Provea: No nos vamos a convertir en los sapos cooperantes del Gobierno

LA HUMANIDAD · 15 ABRIL, 2021 18:36

Ver más de

Efecto Cocuyo | @efectococuyo


¿Cómo valoras esta información?

3
QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
1
QUÉ CHIMBO

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) condenó la providencia que obliga las organizaciones de la sociedad civil a inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y entregar al Estado la data sobre sus beneficiarios.

“El elemento más preocupante, y donde no hay ningún tipo de negociación ni flexibilidad, es el que nosotros tengamos que darle información (al Gobierno) sobre los beneficiarios”, aseveró el coordinador de investigación y difusión Provea, Marino Alvarado.

Explicó que esta medida “significa poner en riesgo, en el caso de las organizaciones de derechos humanos, a todas las personas que, por ejemplo, denuncian los abusos de las Faes, los allanamientos arbitrarios, la tortura, las detenciones arbitrarias que se comenten a lo largo y ancho del país”.

Además, Alvarado indicó que esta petición “en un contexto donde tenemos una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad”, busca que las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en “sapos cooperantes”.

Señaló que, con esa información en manos de la administración de Maduro, los beneficiarios y víctimas de violaciones de DDHH podrían ser afectados por detenciones arbitrarias, por allanamientos ilegales, hostigamiento o por discriminación en los lugares donde viven” frente a beneficios como las cajas Clap de alimentos.

“No nos vamos a convertir en los sapos cooperantes del Gobierno que les vamos a estar dando información de nuestros beneficiarios. No los vamos a poner en riesgo de libertad, incluso de vida”, insistió el abogado e integrante de Provea.

Medida inconstitucional

Alvarado destacó que la providencia, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.098, contradice “es contraria al artículo 2 de la Constitución que dice que uno de los valores del Estado venezolano y la sociedad venezolana es la solidaridad y la preminencia de los DDHH”.

También, que contradice al artículo 132 que establece la obligación de las personas de promover y defender de los DDHH, pero además de hacer vida solidaria en sus comunidades, así como el artículo 49 que establece la presunción de inocencia “que parte de considerar que las organizaciones de la sociedad civil no están actuando de manera apegada a principios de legalidad y de no uso ilegal de recursos”.

Afirmó que la nueva normativa afectará el trabajo de miles de organizaciones de la sociedad civil que vienen atendiendo sobre todo a los sectores más pobres de la ciudadanía y víctimas de violaciones de DDHH, incluyendo a las organizaciones religiosas.

LA HUMANIDAD · 3 DICIEMBRE, 2022

Provea: No nos vamos a convertir en los sapos cooperantes del Gobierno

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) condenó la providencia que obliga las organizaciones de la sociedad civil a inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y entregar al Estado la data sobre sus beneficiarios.

“El elemento más preocupante, y donde no hay ningún tipo de negociación ni flexibilidad, es el que nosotros tengamos que darle información (al Gobierno) sobre los beneficiarios”, aseveró el coordinador de investigación y difusión Provea, Marino Alvarado.

Explicó que esta medida “significa poner en riesgo, en el caso de las organizaciones de derechos humanos, a todas las personas que, por ejemplo, denuncian los abusos de las Faes, los allanamientos arbitrarios, la tortura, las detenciones arbitrarias que se comenten a lo largo y ancho del país”.

Además, Alvarado indicó que esta petición “en un contexto donde tenemos una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad”, busca que las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en “sapos cooperantes”.

Señaló que, con esa información en manos de la administración de Maduro, los beneficiarios y víctimas de violaciones de DDHH podrían ser afectados por detenciones arbitrarias, por allanamientos ilegales, hostigamiento o por discriminación en los lugares donde viven” frente a beneficios como las cajas Clap de alimentos.

“No nos vamos a convertir en los sapos cooperantes del Gobierno que les vamos a estar dando información de nuestros beneficiarios. No los vamos a poner en riesgo de libertad, incluso de vida”, insistió el abogado e integrante de Provea.

Medida inconstitucional

Alvarado destacó que la providencia, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.098, contradice “es contraria al artículo 2 de la Constitución que dice que uno de los valores del Estado venezolano y la sociedad venezolana es la solidaridad y la preminencia de los DDHH”.

También, que contradice al artículo 132 que establece la obligación de las personas de promover y defender de los DDHH, pero además de hacer vida solidaria en sus comunidades, así como el artículo 49 que establece la presunción de inocencia “que parte de considerar que las organizaciones de la sociedad civil no están actuando de manera apegada a principios de legalidad y de no uso ilegal de recursos”.

Afirmó que la nueva normativa afectará el trabajo de miles de organizaciones de la sociedad civil que vienen atendiendo sobre todo a los sectores más pobres de la ciudadanía y víctimas de violaciones de DDHH, incluyendo a las organizaciones religiosas.

¿Cómo valoras esta información?

3

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

1

QUÉ CHIMBO