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En Venezuela 20 mujeres están tras las rejas y son consideradas presas políticas. Sus encarcelamientos han estado marcados por las torturas, las violaciones y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidas en muchos centros de detención.

El país cuenta con una sola cárcel de mujeres ubicada en el estado Miranda, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), donde permanecen recluidas por lo menos nueve de estas 20 mujeres; la mayoría de ellas acusadas de terrorismo y traición a la patria.

Otras están recluidas en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en los barrotes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide; ambos organismos fueron mencionados en el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como violadores de DDHH.

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Para este especial de mujeres presas políticas que viene realizando Efecto Cocuyo, y en el marco del día de la no violencia contra la mujer, la abogada y defensora de derechos humanos Martha Tineo, quien también dirige la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), aseguró que en el país deben “cesar de forma inmediata estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos”.

Formas de violencia

Las presas políticas en el país son sometidas ha distintas formas de violencia. Tineo explica que van desde las torturas físicas, amenazas, palizas y violaciones, pero también hay torturas psicológicas como amedrentamiento, aislamiento y otras.

“No se realiza ningún tipo de distinción respecto de las torturas a las que son sometidos los hombres presos políticos. Claramente esto es demostrativo de un sistema que no reconoce la vulnerabilidad propia de la condición de ser mujer”, dice la abogada.

Estas mujeres no solo son sometidas a malos tratos y torturas, también son violados sus derechos como al debido proceso, a la integridad física y psicológica; además a condiciones de reclusión dignas que van desde el suministro de alimentación debida, el acceso al agua potable, a la higiene personal, a la atención médica, suministro de medicamentos y, en general, a todos los derechos inherentes a la condición humana, que están establecidos en la Constitución nacional y en todos los tratados internacionales de protección a los derechos humanos, especialmente referidos a los privados de libertad, explica Tineo.

Sin sus hijos

Presas políticas como Ermilendris Benítez y Yusimar Montilla han perdido a sus hijos recién nacidos. La primera sufrió un aborto en prisión y a la segunda la arrestaron cuando le quedaban pocos meses para parir. A Montilla le negaron hasta la posibilidad de amamantar a su hija, a pesar de lo establecido en el Orgánico Penitenciario, en su artículo 42.

Ante esta situación, Tineo señala que es una forma sistemática violentar los derechos de las mujeres privadas de libertad que tienen hijos y agrega que es una forma de tortura agravada con el atenuante de que se violan los derechos de los niños al no criarse con sus madres.

“A tenor del art. 231 del Código Orgánico Procesal Penal: No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, en estos casos debe acordarse alguna medida cautelar de carácter personal que bien pudiera ser la detención domiciliaria. Esto claramente es letra muerta en Venezuela en todo el sistema penitenciario, más escandaloso si se trata de mujeres a quienes se les presume inocentes en la comisión de un delito”, añade Tineo.

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Para la directora de Justicia, Encuentro y Perdón esas privaciones a las que se ven sometidas las madres presas políticas exponen a los niños a situaciones de abandono impuestas por el propio Estado, que debe garantizar sus derechos.

También ponen a las madres en situaciones de vulnerabilidad, porque además del dolor físico, pueden padecer depresión y otras patologías que las revictimizan. “El desapego con la madre ocasiona daños emocionales irreversibles a estos niños quienes de algún modo también están siendo condenados”, explica.

Presas políticas y diálogo

Recientemente se anunció la reactivación de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en México. La abogada y defensora de derechos humanos indica que en el debate debe considerarse la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas.

“No creemos que sea real ni posible que un país pueda superar una crisis mientras no resuelva la situación de los presos políticos y las atrocidades a las que son sometidos en recintos carcelarios y centros de tortura”, enfatiza Tineo.

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Para la defensora, en un país de progreso, de reconciliación y de reencuentro en las diferencias y semejanzas no está dado que personas estén tras las rejas por pensar distinto. “No hay paz duradera que se pueda soportar en tal controversia”, señala.

Tineo explica que las conversaciones que sostendrán el Gobierno y la oposición en México, deberán partir del compromiso con los principios más sagrados de pacto social y de la norma constitucional, como son: la garantía de los derechos humanos, el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal.

“Es por ello que un punto que consideramos crucial a gestionar en simultáneo a los encuentros en México, y que va a permitir recibirlos como el inicio de la recuperación de la confianza de los venezolanos en sus instituciones, genuina y legítimamente, pasa por la liberación de todos los presos políticos, pues tampoco se trata de una selección conveniente de fichas de canje entre las partes en cuanto a unos sí y otros no. La mayoría de estos presos de consciencia son ciudadanos, civiles no militares, imputados por cargos que ni siquiera han respetado un mínimo seguimiento al debido proceso”.