Aulas en ruinas, maestros sin casa: el sistema educativo en supervivencia

Aunque el retorno a clases está previsto para el 14 de septiembre de 2026, ese llamado oficial pondrá a prueba no solo la resistencia física de las escuelas que quedaron en pie, sino la capacidad real de un cuerpo docente exhausto: sin salarios dignos (el que más gana no pasa de 300 dólares), sin casas y sin trabajos.

El doble sismo del 24 de junio que sacudió la franja central del país —que dejó profundas marcas en Aragua, Carabobo, Miranda, Yaracuy, el Distrito Capital y, con especial crudeza en La Guaira— transformó la rutina ya precaria de miles de docentes en un ejercicio de supervivencia pura.

A las pérdidas de bienes inmuebles y humanas —que en La Guaira Consenso Educativo calcula entre 120 y 130 educadores activos, jubilados y pensionados— se suma la devastación física: según el Ministerio de Educación los sismos afectaron a cerca de 900 de las 27.000 escuelas que hay en el país.

Efectivamente, el Ministerio de Educación informó el 3 de agosto, desde su cuenta de Telegram, que las clases en Venezuela comenzarán el 14 de septiembre, en el contexto del nuevo año escolar 2026-2027.

Para el 31 de agosto, el ministro Héctor Rodríguez informó que intervienen simultáneamente 1.500 planteles, de los cuales 1.000 corresponden a infraestructuras afectadas por el doblete sísmico, y habló de nuevo del plan especial de rezonificación de la población estudiantil. 

Días atrás mencionó que los alumnos de 91 escuelas, de las cuales 11 colapsaron completamente, serían reubicados en entornos cercanos a su hábitat de origen. El vocero no ofreció balances ni datos precisos de cuántos son. Tampoco habló de la plantilla de docentes y del personal administrativo afectados y que también entran en este proceso de reubicación.

Hay escuelas que deben ser demolidas. Foto: Cortesía

¿Y los afectados dónde están?

En las parroquias caraqueñas de El Paraíso, San Bernardino o El Recreo, y a lo largo de la franja costera de Vargas, entre 6.300 y 7.200 profesores vieron desvanecerse sus aulas de trabajo de la noche a la mañana.

“En este momento no disponemos de un reporte o investigación oficial para responder con precisión. Sin embargo, estimamos que entre 6.300 y 7.200 docentes activos resultaron directamente afectados al quedarse sin instalaciones de trabajo, pues forman parte de las más de 400 escuelas contabilizadas como dañadas por la UNICEF. La cifra exacta sobre el impacto real en la escasez de docentes la conoceremos una vez iniciado el año escolar, al contrastar las nóminas tras las primeras semanas de clases”, refirió Carlos Calatrava, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

“Aún se estudia la situación laboral que dejaron los sismos. Pero, de acuerdo con los propios estudios que hacen los sindicatos por su cuenta, es alarmante. Se puede llegar a una deserción laboral significativa”, añadió Raquel Figueroa, dirigente sindical nacional del Colegio de Profesores de Venezuela.

La fractura previa 

Para comprender el impacto del desastre hay que mirar el terreno sobre el cual tembló. El terremoto no cayó sobre un sistema sólido, sino sobre una estructura profundamente erosionada por años de desinversión y pulverización salarial.

Según registros de HumVenezuela en 2025, el 65 % de los planteles ya presentaba fallas en su planta física, 75 % carecía de acceso regular a agua potable o sanitarios aptos y 64 % funcionaba sin electricidad. 

La crisis económica previa ya había provocado una diáspora docente con un déficit acumulado de más de 200.000 profesores, según datos aportados por Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadre.

La catástrofe simplemente liquidó las reservas de energía de un gremio en condición de vulnerabilidad absoluta. La emergencia obligó a un cierre abrupto del año escolar previo, donde el déficit de especialistas derivó en que múltiples estudiantes de último año egresaran sin notas en materias clave como Matemáticas, Ciencias Naturales e Idiomas, destacó Raquel Figueroa.

“La crisis educativa precede al desastre natural. Desde los años 2017 y 2018 se observa un progresivo quiebre en el respaldo sociofamiliar hacia la figura del docente. Aunque la falla principal radica en el incumplimiento de políticas públicas por parte del Estado, esto derivó en una paulatina falta de apoyo por parte de las familias. La combinación de salarios insuficientes, escaso reconocimiento social y la devastación causada por el terremoto —especialmente en zonas como Vargas y las parroquias Libertador, El Paraíso o San Bernardino— pone al magisterio en su punto de mayor vulnerabilidad”, reafirmó Calatrava, quien consideró que el personal docente ya atravesaba un cuadro de saturación laboral antes de la emergencia.

“La mayoría tenía dos o tres trabajos en instituciones diferentes o realizaban labores independientes. Ahora la pérdida física de planteles deja a muchos educadores sin una de sus fuentes de trabajo, lo que intensificará la precariedad salarial”, dijo.

