Para Provea y Acceso a la Justicia, ONG venezolanas defensoras de derechos humanos, casi tres meses después de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela y la publicación de su informe sobre la situación en el país, solo ha habido retroceso e incumplimiento por parte del chavismo gobernante, que ha ignorado los compromisos que adquirió con la Alta Comisionada de DDHH de la ONU.
Así lo aseguraron este domingo, 8 de septiembre, unas horas antes que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reciba una actualización oral sobre lo que ocurre en el país, desde la presentación del Informe Bachelet el pasado 4 de julio.
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“Si uno evalúa la situación de los derechos humanos desde que Bachelet presentó su informe, la situación (en Venezuela) se ha agravado, no hubo mejora prácticamente en ningún aspecto”, sentenció Marino Alvarado, miembro fundador y coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en DDHH.
A su juicio, solo ha habido retroceso, tanto en la situación socio-económica, como con la persecución a la disidencia, el uso del Poder Judicial para socavar la independencia de la Asamblea Nacional, y en un caso específico en vez de condenarse las ejecuciones extrajudiciales de las que son responsables las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el régimen de Nicolás Maduro le dio su respaldo al cuestionado cuerpo élite de este organismo de seguridad.
Alvarado detalló que ha aumentado la cifra de los presos políticos, no hay mejoras de los planes sociales del chavismo como las misiones, ni tampoco señales de levantar la persecución contra la oposición a Nicolás Maduro.
“Sigue la política de debilitar la Asamblea Nacional, usando al Poder Judicial para la persecución a la disidencia y los luchadores sociales”. Una muestra de ello fue la muerte en custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del capitán Rafael Acosta Arévalo o la sentencia a casi seis años de prisión por un tribunal castrense contra el secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, Rubén González.
Ambos casos ocurrieron después de la visita de Bachelet y su informe en el que analizó los derechos humanos en el país.
Alvarado también mencionó que en el caso de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no han investigado ningún caso sobre violaciones a DDHH, por el contrario están a expensas de lo que decida el Poder Ejecutivo en manos de Maduro. Las dos instituciones fueron duramente cuestionadas por el Informe Bachelet en julio.
Apoyan comisión de investigación
“No investigan porque hay una estructura institucional a favor del abuso del poder y violación a los DDHH. Con esa estructura es muy difícil que haya justicia en el país”, alertó y por ello insistió en que desde Provea, junto a otras organizaciones de DDHH venezolanos, están reclamando una comisión de investigación para el país, que pudiera servir para presionar se investigue más, se atiendan a las víctimas y se haga un seguimiento más exhaustivo a los atropellos y abusos que se cometen actualmente.
Desde Ginebra. Alí Daniels, miembro de Acceso a la Justicia, dijo que en horas de la madrugada de Venezuela se espera la actualización que hará Bachelet. Detalló que será algo muy corto porque la Alta Comisionada no hablará solo de este caso, sino de la realidad de otros países.
Sin embargo, esperan que mantenga una posición firme como lo ha demostrado en los últimos tres meses y que además apoye la solicitud de una comisión de investigación.
“Se ha planteado una comisión de investigación como un mandato para Venezuela y eso lo decide el Consejo, debemos esperar el pronunciamiento que se hará en las próximas horas”, dijo a Efecto Cocuyo.
Recordó además que la posición del chavismo ha sido de entorpecer a los funcionarios que dejó Bachelet en Venezuela y como muestra está que les negaron por un mes una visa para entrar al territorio nacional, una restricción que recientemente fue levantada a finales de esta semana.