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“Lleva dos semanas encerrada en Bangui”: hija de venezolana deportada a África pide apoyo de la OIM

Marilú Paredes, de 66 años, fue deportada de Texas a la República Centroafricana, donde además está sin pasaporte porque ICE lo tiene retenido.

A mediados de año la venezolana Marilú Paredes vivía en Estados Unidos y cuidaba a diario de su esposo diabético. Hasta entonces no había oído nada sobre la República Centroafricana, un violento y empobrecido país a unos 10 mil kilómetros de distancia de su hogar. El 25 de agosto de 2026, Paredes fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el 24 de octubre deportada con otras nueve mujeres a esa nación en el corazón de África, a pesar de que en enero el mismo gobierno estadounidense emitió una alerta de nivel 4 y recomendó a sus ciudadanos no viajar allí debido a la delincuencia, los secuestros y los riesgos para la salud que se registran en el lugar.

Han pasado dos semanas desde que Paredes llegó a Bangui, la capital de la República Centroafricana. En un vídeo publicado en redes sociales, Marilú, de 66 años, contó que las autoridades migratorias la trasladaron desde el Centro de Detención de Migrantes (Montgomery Processing Center), en Conroe, estado de Texas. Además, manifestó que no tiene consigo sus documentos de identidad y que teme por su vida.

“Ellas están resguardadas bajo la Organización Internacional de Migración (OIM) en un lugar que habilitaron. La organización tiene habilitados varios complejos residenciales de acuerdo con lo que me comentó mi mamá. Les dan también desayuno, almuerzo y cena. Pero mi mamá, por ser una persona mayor, no sale de allí. Vive encerrada porque obviamente no conoce el lugar ni a las personas. Lleva ya dos semanas encerrada. Es más la afectación emocional y psicológica que ha tenido porque en varias oportunidades que hemos hablado con ella se quiebra”, dijo Maylu López, hija de Marilú, a Efecto Cocuyo este 6 de noviembre en llamada telefónica desde Tomball, Texas.

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Explicó también que ha intentado ponerse en contacto directamente con la OIM por distintos medios, incluso en su sede principal en Suiza, pero que hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

“Solicitamos saber el estatus de mi mamá en Bangui, preguntamos si ella podía salir del país o pedir asilo en algún otro, incluso en otra embajada allí mismo, pero no hemos tenido respuesta todavía. Mi mamá tiene su pasaporte retenido por ICE. Ella no tiene ningún tipo de documentación allí y eso nos preocupa. ¿Cómo van ellos a diligenciar un traslado hacia otro lugar desde Centroáfrica si ella no tiene documentación? Entiendo que tres mujeres que la acompañan les entregaron hace unos tres días unas visas africanas y les están tramitando su traslado, pero mi mamá sigue allí”, dijo López.

Paredes es la primera mujer venezolana en sufrir una deportación de EEUU a un tercer país en África de la que se tenga información. Antes que ella, el connacional Carlos Téllez Sánchez fue enviado a Liberia el 20 de agosto tras permanecer al menos siete meses detenido por ICE. Estos casos son consecuencia de la política de traslado a terceros países (Third-Country Removals) del gobierno estadounidense, que ha causado indignación en Venezuela y alerta entre organizaciones defensoras de derechos humanos alrededor del mundo.

Un golpe a la familia

Maylu López asegura que la situación de su madre ha impactado con fuerza a su familia, que en el presente reside en Estados Unidos. Señala que los más pequeños también se ven afectados. De hecho, su hija de cuatro años cree que su abuela “esta cuidando a su hermana”.

“Ella está muy chiquita todavía y no le decimos nada. Pero los niños son como esponjitas y no están exentos de la realidad. Ellos captan todo. Mi papá está tratando de ser fuerte y nosotros tratamos de mantenerlo informado acerca de cada paso que damos, porque eso también lo ayuda a albergar un poco de esperanza de que mi mamá salga pronto”, expresó López.

Asimismo, recordó que recientemente su padre sufrió la amputación de una de sus piernas debido a complicaciones atribuidas a la enfermedad que padece. Agregó que ha para él sido duro adaptarse la nueva realidad sin la presencia de Marilú, con quien ha estado casado desde hace 40 años.

“Definitivamente esto nos cambió la vida a todos. Cambió la dinámica familiar: yo tuve que buscar una persona que lo cuide, para no perder mi trabajo porque estuve a punto de perderlo. La salud de mi papá se empezó a deteriorar a partir de la detención de mi mamá. Eso le afectó muchísimo”, apuntó Maylu.

El 4 de noviembre, la Asociación Civil Gente del Petróleo publicó un comunicado en el que exigió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el caso.

“El esposo de Marilú Paredes es agremiado de la asociación. Fue uno de los trabajadores despedidos de 2002-2003 en la época de Chávez, forma parte de los 23 mil de ese despido masivo. Lo que le está pasando a Marilú Paredes es muy grave. Consideramos que esta es una acción violatoria de los derechos de una persona que buscó acogida en Estados Unidos con la esperanza de rehacer su vida y de tener otro futuro con sus hijas”, dijo Beatriz García, coordinadora nacional de Gente del Petróleo, a Efecto Cocuyo en llamada telefónica el 5 de noviembre.

