Los muertos que el Estado dejó de contar tras el doble terremoto de La Guaira

El cadáver de Ricardo Alberto Alejo Rodríguez, de 44 años, fue extraído la madrugada del 28 de octubre de 2026 de las placas colapsadas del edificio Mansión Club Caraballeda, en el estado Vargas, tras 126 días de búsqueda impulsada por sus familiares. A unos metros, en las residencias Caribe, en la parroquia Caraballeda, los voluntarios tienen más de cuatro meses ininterrumpidos en la recuperación de los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros.

Ninguna de estas operaciones de rescate parece no modificar el balance gubernamental del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país el 24 de junio de 2026. Los boletines informativos diarios, y sistematizados, cesaron en julio al cumplirse el primer mes del desastre. El Ejecutivo nacional realizó un último ajuste oficial que ubicó la cifra en 6.301 fallecidos el 11 de agosto y posteriormente la estancó en 6.509 fallecidos el 24 de agosto. 

A 6.509 aumenta número de muertos del doblete sísmico

La decisión de las autoridades nacionales y regionales de congelar definitivamente la publicación de balances oficiales, tras aquel último reporte de agosto, genera incertidumbre y ansiedad colectiva en la población guaireña, al tiempo que impide a las comunidades verificar el alcance real de la catástrofe, así lo advirtió Iván Cedeño, profesor universitario jubilado, exvicerrector académico de la Universidad Marítima del Caribe y coordinador general de la Red de Sobrevivientes del estado Vargas, quien en una entrevista con Efecto Cocuyo explicó que la falta de transparencia gubernamental deja a los ciudadanos sin herramientas de verificación. 

“El hecho de que no exista un registro público independiente ni una base de datos con acceso nominal directo en la que podamos ver los nombres, la cédula y la ubicación de las personas que han fallecido hace que no podamos validar absolutamente nada de lo que se diga porque no nos consta”, señaló Cedeño.

Ese silencio informativo en torno de las víctimas abrió una brecha entre los despachos del poder central, las autoridades regionales y las estimaciones científicas extranjeras.

Mientras el gobierno nacional paralizó su registro en 6.509 muertos y omitió publicar un listado de desaparecidos bajo el argumento de evitar especulaciones, el gobernador de Vargas, José Alejadro Terán, llegó a estimar 7.265 fallecidos y 1.579 desaparecidos, según documentó Amnistía Internacional en su informe del 23 de septiembre de 2026. 

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) proyectó, al inicio de la emergencia, entre 50.000 y 100.000 víctimas mortales. Su estimación más reciente ubicó la cifra por encima de los 53.000 fallecidos, una disparidad que el coordinador de la Red de Sobrevivientes atribuye directamente a la falta de transparencia estatal. 

Servicio Geológico de EEUU calcula 53.000 muertes por terremotos en Venezuela

“Eso no se hace desde el punto de vista oficial, se está abonando el terreno para que instituciones privadas nacionales e internacionales estimen sus propias cifras y se genere un estado de confusión generalizado en la población”, advirtió. 

Ante la inexistencia de cifras abiertas, la organización civil Venezuela Te Ayuda habilitó la plataforma digital Venezuela Te Busca para sistematizar los reportes ciudadanos. De acuerdo con el balance suministrado en exclusiva por el equipo de Venezuela Te Ayuda para este trabajo, 44.349 personas entraron al registro general, de las cuales 17.799 continúan desaparecidas y 26.550 fueron localizadas, entre ellas, 1.457 registradas como fallecidas, 17.482 ingresadas en centros de salud y 1.331 dadas de alta. 

La organización detalló a Efecto Cocuyo que 6.792 reportes corresponden a niños, niñas y adolescentes, de los cuales, 205 fueron registrados como fallecidos, mientras que en otros 11.343 registros no se especificó la edad de las personas ingresadas.

Según las estadísticas de Venezuela Te Ayuda, junio concentró 40.434 personas ingresadas destacando el 25 de junio con 20.748 reportes en un solo día, casi la mitad de todo el registro; julio sumó 3.835 casos, con 3.558 localizados y desde agosto entraron 80 reportes adicionales, en un sistema donde 4.525 usuarios pidieron aviso directo si alguien aparecía y se recibieron 2.944 pistas.

