Mandos medios intactos y extorsión minera: dominio armado en Bolívar tras caída del “Niño Guerrero”

A cuatro meses y medio del despliegue militar y de inteligencia ejecutado por el Estado venezolano, junto al Comando Sur de Estados Unidos, en el estado Bolívar, en el que se anunció la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, habitantes del sur del país advierten que la estructura operativa de los sindicatos mineros permanece activa en los yacimientos. 

En las parroquias San Isidro, en kilómetro 88, y Las Claritas, Dalla Costa  y Tumeremo, dentro del municipio Sifontes, los testimonios describen un escenario en el que los “mandos medios” de los grupos irregulares asumen controles para el acceso a las minas de oro, cobran porcentajes forzosos de extracción y, ante el deterioro de los servicios públicos, financian obras comunitarias.

En un comunicado difundido el 13 de junio por el Ministerio de Comunicación e Información del gobierno interino de Delcy Rodríguez, y el anuncio previo del presidente estadounidense Donald Trump, se informó sobre la muerte del cabecilla del Tren de Aragua, de 42 años y prófugo desde la intervención de la cárcel de Tocorón en 2023. 

El mandatario norteamericano calificó la operación como un ataque letal ejecutado en coordinación con las autoridades locales. 

Vecinos, mineros y comerciantes del municipio Sifontes consultados por Efecto Cocuyo, bajo reserva de identidad por seguridad, sostienen que la operación de junio se concentró en la figura más buscada en el exterior sin desarticular a los grupos que operan en las minas locales. 

De acuerdo con los pobladores, en la zona continúan en libertad otros cabecillas sancionados en 2025 por el Departamento del Tesoro estadounidense. “No tenemos la certeza de lo que pasó con el Niño Guerrero porque eso es lo que afirma el gobierno, pero aquí quedaron vivos y solicitados por la justicia alias Juancho y Yohan José Romero, a quien llaman Johan Petrica o el Viejo, junto con toda su banda”, afirmó un habitante de San Isidro.

“De noche es una zozobra”, dice habitante del kilómetro 88 de Las Claritas, en Bolívar

“Mandos medios”, visitas de agentes extranjeros y venta de gasoil en el kilómetro 88

La incursión militar iniciada el martes 9 de junio en Las Claritas y Las Brisas, donde la organización SOS Orinoco reportó maniobras con helicópteros artillados contra los campamentos atribuidos a alias “Juancho”, provocó entonces un repliegue temporal de las bandas y el aislamiento civil hasta por 48 horas. Aquel vacío desató entre el 10 y el 11 de junio noches de saqueos contra comercios y viviendas presuntamente vinculadas a integrantes del grupo armado, así como robos de motos, equipos telefonicos y cortes eléctricos.

Superada la etapa inicial, en la que los efectivos castrenses restringieron el paso de los mineros hacia las zonas donde estos grupos extraen y procesan material aurífero (con maquinaria pesada monitores hidráulicos y molinos), la actividad extractiva retomó su ritmo habitual en la parroquia San Isidro, territorio donde cohabitan comunidades indígenas de varias etnias.

Según explican vecinos consultados vía telefónica por este medio, aunque hay un mayor acatamiento formal por parte de la población civil ante los puntos militares, los lugartenientes de “Juancho” y “Johan Petrica” habrían dado instrucciones para reanudar las labores en sus áreas de influencia. 

“Los cabecillas más altos no se dejan ver directamente, pero su grupo de mando medio se desplaza con normalidad por la parroquia San Isidro y todavía mantiene el control a pesar de la presencia del Ejército”, señaló un vecino del kilómetro 88.

En esa dinámica actual del kilómetro 88, los habitantes reportan que el manejo cotidiano de las minas y la distribución de insumos siguen sujetos a encargados locales, al tiempo que se observan inspecciones policiales con presencia de personal extranjero. 

Un residente que trabaja para una compañía minera de la zona indicó que la reventa de gasoil en el sector estaría controlada actualmente por un sujeto apodado “el Repamo”. 

“El gobierno sigue buscando malandros supuestamente entre ese polvorín, pero allá todo el mundo trabaja normal y ahora están llegando funcionarios del Cicpc  con unos gringos que andan preguntando cómo es el sistema de trabajo en la mina”, detalló la pobladora.

