Veintitrés muertos. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), informó que al menos 23 personas murieron durante el operativo policial realizado en La Vega el pasado viernes 8 de enero.
A través de un video, Marino Alvarado, representante de la organización no gubernamental, aseguró que los familiares de las víctimas han empezado a denunciar la detención de personas para luego ejecutarlas.
“Desde Provea emplazamos al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a que se pronuncie ante la masacre de La Vega. Veintitrés personas fueron asesinadas por las Fases”, instó Alvarado.
Desde que ocurrió el enfrentamiento en La Vega, ningún funcionario de la administración de Nicolás Maduro se ha pronunciado, tampoco han dado un balance con la cifra de fallecidos.
El episodio en este sector popular del municipio Libertador recuerda los inicios de las llamadas Operación de Liberación al Pueblo (OLP), que fueron cuestionadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos.
Alvarado recordó que desde el año 2010 a agosto de 2020 más de 27 mil personas han sido asesinadas por cuerpos policiales y militares en el país. “Dónde está la voz del defensor del pueblo”, se pregunta.
Provea exhortó a Alfredo Ruíz a realizar una denuncia y que le explique al país qué fue lo que ocurrió en La Vega. “Por qué hay 23 muertos y no hay heridos ni de los presuntos delincuentes ni de los funcionarios policiales. Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz ante esta grave violación de derechos humanos”, reiteró Alvarado a través de un video que distribuido por redes.
La masacre de La Vega
Durante tres días los vecinos de La Vega, sector ubicado en el suroeste de Caracas, vivieron horas de terror tras los enfrentamientos entre delincuentes de una megabanda y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB (Faes).
Provea atribuye los 23 muertos que contabiliza a las Faes, cuerpo policial cuestionado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ser el responsable de la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
La información policial a la que tuvo acceso Efecto Cocuyo revela que los miembros de la megabanda que opera en la Cota 905 y de la banda de El Loco Leo, de El Valle, estarían tratando de alzarse con el poder territorial de la zona y convertirlo así en un Estado paralelo, como en José Félix Ribas en Petare, o la misma Cota 905.
La ONG Monitor de Víctimas registra de manera extraoficial 24 muertos de la matanza y tiene identificados a 10 de los fallecidos, que, según un reporte publicado en el portal Runrunes, “no podrían tener actos velatorios, sino que serían llevados directamente al cementerio. Varios de los sepelios serán pagados por el Estado”.
Los fallecidos que fueron identificados por el Monitor de Víctimas son: Yerikson José García Duarte, de 32 años, un carpintero a quien le dispararon en el callejón El Hueco del barrio San Nicolás del sector Los Mangos a las 9:30 pm.
Raúl Antonio Lira Sánchez, un ayudante de mecánica del Ministerio de Hábitat y Vivienda, de 25 años de edad. Eliécer Rafael Martínez Rojas, de 23 años, quien trabajaba como colector en un autobús. Richard Alejandro Chile Cabello, un joven de 20 años que era empleado en un autolavado de El Paraíso.
También fueron identificados Julio Alexander Pino Moreno, de 23 años, y Yeferson José Moreno Plazola, de 28, eran los sostenes de un hogar de 13 personas y trabajaban como carretilleros en el Mercado de Coche.
A la lista se agregan Carlos Alfredo Hernández Hurtado, de 17 años, quien trabajaba desde los 15 años en una carnicería, Jonathan Useche, que, según el relato de sus familiares, fue sacado de su casa encapuchado por los funcionarios de las Faes; Nelson Enrique Villalta Talima, profesor de música y vigilante de 49 años de edad, y Néstor Duarte, asesinado en su casa por funcionarios del grupo élite de la PNB.
Con información de Monitor de Víctimas