Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya las ejecuciones extrajudiciales registradas durante los operativos policiales que derivaron en la masacre de La Vega, en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Amnistía Internacional considera las muertes de al menos 14 hombres en el área de La Vega en Caracas, entre el 6 y 9 de enero de 2021, como probables ejecuciones extrajudiciales y llama a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluya estos hechos en su examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en Venezuela”, señala el informe publicado este jueves 18 de febrero.
El movimiento global que promueva la defensa de los derechos humanos señala que organizaciones de DDHH y residentes de La Vega negaron que las muertes hayan sido el resultado del enfrentamiento, y aseguraron que en realidad fueron en su mayoría ejecuciones extrajudiciales. Otras muertes podrían deberse a “balas perdidas”. No existe información sobre la muerte o lesión de algún funcionario policial.
Desde que ocurrió la masacre de La Vega, donde se contabilizan al menos 23 muertos, la administración de Nicolás Maduro, no se ha pronunciado para dar un balance de la matanza. Organizaciones como Provea han hecho un llamado al Defensor del Pueblo y a el Fiscal General, pero estos también han guardado silencio.
La organización global tuvo acceso a imágenes que presuntamente pertenecen a 14 víctimas de la masacre de La Vega; un patólogo forense externo independiente verificó los detalles de las lesiones y confirmó que siete cuerpos tenían heridas de bala en el corazón y otros dos cuerpos tenían un único impacto de bala inmediatamente sobre el corazón. Mientas que dos cuerpos tenían una sola herida de bala en la cabeza.
A 20 días de la masacre de La Vega gobierno de Maduro guarda silencio
“La ubicación y número de las heridas de bala en los cuerpos de las víctimas en La Vega hacen aún menos creíble la versión oficial de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento con fuego cruzado. Por el contrario, corroboran los hallazgos de Amnistía Internacional sobre una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional en Venezuela. Sin señales de una investigación imparcial e independiente sobre los hechos, el examen de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se torna más necesario que nunca,” dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI de las Américas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, con quienes Amnistía Internacional tuvo contacto, tomaron testimonios de familiares de las víctimas y muchos de los relatos coinciden con el modus operandi que ya Amnistía Internacional ha documentado repetidamente en el pasado.
“Funcionarios policiales entran a las viviendas sin orden de detención o de allanamiento, inmovilizan al joven dentro de la vivienda, sin que se produzca ningún enfrentamiento, se retiran, o incluso dentro de la vivienda, y lo ejecutan con uno o dos disparos en una zona altamente letal del cuerpo como el tórax o la cabeza. Seguidamente, los funcionarios alteran la escena del crimen, simulan un enfrentamiento o trasladan el cuerpo para evitar diligencias criminalísticas, y califican la muerte como “resistencia a la autoridad”, se lee en el documento.
En el informe AI señala que investigó a través de fuentes abiertas y su Laboratorio de Evidencias de Crisis, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 6 y el 9 de enero de 2021 en la parroquia La Vega, de Caracas y, a pesar de que no puede concluirse que en todos los casos haya habido una actuación dolosa por parte de las autoridades, existen suficientes indicios para concluir que los hechos en cuestión responden a un patrón de ejecuciones extrajudiciales que se denuncian desde hace años por organismos y organizaciones internacionales y la sociedad civil venezolana.
AI asegura que verificó nueve videos filmados entre el 8 y el 9 de enero que «muestran la actividad policial» en la zona de La Vega. La organización cita, entre otros, uno grabado «cerca de la calle 1 de Mayo, en el corazón de La Vega».
«Alrededor de los 20 segundos -relata AI-, se puede escuchar un disparo y un oficial de policía se agacha. A los, aproximadamente, 30 segundos, se puede ver al mismo oficial apuntando su arma mientras se esconde donde otros policías están esperando. Las insignias de la CPNB (Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana) y la Policía Nacional Bolivariana se pueden ver claramente en algunos de los uniformes».
Organizaciones de derechos humanos y residentes de La Vega, según AI, negaron que las muertes fueran resultado del enfrentamiento, sino «ejecuciones extrajudiciales» en su mayoría. Otras podrían deberse a «balas perdidas».