En esa misma línea, Fausto Romeo, director de la organización Consenso Educativo, sostuvo que en este período las expectativas se complican, pues se hará muy difícil que el sector público pueda dar mejoras salariales a sus empleados. “Los docentes en Venezuela hacen un esfuerzo enorme por mantener la calidad y la empatía con el sistema educativo, pero la emergencia provocará, posiblemente, que algunos no se presenten a trabajar, aunque es prematuro dar una cifra. Indudablemente, más de un maestro reevaluará su continuidad, sobre todo aquellos que perdieron sus viviendas”.

Indefensión material, vivienda y refugios

Lisett González, socióloga e investigadora de la organización Provea, suma otra arista: el uso de las escuelas como refugios temporales. Aunque el ministro informó que 12 de las 67 escuelas ya fueron desocupadas, para la especialista la ocupación de estas instalaciones para fines distintos al académico compromete tanto el derecho a la educación de los niños, como el derecho al trabajo de los docentes adscritos a esos centros.

Aún hay planteles ocupados por los damnificados. Foto: Mabel Sarmiento

“El problema central es la falta de una política pública para los maestros, una de carácter económico y socio habitacional. Al percibir salarios muy bajos, las familias de los educadores, cuyas viviendas resultaron destruidas o dañadas, no cuentan con ahorros ni recursos para establecer su vida cotidiana. Aunque el gobierno nacional activó programas de crédito para la reparación de los condominios y viviendas, no se observa una atención prioritaria hacia el gremio docente como grupo de especial interés público”.

Y, de nuevo, la opacidad: no hay estadísticas de cuántos docentes han tenido que desplazarse. “Un maestro que perdió su vivienda no necesariamente permanece en un refugio o carpa en La Guaira; pudo haberse trasladado temporalmente a la casa de familiares en Caracas o en otras regiones del país”.

Sostiene que resulta urgente mapear la ubicación del personal afectado, saber cuántos permanecen en sus zonas de origen, cuántos se encuentran en refugios y cuántos han reubicado en otras entidades. “Se requiere un plan específico e inmediato para garantizar que los docentes estén disponibles y en condiciones de retomar la labor pedagógica en sus aulas”.

Esa apreciación la comparte Hernández, quien comentó que la insolvencia crítica de las familias deja a los educadores sin ningún tipo de ahorros o fondos de emergencia. “Ante catástrofes sucesivas como los sismos y las inundaciones actuales, se ven impedidos de rehabilitar o reconstruir sus viviendas por cuenta propia, adquirir enseres o cubrir sus necesidades básicas. Esto los pone en una situación de indefensión material absoluta”.

El “círculo vicioso” 

Para la vocera de Fenasopadre, la escasez crítica de educadores y la sobrecarga rompen la continuidad pedagógica. “Los profesores sobrevivientes lidian con sus propios duelos y pérdidas, y se enfrentarán a aulas desasistidas y a la tarea compleja de recibir estudiantes que arrastran traumas profundos. La falta de recursos y de un plan institucional de apoyo impiden una adecuada contención emocional de la infancia y degrada severamente el proceso de enseñanza”.

Calatrava fue enfático cuando señaló que el personal docente ya atravesaba un cuadro de saturación laboral y que durante el receso escolar no se implementaron programas masivos de formación en contención emocional.

Ciertamente, la contención emocional ha recaído en el esfuerzo de la sociedad civil, las familias y proyectos universitarios independientes como Psicodata (Ucab). “Al verse despojados de sus espacios, el maestro o profesor debe operar emocionalmente como víctima de la catástrofe y como sostén emocional de sus alumnos, lo que desencadena consecuencias profundas en su desempeño y salud mental. El docente debe ser atendido de manera prioritaria”, recalcó Raquel Figueroa, quien completó diciendo que la pérdida de docentes en una zona afectada por un desastre natural genera un círculo vicioso: la falta de personal sobrecarga a los sobrevivientes, lo que deteriora de forma directa tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como la capacidad de brindar soporte emocional a los estudiantes.

La controversia de la formación exprés

Aunque a principios de agosto el ministro Rodríguez ofreció un balance en el que reportó que logró reducir el déficit en docentes especialistas, que el año pasado se ubicó en 25.393, a 13.834, lo que representa una disminución de 45,52 %; la falta de maestros y profesores es una realidad tangible en el país.

Colegio con daños estructurales, ubicado en La Guaira. Foto: Cortesía

Fausto Romeo puso el ojo en los números: “son bonitos y apetecibles de leer, pero lo que nos gustaría es constatar la calidad. La verdadera pedagogía se adquiere en los primeros tres años de la carrera, no licenciando técnicos que se especializan en una determinada carrera. Acortar o generalizar la formación perjudica la calidad educativa. Se ha recurrido al ingreso de profesionales no docentes, una modalidad que existe desde hace tiempo. Un ingeniero químico, por ejemplo, tiene los conocimientos para dictar Química y solo requiere el componente pedagógico, el cual actualmente se puede completar en siete y ocho meses”.

