Acceso a la Justicia denuncia que obligarán a ONG a registrarse y declarar fuentes de financiamiento - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 13 ABRIL, 2021 19:56

Acceso a la Justicia denuncia que obligarán a ONG a registrarse y declarar fuentes de financiamiento

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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La ONG Acceso a la Justicia denunció la aprobación de un nuevo instrumento legal que obligará a las organizaciones no gubernamentales venezolanas a registrarse y declarar fuentes de financiamiento.

Se trata de la “Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, un mecanismo que se publicó en la Gaceta Oficial Número 42.098, publicada el pasado 31 de marzo.

“El Registro Unificado de Sujetos Obligados busca supervisar aquellos sujetos (personas naturales o jurídicas) cuya actividad no se encuentra regulada por una ley especial, o bien personas que realizan actividades no financieras que deben ser supervisadas”, dijo la ONG en su cuenta Twitter este martes 13 de abril.

Informar sobre actividades y fuentes de financiamiento

Entre quienes deben estar registrados se encuentran las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, que deberán informar de forma obligatoria sobre sus actividades, el nombre de sus fuentes de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, además del nombre de las ONG en el país o fuera de él con el que tengan asociación o actividades.

“Se exige el listado de personas beneficiarias, debidamente identificadas, que reciban asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de los servicios o actividades que ejerza la organización sin fines de lucro”, explicó Acceso a la Justicia.

Señalaron que esta normativa es la continuación del hostigamiento que la administración de Nicolás Maduro inició contra las ONG por denunciar la violación de derechos humanos en el país.

También recordaron la orden de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que obliga a los bancos a monitorear el estado financiero de las ONG venezolanas.

“La normativa dictada por el gobierno venezolano es parte de la política de hostigamiento emprendida contra las ONG, que busca acallar su voz de lucha y denuncia ante la opinión pública nacional y mundial, especialmente por la ausencia de Estado de derecho”, sostuvo Acceso a la Justicia.

Gobiernos contra la sociedad civil

Este tipo de instrumentos legales existen en otros países donde los gobiernos supervisan el trabajo de las ONG que cuestionan sus políticas. Entre esas naciones se encuentran Bielorrusia, Camboya, Azerbaiyán, Afganistán, Pakistán, Laos, Malasia, Egipto, Argelia, Irán, Guinea Ecuatorial, Rusia y Cuba.

En el año 2020 el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua se sumó a esta lista de países cuando el Parlamento de ese país aprobó una ley que fiscalizará las fuentes de financiamiento en el exterior de personas, empresas y ONG. Se llama la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”.

En un informe que publicaron en el año 2019, Amnistía Internacional advirtió en un informe como en los últimos 10 años los países incrementaron este tipo de legislaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil.

“Las justificaciones de estas draconianas restricciones son tan diversas como los países en los que se imponen, y van desde la seguridad nacional y la preocupación por las injerencias extranjeras en cuestiones nacionales, hasta la necesidad de proteger la identidad nacional, los valores y la moral tradicionales, las creencias religiosas, el desarrollo económico u otros imperativos”, dijo AI.