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Yusimar Montilla fue detenida cuando tenía 7 meses de embarazo. El tamaño de su barriga era evidente cuando un grupo de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se la llevó presa junto a otros militares por un supuesto plan para asaltar el Fuerte Paramaconi y detener a la entonces gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella.

Los dolores de parto de la joven, de 25 años de edad, le dieron mientras estaba recluida en la cárcel de La Pica, estado Monagas, al oriente de Venezuela. La sargento técnico segundo del Ejército fue sometida a una cesárea el 15 de agosto de 2019.

Dio a luz a una niña, que es su segunda descendiente. Montilla no duró ni 24 horas junto a su bebé. Un día después de su cesárea la llevaron de nuevo a la cárcel monaguense.

La joven militar no pudo amamantar a su hija, tampoco tiempo para abrazarla y desde ese día la bebé, ahora de tres años de edad, vive junto a los familiares de Montilla. La justicia venezolana le ha negado una medida sustitutiva de libertad y en la cárcel le impidieron la posibilidad de amamantar a su hija, a pesar de estar establecido por el Código Orgánico Penitenciario, en su artículo 42.

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“Le hacen la cesárea y le quitan de una a la bebé y nos la entregan a nosotros. La bebé estuvo con ella unas horas, y después, al día siguiente, mandaron a Yusimar para La Pica y no le dieron reposo. Pasó la noche en el hospital porque lo pedimos, porque ese mismo día se la querían llevar los militares, como si fuera una terrorista”, dijo su tía materna Desiré Ortega en una entrevista con Efecto Cocuyo.

Necesitan a su mamá

Montilla veía a su hija los fines de semana cuando los familiares la iban a visitar a cárcel. En esas visitas la joven madre aprovechaba amamantar a su pequeña hija, pero había fines de semana en los que a la familia se le imposibilitaba llevar a la bebé.

Ortega cuenta que la pequeña se ha enfermado por amibiasis e infecciones urinarias. “Ella necesita tener a su madre”, dice.

La integrante del Ejército también es madre de un niño de 12 años de edad, que vive junto a sus abuelos en un campo de Monagas. Desde que él entendió que su madre está encarcelada no ha dejado de preguntar cuándo volverá a verla.

La falta de Montilla ha influido en el comportamiento y en la estabilidad de su hijo mayor. La tía de la joven detenida dice que el niño ha estado deprimido, ha tenido bajo rendimiento en clases y se ha puesto «algo rebelde» con sus abuelos.

“Él llora, le ha ido mal en clases, extraña las llamadas de su mamá, necesita la atención de ella”, asegura.

Una condena “injusta”

El pasado 26 de mayo la militar fue trasladada a la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, a 533 kilómetros de su hogar, en la ciudad de Maturín. Montilla fue sentenciada a 7 años y 9 meses de prisión. Se le acusó de rebelión y traición a la patria.

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Al igual que en el caso de muchos presos políticos, el juicio de Montilla estuvo plagado de irregularidades. Su familia esperaba que un defensor privado fuera quien la defendiera, pero el Estado le asignó un defensor público que no le daba información sobre el expediente a los familiares de la funcionaria castrense.

“Cuando nos enteramos que fue trasladada fue devastador. Solo tengo una hermana en Caracas y nada más la ha podido visitar dos veces, ella no ha pasado para las instalaciones porque le piden prueba PCR y por eso la tiene que ver de lejos. No lleva la prueba porque es muy costosa”, dice la tía.

Los familiares de la detenida saben pocas cosas de las condiciones de reclusión, porque la mujer evita decirles cómo han sido sus días en prisión.

Después de la sentencia, la familia pudo conseguir un abogado privado y ejercer un recurso de apelación.

Amaba la carrera militar

Desde que Yusimar era una adolescente soñaba con formar parte del Ejército venezolano, la mayoría de su familia estaba en contra de que tomara la carrera militar, pero a pesar de eso la apoyaron y la incentivaron a alcanzar su meta.

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Su tía la describe como una mujer soñadora, que le gustaba trabajar, estudiar y era brillante en lo académico. También le gustaban los deportes, y algo que valoraba muchísimo era compartir con su familia, cuando podía ir a visitarlos.

Su madre es una mujer con discapacidad auditiva, y cuando la joven quedó presa fue difícil explicarle la situación. Cuando Yusimar estaba detenida en La Pica, la mamá la visitaba con mucha frecuencia, pero desde que fue llevada a Ramo Verde no la ha podido ver.

Ella se ha comunicado a través del teléfono mediante su hermana que le interpreta lo que Yusimar le quiere decir a su madre. La mamá ha estado afligida por tener presa y lejos a su hija.

“La vimos deprimida, decaída porque está lejos, está lejos de su familia, ahorita mi hermana la visita algunos fines de semana, la vio demacrada y muy deprimida, está agotándose física y mentalmente”, comenta.

Sus familiares piden al Estado que la deje en libertad porque no hay pruebas que la vinculen a los delitos por los que fue sentenciada.

“Yo le pido al Estado, a la exgobernadora, al gobernador que por favor investiguen bien el caso porque mi sobrina no es capaz de hacer las cosas de las que la acusan. Ella salió del campo para progresar y estaba en el sitio equivocado en ese momento, pido que reflexionen que vean su parte humanitaria y se coloquen en investigar mejor su situación. Hay personas que son juzgada por salir del paso”.