“Señora suelte a mi mamá, porque me hace mucha falta”. Esta fue la petición que hizo el hijo de Emirlendris Benítez a las funcionarias que custodiaban el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), donde la mujer está presa.
El camino hacia la oscuridad de Emirlendris comenzó el 5 de agosto de 2018. Benítez, una comerciante de 41 años de edad, fue detenida por su presunta responsabilidad en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro del 4 de agosto de 2018, cuando el mandatario participaba en los actos del 81 aniversario de la Guardia Nacional que se realizaban en Caracas.
Su vida cambió completamente cuando se dirigía a hacer un traslado en el taxi que manejaba su esposo, a quien ella acompañaba. Al llegar al estado Portuguesa, una alcabala policial los detuvo y sin mayor información los apresaron y trasladaron a Caracas.
La tarde del día anterior se conmemoraban los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana con un acto en la avenida Bolívar, en el centro de la capital venezolana, encabezado por el jefe del gobierno chavista, Nicolás Maduro. Junto a él estaban miembros de su gabinete ejecutivo y el alto mando militar.
Mientras Maduro pronunciaba su discurso hubo dos explosiones. Se trató de dos drones; el primero que explotó cerca de la tarima presidencial y un segundo artefacto que fue reducido por los cuerpos de seguridad.
Emirlendris tiene tres años y 10 meses detenida. Durante ese tiempo ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tuvo un aborto, según denuncian sus familiares.
La comerciante y sus familiares han reiterado que no tienen nada que ver con ese fallido magnicidio y que es inocente de lo que se le acusa. Sostienen que tampoco hay pruebas para demostrarlo.
Es madre de dos hijos: uno de ocho años y otra de 22 años. Desde su aprehensión estuvo durante un año en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, área metropolitana de Caracas, hasta que la trasladaron a la cárcel de mujeres en la capital mirandina.
Torturas y tratos crueles
Melania Leal, hermana de la víctima, afirma que en la sede del organismo militar la golpearon y la sometieron a torturas, lo que le provocó un aborto. Emirlendris tenía cuatro meses de embarazo cuando fue detenida. “A pesar de que lo advirtió, sus verdugos lo ignoraron”, contó su pariente.
A causa de las torturas y una infiltración de biopolímeros en sus glúteos, Benítez se encuentra en silla de ruedas. No puede estar mucho tiempo de pie, debido a un intenso dolor en la columna.
“Cuando tiene mucho tiempo parada se le desmaya (sic) la pierna, porque no tiene mucha fuerza. Tiene un mioma en un ovario y, también, una hernia en la columna”, detalló su hermana a Efecto Cocuyo.
Un niño sin su madre
El hijo de ocho años de Emirlendris es uno de los que más ha sufrido su ausencia. Los familiares le dicen que ella está haciendo un “curso”, para evitarle más tristezas, pero él siempre quiere saber quiénes son los guardias que están en la edificación donde está su mamá.
El pequeño vive con su abuela paterna en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, donde estudia cuarto grado. Tras la pandemia por el COVID-19 estuvo mucho tiempo sin visitar a su progenitora. Todos esperan que el próximo día del niño le permitan a Emirlendris abrazar a su pequeño.
“Tratamos de que no sepa que ella está presa. Le decimos que está haciendo un curso, pero él siempre pregunta quiénes son los guardias”, dice Melania Leal.
Sus tías le dicen que en el “curso” no permiten el uso de teléfono.
“Ella (Emirlendris) llora todos los días porque no puede estar con su hijo, a veces se comunican por cartas”, asegura la hermana de la detenida.
Un juicio sin fin
Ha sido víctima del retardo procesal. A pesar de tener más de tres años en prisión, aún la juez no ha llegado a una decisión sobre el futuro de la detenida.
Ha sido un juicio tan lento que por las noches a Benítez le cuesta conciliar el sueño. Piensa mucho en que en el próximo mes de agosto cumplirá cuatro años en prisión.
La juez que lleva el caso es Hennit Carolina López Mesa, trabaja para el Tribunal 27 de juicio. Cuando algunos de los familiares o parte de la defensa le pregunta sobre la culminación del proceso, ella les contesta que está a punto de finalizar y que faltan videos y dos testigos que declaren.
Las audiencias de juicios comenzaron cuatro veces a la semana, pero actualmente se realiza solo una por semana.
Salud en deterioro
Emirlendris tiene que ser vista por un inmunólogo y un traumatólogo. Aún sus dolores en la columna continúan y los tratamientos no le han funcionado.
Melania consiguió siete citas privadas para poder evaluar a su hermana con médicos de confianza, pero la juez no permitió el traslado de Benítez. Hace tres meses la llevaron al hospital José María Vargas, en Caracas, donde le evaluó un neurocirujano.
El doctor dio un informe médico, pero la familia no ha tenido acceso al documento porque la jueza lo tiene y no lo ha entregado, ni a familiares ni a la defensa. “Nosotros necesitamos ese informe”, exige su hermana.
Cuando estuvo en el Hospital Vargas, Melania le pidió a la jueza que le permitiera el escrito para tomarle unas fotografías, pero la jurista se negó.
Actualmente, comparte celda con siete presas políticas que afortunadamente se llevan muy bien y se ayudan entre sí.
“Nosotros deseamos y aspiramos a, en nombre de Dios, que se haga justicia, porque ella es inocente de los cargos que se le imputan y no tienen pruebas para tomar decisiones que no puedan ser correctas”, dice Melania, quien espera que su hermana quede en libertad.
30 años de prisión
La madrugada de este 4 de agosto de 2022, casi cuatro años de haber sido detenida, a Emirlendris Benítez la sentenciaron a 30 años de prisión, junto con otras 11 personas, por el caso del atentado contra Maduro.