Hallazgos que desmienten el cierre de las cifras

La paralización del conteo gubernamental contrasta con el trabajo de brigadistas voluntarios, bomberos, familiares y periodistas en terreno, quienes entre agosto y octubre documentaron extracciones de cadáveres bajo edificios desplomados en La Guaira. 

El 6 de agosto se cerró la búsqueda de Cristina Ramos “la señora de las uñas bonitas”, quien había sido rescatada con vida en Playa Grande el 25 de junio, pero cuyo cuerpo fue localizado por su familia en la morgue tras permanecer extraviado durante más de un mes luego de fallecer bajo custodia médica estatal. 

Dos semanas después, la noche del 19 de agosto, a 55 días del sismo, rescatistas hallaron en Residencias Bahía Mar, en Caraballeda, los cuerpos de siete integrantes de la familia de María Eugenia Goncalvez dentro de un vehículo en el estacionamiento, detrás de los ascensores, donde quedaron atrapados cuando salían hacia Caracas. 

“Hasta hallarlos no nos vamos”, siguen búsquedas en Vargas a un mes del doble terremoto

A finales de septiembre y principios de octubre, las excavaciones se concentraron en los 12 pisos colapsados de Residencias Caribe, en Caraballeda, donde se calculaba que más de 70 cuerpos seguían sepultados. 

El 28 de septiembre, voluntarios de la brigada Cascos Rojos, que días antes excavaban para ubicar a los adultos mayores Rodolfo y Elizabeth, extrajeron nuevos cadáveres de esa estructura, y el sábado 3 de octubre una comisión de voluntarios de Máquina de Hierro, Topos Azteca y el Cuerpo de Bomberos recuperó otros cuatro cuerpos en la planta baja de la Torre B, elevando a seis los cuerpos extraidos en ese momento. 

Durante el resto de octubre los hallazgos verificados en Residencias Caribe continuaron. El 10 de octubre, a 107 días del terremoto, rescatistas guiados por drones introducidos en las cavidades del edificio recuperaron los restos de dos mujeres de 58 y 78 años dentro de una iglesia cristiana y avistaron otros dos cuerpos pendientes por extraer. 

Once días más tarde, el miércoles 21 de octubre, cuadrillas de rescate hallaron los restos del joven Joao Gonçalves, de 21 años, en el edificio El Paseo de la calle Linares, en el casco colonial de la parroquia Macuto, y horas después el periodista Orlefrank Amaya reportó la extracción de otro cadáver en Residencias Caribe, lo que elevó a 12 las víctimas recuperadas en ese bloque durante las semanas previas. A estos casos se sumó, en la madrugada del 23 de octubre, la recuperación en Residencias Caribe del cuerpo del piloto comercial Gustavo Riascos por parte de tres grupos voluntarios, antes de cerrar el mes con la extracción de Ricardo Alberto Alejo Rodríguez en Mansión Club Caraballeda el 28 de octubre.

En otros conjuntos destruidos, la recuperación de las víctimas ha chocado con la entrada de maquinaria pesada y demoliciones aceleradas. En los complejos de Misión Vivienda OPP-26 y OPP-27 de Caraballeda, donde previamente se habían extraído 11 cuerpos, madres como Eilen Solano y otros familiares han mantenido búsquedas nocturnas y denunciaron que ingenieros de las obras de remoción entorpecen el rescate con retroexcavadoras sin detenerse ante el avistamiento de restos humanos. 

Vecinos y familiares protagonizaron protestas similares en varios edificios colapsados para exigir la recuperación de sus seres queridos. Entre los casos figuran el de Yuri Verdú en el edificio El Jurel por los cuerpos de su madre y su primo; el de la familia de Sacha Chagua en Ritasol Palace, y el reclamo de los residentes de la Torre C de la OPP 36 en el urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande, donde el retiro de escombros avanzó pese a la oposición de los familiares.

El espejo de 1999

El coordinador de la Red de Sobrevivientes advirtió que las extracciones de restos humanos tras más de 100 días bajo el concreto exigen organizar una base de datos pública con acceso nominal para evitar fallas en las entregas forenses.

“Esto es un tema esencialmente de dignidad humana para que las personas, cuando reciban el cuerpo de un fallecido a más de 100 días, puedan tener la seguridad de que se trata de su familiar y no se incurran en errores como ya ha ocurrido”, dijo. 