¿Qué se puede hacer por el gremio docente?

Frente a la crisis, los especialistas consultados denuncian un obstáculo recurrente: la falta de diálogo. Las comunicaciones y llamados públicos enviados al Ministerio de Educación no han recibido respuesta, omitiendo los mecanismos de comisiones paritarias establecidos en las convenciones colectivas.

Tampoco el sector educativo privado ha sido convocado masivamente a mesas de trabajo conjuntas desde el inicio de la contingencia, pero sí enfrentando presiones fiscales desmedidas por parte de municipios que, como en Vargas, mantuvieron el cobro de patentes comerciales en plena emergencia, dijo Romeo.

Ya la Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap, el 25 de agosto,  advirtieron sobre el riesgo de acelerar un retorno presencial automático a las aulas en medio de los vacíos de información pública por plantel. 

En su informe más reciente sobre las afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico, Cecodap y Redhnna reportan la afectación directa, en el caso de lasa escuelas de Fe y Alegría, al derecho a la educación de más de 15.000 estudiantes, aproximadamente 1.300 trabajadores y que cerca de 12.000 familias sufren perjuicio directo por la emergencia. “La magnitud de estas cifras exige planes de continuidad educativa, reubicación temporal, adecuación de espacios alternativos y medidas que eviten interrupciones prolongadas de las actividades escolares”, reflejó el documento. 

Al tiempo que señaló que la obligación estatal no se limita a reabrir escuelas y convocar la incorporación masiva de estudiantes y docentes, sino a garantizar entornos protectores, accesibles, dignos y seguros, especialmente en contextos de emergencia. 

El informe también reflejó las condiciones laborales del personal docente y obrero, pues testimonios recopilados por el equipo investigador señalan que, tras el doblete sísmico, se ha pedido a los docentes que sostengan la recuperación emocional y pedagógica de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se les excluye de bonos profesionales, beneficios vacacionales y aportes previsionales básicos.

Aproximaciones del impacto (Fuente: Cecodap)

Como quiera que se vea, el calendario marca el 14 de septiembre como el punto de retorno, pero la reapertura de las aulas se producirá en un terreno minado por la precariedad. 

Sin salarios acordes a la realidad, sin un plan socio habitacional que atienda la emergencia del magisterio y en medio del silencio institucional frente a los reclamos gremiales, la reapertura corre el riesgo de ser un mero formalismo. 

Reabrir las escuelas sin reparar primero el tejido humano que las sostiene no solo amenaza con profundizar la migración de docentes, sino con transformar la respuesta a la catástrofe en una crisis estructural de carácter permanente

Las tragedias no tocan a todos por igual. En esta emergencia hay duelos, desplazamientos, enfermedades, personas que quedaron amputadas de uno o más miembros, pérdida de viviendas, interrupción del transporte, de servicios básicos. Son múltiples los factores que amenazan el regreso a clases y ante ello los expertos consultados para esta entrega demandan respuestas activas del Estado:

• Rezonificación y matrícula para garantizar la continuidad escolar en entornos cercanos y seguros.
• Mapeo y distribución docente viables o nuevas contrataciones.
• Superar la improvisación para impedir que medidas temporales se conviertan en situaciones permanentes que postergue soluciones estructurales.

• Sueldo digno inmediato, ajustado a la realidad económica para rescatar al educador de la línea de pobreza extrema y frenar el éxodo.
• Atención integral en salud: restablecer la atención del IPASME para los docentes y sus familias mediante una administración pública, transparente y equipada en materia hospitalaria.
• Alimentación real: garantizar una verdadera mejora salarial que atienda la nutrición del educador, y superar esquemas como un cestaticket de $40 que resulta insuficiente o la entrega de bolsas CLAP.
• Soluciones habitacionales: dar programas extraordinarios de subsidios habitacionales y reconstrucción de viviendas para los docentes damnificados por los sismos y las inundaciones.

Los docentes también necesitan apoyo para la reconstrucción o compra de viviendas. Foto: Mabel Sarmiento

• Soporte continuo: dotación de seguridad social integral, atención médica y asistencia psicológica continua.
• Garantizar estabilidad laboral y condiciones operativas adecuadas en las escuelas.

• Elevar el gasto educativo nacional acorde con los parámetros internacionales
•  recomendados por la UNESCO (20 % del presupuesto o del PIB).
• Implementar un plan nacional de construcción y mantenimiento preventivo de edificaciones escolares sismorresistentes, asegurando el suministro estable de servicios públicos esenciales (agua y electricidad).
• Cerrar la brecha digital mediante conectividad y formación docente en TICs, adaptadas a contextos de baja conectividad.
• Fortalecer la carrera docente bajo principios democráticos, pluralistas y de autonomía, desarticulando la política del pensamiento único del currículo y revalorizando el rol del educador.