Pensionados y jubilados exigen inclusión prioritaria en el diálogo por la transición

El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores entregó este lunes una carta a la diputada Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y coordinadora de la Comisión de Diálogo para la Transición Democrática, en la que solicitó incorporar la crítica situación de los adultos mayores como tema prioritario en la agenda de las negociaciones.

Los representantes de la organización se reunieron con Figuera y acompañaron su petición con un informe detallado sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de este sector, al que calificaron como “históricamente postergado”. En la comunicación instaron a que los adultos mayores tengan voz en la construcción del futuro del país.

Según el Comité, desde 2013 —y con mayor intensidad en los últimos años— millones de jubilados, pensionados y adultos mayores han visto “pulverizado el valor real de sus ingresos”, enfrentando graves dificultades para acceder a alimentos, medicinas, atención médica, vivienda y servicios públicos. La organización denunció además el abandono de miles de pensionados venezolanos en el exterior, cuyos pagos fueron suspendidos desde 2016, generando una deuda que el Estado “deberá necesariamente reconocer y reparar”.

En un comunicado difundido este lunes, el Comité señaló: “Exponemos la violación sistemática de los DDHH de este sector vulnerable de la población venezolana, condenados a una pobreza extrema, caracterizada por fallecimientos producto de la desnutrición, falta de medicamentos y control médico por un ingreso insuficiente”; agregaron que la situación se agravó con los terremotos del 24 de junio de 2026.

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— PROVEA (@_Provea) August 10, 2026

Datos de referencia indican que el salario mínimo oficial para adultos mayores ronda los 130 bolívares (aproximadamente 0,17 dólares), frente a una canasta básica alimentaria estimada en cientos de dólares. El Gobierno compensa parcialmente con bonos que, según reportes, alcanzan unos 70 dólares para pensionados y 130 para algunos jubilados del sector público.

La organización extendió su solicitud a la situación de los trabajadores activos y enfatizó que “la recuperación democrática de Venezuela no puede construirse dejando de lado a quienes durante décadas trabajaron, cotizaron y contribuyeron al desarrollo de la Nación. La dignidad de nuestros adultos mayores no puede seguir esperando”.

El proceso de diálogo, impulsado en el marco de la transición política tras los acontecimientos de los últimos meses, se encuentra en su primera ronda de sesiones, prevista hasta el 12 de agosto. Provea, que respaldó la acción del Comité, subrayó que cualquier diálogo genuino debe centrarse en las necesidades de la población, incluyendo salarios y pensiones suficientes, así como el pleno reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.