#Venezuela Ejecuciones extrajudiciales, control social e impunidad:
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) February 18, 2021
🔎Verificamos evidencias de casos en #LaVega entre 6-9 enero
⚠️Confirmamos política de ejecuciones de jóvenes en zonas pobres
🏛️La Fiscalía de la @IntlCrimCourt debe investigar los hechoshttps://t.co/kcCAR6nDdC pic.twitter.com/dlF4Wift5H
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Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya las ejecuciones extrajudiciales registradas durante los operativos policiales que derivaron en la masacre de La Vega, en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Amnistía Internacional considera las muertes de al menos 14 hombres en el área de La Vega en Caracas, entre el 6 y 9 de enero de 2021, como probables ejecuciones extrajudiciales y llama a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluya estos hechos en su examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad que hayan ocurrido en Venezuela”, señala el informe publicado este jueves 18 de febrero.
El movimiento global que promueva la defensa de los derechos humanos señala que organizaciones de DDHH y residentes de La Vega negaron que las muertes hayan sido el resultado del enfrentamiento, y aseguraron que en realidad fueron en su mayoría ejecuciones extrajudiciales. Otras muertes podrían deberse a “balas perdidas”. No existe información sobre la muerte o lesión de algún funcionario policial.
Desde que ocurrió la masacre de La Vega, donde se contabilizan al menos 23 muertos, la administración de Nicolás Maduro, no se ha pronunciado para dar un balance de la matanza. Organizaciones como Provea han hecho un llamado al Defensor del Pueblo y a el Fiscal General, pero estos también han guardado silencio.
La organización global tuvo acceso a imágenes que presuntamente pertenecen a 14 víctimas de la masacre de La Vega; un patólogo forense externo independiente verificó los detalles de las lesiones y confirmó que siete cuerpos tenían heridas de bala en el corazón y otros dos cuerpos tenían un único impacto de bala inmediatamente sobre el corazón. Mientas que dos cuerpos tenían una sola herida de bala en la cabeza.
A 20 días de la masacre de La Vega gobierno de Maduro guarda silencio
“La ubicación y número de las heridas de bala en los cuerpos de las víctimas en La Vega hacen aún menos creíble la versión oficial de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento con fuego cruzado. Por el contrario, corroboran los hallazgos de Amnistía Internacional sobre una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional en Venezuela. Sin señales de una investigación imparcial e independiente sobre los hechos, el examen de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se torna más necesario que nunca,” dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI de las Américas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, con quienes Amnistía Internacional tuvo contacto, tomaron testimonios de familiares de las víctimas y muchos de los relatos coinciden con el modus operandi que ya Amnistía Internacional ha documentado repetidamente en el pasado.
“Funcionarios policiales entran a las viviendas sin orden de detención o de allanamiento, inmovilizan al joven dentro de la vivienda, sin que se produzca ningún enfrentamiento, se retiran, o incluso dentro de la vivienda, y lo ejecutan con uno o dos disparos en una zona altamente letal del cuerpo como el tórax o la cabeza. Seguidamente, los funcionarios alteran la escena del crimen, simulan un enfrentamiento o trasladan el cuerpo para evitar diligencias criminalísticas, y califican la muerte como “resistencia a la autoridad”, se lee en el documento.
En el informe AI señala que investigó a través de fuentes abiertas y su Laboratorio de Evidencias de Crisis, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 6 y el 9 de enero de 2021 en la parroquia La Vega, de Caracas y, a pesar de que no puede concluirse que en todos los casos haya habido una actuación dolosa por parte de las autoridades, existen suficientes indicios para concluir que los hechos en cuestión responden a un patrón de ejecuciones extrajudiciales que se denuncian desde hace años por organismos y organizaciones internacionales y la sociedad civil venezolana.
AI asegura que verificó nueve videos filmados entre el 8 y el 9 de enero que «muestran la actividad policial» en la zona de La Vega. La organización cita, entre otros, uno grabado «cerca de la calle 1 de Mayo, en el corazón de La Vega».
«Alrededor de los 20 segundos -relata AI-, se puede escuchar un disparo y un oficial de policía se agacha. A los, aproximadamente, 30 segundos, se puede ver al mismo oficial apuntando su arma mientras se esconde donde otros policías están esperando. Las insignias de la CPNB (Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana) y la Policía Nacional Bolivariana se pueden ver claramente en algunos de los uniformes».
Organizaciones de derechos humanos y residentes de La Vega, según AI, negaron que las muertes fueran resultado del enfrentamiento, sino «ejecuciones extrajudiciales» en su mayoría. Otras podrían deberse a «balas perdidas».
#Venezuela Ejecuciones extrajudiciales, control social e impunidad:
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) February 18, 2021
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