Clientelismo de alias “Fabio” y las “células” del “Run”

Habitantes del municipio Sifontes aseguran que la permanencia de estos grupos armados responde mayormente a una estrategia de asistencia comunitaria con la que llenan el vacío que deja el Estado para ganarse el respaldo de la población. La dinámica, sin embargo, varía según la zona. 

En la parroquia San Isidro, la banda de alias “Juancho” y “Petrica” mantuvo una relación distante con la comunidad, mientras que en la parroquia Dalla Costa, cuya capital es El Dorado, el control territorial y social lo ejerce un ciudadano colombiano conocido bajo el alias de “Fabio”, según informaron las fuentes a este medio de comunicación.

De acuerdo con los testimonios, este líder aplica un estilo clientelar que los vecinos comparan con el de Pablo Escobar en Colombia, financiado mediante la llamada “pesca”, un porcentaje exigido a pequeños y medianos mineros, molinos e industrias auríferas. 

Quienes residen en la zona afirman que alias “Fabio”, además de poseer presuntas inversiones en Colombia y Brasil, destina parte de lo recaudado a construir canchas de fútbol, reparar calles, costear cirugías y entregar mensualmente bolsas de comida a los educadores. 

“El pueblo lo respalda por esas ayudas y cuando el Ejército ha intentado entrar con la intención de capturarlo, la misma gente tranca la carretera y no deja pasar a la Fuerza Armada hacia El Dorado”, aseguró un habitante del municipio, quien agregó que el colombiano permanece actualmente fuera del país ante el temor de un operativo.

En la parroquia Tumeremo, los vecinos señalan como principal figura delictiva  a Eduardo Natera, apodado “el Pelón Natera” o alias “Run”, un exjugador de fútbol profesional del club Mineros de Guayana cuyos antecedentes provienen del barrio San Pedro. 

Según las fuentes locales, Natera opera desde la mina Cacho San Isidro, donde cuenta con plantas y molinos. “Cuando se traslada por el municipio lo hace en caravanas de cuatro o cinco vehículos para evitar que identifiquen en cuál se moviliza”, dijo una fuente.

Los habitantes indican que su estructura funciona mediante sucursales denominadas “células”, ubicadas en Las Cristinas y otros puntos de Sifontes, con ramificaciones hacia los municipios Caroní y Sucre de Bolívar e incluso en el estado Nueva Esparta. 

“En la isla de Margarita suena el alias de Run por las obras sociales que estaría haciendo allá y hasta en las emisoras de radio locales lo nombran”, comentó otro vecino consultado.

Los pobladores recuerdan que el predominio de Natera en Tumeremo se mantuvo incluso tras haber sido mencionado supuestamente en las averiguaciones por el homicidio de un comandante del Ejército de apellido Solís, hecho por el cual llegó a tener orden de captura y propiedades allanadas antes de reanudar sus operaciones en la zona.

Colapso de servicios 

En el municipio Sifontes, vecinos denuncian que los grupos mineros operan en medio de una severa precariedad de servicios públicos, marcada por un hospital desabastecido y cortes eléctricos de hasta 13 horas que suspenden el suministro de agua. 

Hacia el oeste de Bolívar, en el municipio Cedeño, fuentes reportaron que incursiones armadas forzaron el desplazamiento de familias eñepa y el cierre del colegio de Fe y Alegría en Los Pijiguaos. El abandono de las aulas se produjo tras el éxodo masivo según los testimonios recabados. “La afectada es la comunidad víctima de los ataques que tuvo que desplazarse y por eso los niños no reciben educación”, precisó una fuente a Efecto Cocuyo.

Violencia paramilitar deja sin clases a niños  y desplaza a comunidades en el Caura

Frente a esta situación, el coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, advirtió a través de la red social X que el desarraigo escolar en estos territorios expone a la niñez indígena al reclutamiento forzoso y la trata. Asimismo, el periodista Fritz Sánchez denunció la detonación de trampas explosivas en la zona, alertando que un joven perdió un pie al pisar una mina antipersonal en el sector El Potrero. “La población no puede seguir viviendo entre detonaciones, minas y miedo, sin protección del Estado frente a estos grupos”, cuestionó el reportero.