Hace 20 días vecinos de La Vega, al suroeste de Caracas, vivieron horas continuas de agonía y desesperación. Un enfrentamiento entre bandas delictivas culminó con un operativo policial que dejó 23 personas muertas en presuntos enfrentamientos con la autoridad. A 20 días de la masacre de La Vega, la administración de Nicolás Maduro guarda absoluto silencio.
La organización no gubernamental Provea asegura que 23 personas perdieron la vida durante la masacre en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes-PNB).
Provea Instó a la administración de Maduro a pronunciarse sobre lo ocurrido, pero hasta este 31 de enero no ha habido ninguna reacción ante el operativo policial.
“Cuestionamos el silencio del Defensor y el Fiscal, pero no nos extraña. Ratifica que en La Vega hubo una masacre. Les queda difícil dar la cara y dar una versión distinta de la que los familiares han venido denunciando y las ONG defensoras de derechos humanos”, dijo Mariano Alvarado a Efecto Cocuyo, mediante un contacto telefónico.
Provea sostiene que buena parte de las 23 personas que murieron en La Vega, no se enfrentaron a las autoridades. “Estas personas fueron detenidas y ejecutadas”.
Qué pasó en La Vega
Desde la noche del 7 hasta el 9 de enero, vecinos de varios sectores de La Vega avistaron a civiles con armas de alto calibre merodeando por las calles de la parroquia caraqueña. La versión policial señala que los hombres pertenecían a la banda organizada de El Vampi, El Garbis y de Carlos Luis Revette, alias El Coqui, líderes negativos de la Cota 905, y que presuntamente estos pretendían anexar a La Vega a los territorios que controlan.
Una segunda versión de la policía indica que los hombres se encontraban en el populoso barrio para desplazar a todo funcionario policial que viviera en La Vega, ya que las bandas de delincuencia organizada no permitirían que los efectivos policiales vivieran en algunos sectores de la parroquia.
Ante la situación denunciada por vecinos a través de redes sociales y medios de comunicación, algunos sectores de la parroquia fueron tomados por funcionarios de las Faes el viernes 8 de enero. Los efectivos se desplegaron en tanquetas y con armas largas.
Un escuadrón de más de 350 funcionarios de seguridad participó en el operativo policial que se desarrolló en La Vega, y que recuerdan el comienzo de los despliegues de la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que fue cuestionada por diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos.
Aunque el operativo era para desmantelar a las bandas que se mantienen en el lugar, la operación se convirtió en una matanza. Los familiares de las personas que murieron denunciaron que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ya que a muchos los detuvieron y posteriormente los ejecutaron.
“Ese silencio del Fiscal (Tarek William Saab designado por la ANC) ratifica una vez más que la actuación fue irregular, porque si llegan a reconocer parcialmente que allí hubo ejecuciones, el Fiscal debería empezar por investigar a la ministra Meléndez, al director de la PNB y al director de las Faes, y bueno es preferible guardar silencio que enfrentar a esos funcionarios; de acuerdo a la cadena de mando tendría en principio una alta responsabilidad de lo que allí ocurrió”, explicó Alvarado de Provea.
Familias exigen justicia
Carlos Hernández tenía 17 años de edad cuando fue impactado por dos tiros que provenían del arma de fuego de un funcionario de las Faes. El adolescente salió a comprar un queso y cuando escuchó el tiroteo se escondió, pero el funcionario lo avistó, le dio la voz de alto y lo mató, relató a Efecto Cocuyo un familiar que prefiere quedar en anonimato por temor a represalias.
Hernández trabajaba como vendedor en una bodega de su comunidad en el barrio Independencia del suroeste caraqueño; hasta el momento su familia espera justicia, pero el Gobierno no les ha dado esperanza de que la consigan.
Aunque ya hicieron la denuncia de la ejecución en el Ministerio Público, todo se ha mantenido en silencio, nadie les ha respondido por el asesinato del joven. “No han llamado de la Fiscalía y ya fuimos para allá y dimos una declaración del hecho, todo está en silencio”, dice el consternado familiar.
20 días después de la incursión policial el barrio sigue de luto y los funcionarios de las Faes recorren casi que a diario las zonas donde masacraron a 23 personas. “Mataron a más de un inocente y algunos los sacaron de su casa”, dice el familiar de adolescente Hernández.
Amedrentamiento de las Faes
Aunque con poca esperanza la familia Hernández le pide a la administración de Nicolás Maduro que se haga justicia porque a Carlos lo mataron “como a un perro, como si fuera un delincuente”. Los familiares casi que no pudieron reconocer el cadáver; los funcionarios no les permitían acceder fácilmente al hospital Miguel Pérez Carreño.
“Los funcionarios de las Faes siguen amedrentando, el Gobierno debería darle un parado, porque están demasiado abusadores, se creen dueños de la vida”, dice el familiar.
La familia Plazola y Piña está de luto. En el callejón Las Margaritas, del barrio El Carmen de La Vega fueron testigos de la muerte de Julio Piña de 23 años y de Jefferson Plazola, de 28 años de edad.
A Piña lo ejecutaron mientras caminaba por la calle a menos de 500 metros de su casa; el joven tenía a su hijo de un año de edad en los brazos y funcionarios de las Faes se lo quitaron para después dispararle varias veces al joven, indicaron los familiares a Efecto Cocuyo.
Las dos familias vivían juntas; la madre de Piña era esposa de Plazola y ella fue testigo de cómo los funcionarios de las Faes mataron a su esposo dentro de su propia casa. A la mujer la sacaron de su hogar junto a sus hijas y nietos y después de 20 minutos escuchó las detonaciones que acabaron con la vida del joven Plazola.
Ese día Reymond Márquez, de 22 años de edad se encontraba de visita en el hogar de los Piña-Plazola. También fue ejecutado y las autoridades de las Faes no les dieron explicación a las familias.
“A ellos (las víctimas directas) los sentaron en una silla, nos sacaron para el patio y 20 minutos después se escucharon los disparos. Yo lloraba y los funcionarios me decían: `maldita métete para adentro´”, contó.
Sin respuesta oficial
A los Plazola–Piña no los ha llamado Fiscalía ni algún ente gubernamental, tampoco han tenido atención de alguna organización defensora de los DDHH. “A mí no me han llamado ninguna Fiscalía, ni ONG, según ellos a mi hijo lo mató una bala perdida pero eso no fue así, y las Faes hasta se tomaba fotos con el cadáver de mi hijo”, dice la mujer.
Los familiares piden justicia al considerar que la mayoría de los que mataron son personas inocentes. “Por favor hagan justicia, no es posible que maten a la gente porque le dio la gana”.
Mientras tanto la vida continúa en silencio en estas calles de La Vega, donde hace 20 días, 23 personas murieron a manos de la policía. “Siguen viniendo los funcionarios, pero la gente sigue con temor porque sabemos que matan a gente inocente. Si vemos una patrulla la gente se encierra”, contó.