Esa desconfianza hacia el manejo de las cifras de fallecidos coincide con lo documentado por Amnistía Internacional tras entrevistar a 21 afectados directos en Caracas y La Guaira. Mientras los cuerpos policiales, militares y de inteligencia se enfocaron en la vigilancia y el control territorial de las zonas siniestradas, las familias tuvieron que remover escombros con sus manos y peregrinar por morgues improvisadas como la instalada en Los Silos, dentro del puerto de La Guaira. 

Ante la falta de datos desagregados por edad o sexo y sin protocolos claros de genética forense, los parientes debieron revisar fotografías de cadáveres irreconocibles en una tableta digital, inspeccionar bolsas directamente o recibir cuerpos ya incinerados sin certeza de su identidad. 

Una mujer que aguardaba resultados de ADN en ese recinto relató a Amnistía Internacional la respuesta que recibió de los funcionarios públicos. “Me dijeron que tenía que seguir esperando porque son muchos fallecidos y que me acuerde de la tragedia de Vargas que todavía hay familiares que buscan a los desaparecidos, imagínese cómo me siento”.

La comparación con los deslaves del 15, 16 y 17 de diciembre de 1999 no se limita al trato en las morgues. De acuerdo con los registros del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), durante aquella catástrofe que sepultó pueblos enteros bajo el lodo, y dejó incomunicado al litoral por vía terrestre, el Estado venezolano militarizó la región mediante el estado de alarma pero jamás publicó una cifra real de víctimas mortales; solo ofreció estimaciones oficiales frente a cálculos extraoficiales que superaban los 15.000 fallecidos, mientras las familias buscaban sin respuesta en hospitales y comandos.

Al evaluar ese antecedente histórico, Cedeño sostuvo que el ocultamiento actual tampoco se reduce a los fallecidos, sino que abarca las métricas de escombros retirados, el censo de damnificados en refugios, el cronograma de asignación de viviendas de interés social y la ausencia de mapas de riesgo y estudios de suelo debatidos con las comunidades sobre la placa del Caribe y la falla de San Sebastián. 

“Cuando uno mira y hace un balance de lo que está ocurriendo con base en los datos, no es una especulación concluir que se están repitiendo los mismos errores del año 99”, aseguró. 

Del desgaste en los refugios a una propuesta de refundación

Según las cifras recopiladas por Amnistía Internacional, los terremotos impactaron 60.785 viviendas evaluadas y dejaron al menos a 17.345 personas sin hogar para principios de julio. Aunque el Ejecutivo aplicó etiquetas rojas, amarillas y verdes en las fachadas y levantó censos mediante el Sistema Patria, miles de familias superaron los 100 días en campamentos transitorios o carpas improvisadas sin conocer las fechas de cierre de los albergues ni el término de la emergencia.

Frente a ese escenario, Cedeño explicó que los sobrevivientes guaireños rechazan el rol meramente asistencialista que intenta imponer el Estado. “Por mucho que las personas sean atendidas, eso produce un desgaste y una sobrecarga mental, pero aun con el dolor de nuestros hijos, padres y madres fallecidos en los hombros, tenemos el derecho a dejar de ser víctimas pasivas tratadas como minusválidas y pasar a ser cocreadores y consejeros del proceso”.

Sectores civiles y económicos de Vargas apuestan pasar de la contingencia a la reconstrucción

Según detalló el coordinador de la Red de Sobrevivientes, este movimiento civilista ya agrupa a miles de ciudadanos registrados, centenares de profesionales, entre arquitectos, médicos, educadores y geólogos, así como a las cámaras de la Construcción, Turismo, Inmobiliaria, Transporte Pesado y Ferreteros del litoral central. 

Cedeño precisó que hace más de un mes entregaron cartas formales, con acuse de recibo sellado, dirigidas a la Presidencia  Interina de la República, la Gobernación de Vargas, la Alcaldía del municipio Vargas y al ministro Héctor Garcés para compartir los datos levantados en campo, sin haber recibido respuesta de ninguna instancia.

“Nos anima un espíritu civilista sin ningún cálculo político para plantear con respeto que no queremos una reconstrucción impuesta desde una planificación fría en una oficina en Caracas ni volver a levantar edificios en zonas vulnerables, sino una refundación del estado mediante consulta pública que parta de la cultura y la esencia del propio guaireño”, concluyó.