Quién es Marilú Paredes

Marilú Paredes es una profesora jubilada proveniente de Cabimas, estado Zulia. Ejerció la docencia durante 30 años de su vida en Venezuela mientras que su esposo, Juan López, trabajaba en la industria petrolera en el occidente del país. En 2021 ambos se trasladaron con sus hijas a Estados Unidos con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Los allegados de Paredes han reiterado en múltiples ocasiones que se trata de una persona amable y dedicada a su familia.

“Mis padres siempre han sido personas activas y trabajadoras. Trabajaban juntos, pagaban sus impuestos. Mi papá trabajaba con delivery, con varias aplicaciones. Ellos siempre fueron muy independientes, pagaban su apartamentos y sus cosas”, dijo Maylu.

Tras solicitar asilo, Marilú debía cumplir con presentaciones migratorias obligatorias y lo hizo a cabalidad hasta que fue detenida en agosto en una de esas citas periódicas.

El ingeniero Eddie Ramírez, expresidente de Palmaven, antiguo coordinador de la Asociación Civil Gente del Petróleo y compañero agremiado de López, ofreció su apoyo y calificó la deportación como surrealista a la vez que una violación flagrante de los derechos humanos. Expresó que es “inaudito” el rumbo que ha tomado la política migratoria estadounidense y añadió que espera que Paredes pueda ser trasladada fuera de Bangui.

“Todos los venezolanos debemos expresar nuestra solidaridad en un caso como este. Toda la familia está muy tensa y angustiada por esto que está ocurriendo. Ella está sin papeles, prácticamente sin nada”, explicó Ramírez a Efecto Cocuyo.

La familia de Paredes organizó dos recaudaciones de fondo en lo que va de año, la primera el 28 de agosto para poder costear los gastos relacionados con su proceso migratorio y la segunda, el 28 de octubre, para gestionar su salida de África.

“Lo que nosotros solicitamos ahora mismo a la OIM es saber cuál es su estatus, cuáles son sus derechos y si ella puede pedir asilo en una embajada dentro de Centroáfrica, tengo entendido que la más cercana a su ubicación es la embajada de España. Una vez que ellos nos respondan tomaremos acción. Adicionalmente, estamos recibiendo asistencia legal en Estados Unidos”, aseguró López.

Qué pasa en Centroáfrica

No más de 5,5 millones de personas habitan la República Centroafricana, donde se habla francés y sango. Se trata de un país de extensas sabanas cuya historia se ha caracterizado por levantamientos armados y estallidos que dejan atrás varios cientos de muertos. Los centroafricanos viven sumergidos en una paradoja: su territorio está repleto de diamantes, uranio y oro, pero el país ha ocupado sistemáticamente los últimos lugares del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas. Son, en realidad, extremadamente pobres.

Venezuela no tiene presencia consular o diplomática en el sitio. De hecho, muchas embajadas occidentales operan con personal mínimo o bajo protocolos estrictos de confinamiento, debido al contexto sociopolítico dominado por los grupos irregulares. Robos a mano armada, asesinato y extorsión son algunos de los crímenes más comunes de una larga lista que también incluye tráfico de personas y secuestro. Por esto, organizar el traslado de Marilú Paredes no es una tarea sencilla.

Organizaciones no gubernamentales exigen a Estados Unidos el cese de las arbitrariedades de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. La deportación a terceros países es uno de los grandes problemas de los últimos dos años. Consiste en enviar a extranjeros no a su país de origen, sino a un tercero con el que el gobierno estadounidense ha firmado acuerdos bilaterales (públicos o confidenciales) para que los reciba, aún si los migrantes no conocen esa nación ni tienen algún vínculo con ella.

“El segundo gobierno de Trump ha alcanzado hasta ahora nuevos acuerdos con más de 30 países para la expulsión de nacionales de terceros países. El Instituto de Política Migratoria estima que aproximadamente 15.000 personas fueron expulsadas a terceros países únicamente entre enero y diciembre de 2025, 13.000 de ellas a México. Muchas han sido detenidas arbitrariamente en el país de destino”, apunta Amnistía Internacional en su página web oficial.

La organización reitera que “el gobierno estadounidense ha violado descaradamente el derecho al debido proceso y ha socavado el Estado de derecho al expulsar ilegalmente a personas”, incluso a aquellas cuyos casos migratorios todavía están en desarrollo.

No existe un cifra oficial desagregada o totalizada por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni de ICE que indique exactamente cuántos venezolanos han sido enviados a países africanos bajo la política de deportaciones a terceros países. Actualmente los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia centroafricana han optado por no emitir comunicados ni dar respuestas a las consultas de la prensa internacional sobre los acuerdos con EEUU relacionados con la recepción de migrantes.