factor de riesgo: la falta de presupuesto para el pago de la defensa de los activos en el exterior.

Según el procurador Enrique Sánchez Falcón la deuda supera los 13 millones de dólares debido a que la Comisión Delegada se retrasa en la aprobación de las partidas que se requieren para esto.

“Este año no se ha aprobado nada. La deuda sigue aumentando, pero tenemos la esperanza de que se aprueben los recursos. Ha habido retrasos, no lo puedo negar”, confirmó Sánchez.

En 2022 sí se ha hecho un pago, de acuerdo a las cifras que publica la directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), pero es mucho menor al monto adeudado. El total aprobado fue de 664.544,85 dólares para el bufete Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, el pasado 27 de abril. 

El pago de los bufetes de abogados es crucial para la protección de Citgo, otro de los activos en manos del interino.

Los acreedores de los bonos Pdvsa 2020 quieren hacerse de la mitad de la filial de Pdvsa que fue puesta en garantía por el gobierno de Nicolás Maduro, sin autorización de la Asamblea Nacional.

Para evitar que tomen el control de la mayoría accionaria, el interino debe pagar su defensa.

El gobierno encargado dispone de 100 millones de dólares para operar y financiar la defensa en el exterior. Estos recursos provienen del Fondo para la Liberación de Venezuela, precisó una fuente.

Con la reforma del Estatuto de la Transición que se hizo este año, el gobierno interino no puede aprobar recursos adicionales.

En la rendición de cuentas del BCV ad hoc se precisa que los desembolsos realizados del Fondo de Liberación suman $ 635.086.67 desde el 4 de enero de 2022 hasta el 7 de marzo de 2022.

Para conocer a detalle cuáles son los activos y cuentas que controla el gobierno interino haz click aquí