Informe Bachelet

Michelle Bachelet habló. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció sobre su visita a Venezuela, realizada del 19 al 21 de junio, y divulgó un informe de 18 páginas en el que pide acciones para detener una “crisis que está arrasándolo todo”.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, concluye la Oficina de la Alta Comisionada en un comunicado de prensa divulgado este jueves, 4 de julio.

En el comunicado de prensa, Bachelet dice que el informe “no se trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.

Advirtió que, de no mejorar la situación, continuará el “éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados” que abandonan el país, así como el deterioro de las condiciones que viven en el territorio nacional.

Para la elaboración del informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas entrevistó a 558 víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, así como también sostuvo encuentros con el gobernante Nicolás Maduro, representantes de los poderes públicos y distintos actores de la sociedad civil.

En su informe, Bachelet destaca que el Ministerio Público ha incumplido con irregularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a los responsables y denunció que el “Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos“.

Subrayó la actuación de los grupos civiles armados progubernamentales, conocidos como colectivos, y de las Fuerzas Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas documentó 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.

“En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, alertó Bachelet.

También dijo que el Gobierno se comprometió con la Oficina a solucionar “algunas de las cuestiones más espinosas” y a facilitar la entrada de los representantes de las Naciones Unidas a los centros de reclusión.

“La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas”, dijo la Oficina

Ratificó su disposición de trabajar con las autoridades competentes para promover los derechos de todos los venezolanos.