“Terrorismo de Estado”. Inti Rodríguez, abogado y coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), luego de las muertes ocurridas en la Torre Viasa por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), informó que diariamente los operativos de este cuerpo de seguridad produce entre 6 y 9 muertes en el país.
“Lo ocurrido en la Torre Viasa es una situación escandalosa. Sin embargo, a diario se registran este tipo de operativos. Todas son con las mismas características: alegan enfrentamientos, situaciones donde siempre mueren los presuntos delincuentes y los oficiales no salen heridos”, manifestó Rodríguez.
Agregó que el salvajismo reina en ese tipo de operaciones especiales, lo cual lo calificó como “terrorismo de Estado”. Señaló que arremeten con “allanamientos ilegales, destrozos a la propiedad privada y violaciones a los derechos humanos“.
Estos funcionarios, equipo especializado de la PNB, tomaron el lunes 12 de noviembre la Torre Viasa, para dar con el atacante de un oficial, en una operación que culminó con al menos ocho fallecidos, según se conoce extraoficialmente, porque aún no se pronuncian la autoridades. Sin embargo, Rodríguez desestimó que este modus operandi haya sido por las razones señaladas.
“Si eran dos personas en un hecho punible, la pregunta es por qué el resultado son ocho muertos. Se alega enfrentamiento, y lo que se ha podido recavar es que llegaron allanando la torre y realizaron violaciones generalizadas. Lo mismo que ocurre e los barrios, siempre el patrón es el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza“, expresó.
En lo que va de año ha ocurrido al menos seis operativos de este tipo de alcance por parte de las Faes. Han terminado con al menos 3 muertos y un amplio de despliegue de funcionarios. Según fuentes policiales, los fallecidos son resultados de supuestos enfrentamientos.
Rodríguez informó que a finales de noviembre esta organización publicará un informe con una investigación con cifras sobre las violaciones realizadas por las Faes en 2018.
Algunos de estos operativos fueron:
- La “masacre” de El Junquito el 15 de enero, que terminó con 7 bajas (caso Óscar Pérez).
- Los seis muertos en Lomas de Urdaneta en la parroquia Sucre el 22 de mayo.
- Las 6 bajas del 13 de agosto, en la parroquia 23 de enero
- Los 6 muertos el 28 de agosto en la esquina La Marrón de La Hoyada
- Los 9 fallecidos en las residencia “Los Rusos” en Ciudad Tiuna el 8 de septiembre
- Los 7 muertos del 24 de septiembre en operativos simultáneos en Caracas y Miranda
Complicidad e injusticia
Según el especialista, ha existido complicidad por parte de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, para proteger a las fuerzas de seguridad en estos operativos. Rodríguez indicó que la Defensoría del Pueblo debería iniciar investigaciones independientes para determinar la veracidad de los hechos.
“No hay sanción a los policías señalados. La ausencia de sanción genera que la impunidad aumente. Se ha denunciado a las Faes a las OLP y hasta ahora no hay ni un solo funcionario que haya sido investigado ni sancionado”, dijo Rodríguez.
El coordinador de Provea aseveró que de esa misma forma se actúa en los operativos de control de orden público, cuando el Estado debería usar la menor fuerza posible para salvaguardar las mayor cantidad de vidas. “El patrón es el terrorismo de Estado. Ejecuciones extrajudiciales. No hay Ministerio Público ni Poder Judicial que actúe”, señaló.
Las autoridades que deberían movilizar sus equipos para atender a las víctimas, a después de dos días de la “masacre” no se han pronunciado. “Se le debería brindarles protección a las víctimas, pero eso no está ocurriendo, no hay ni un pronunciamiento. Hay un silencio total, es una actitud cómplice”, dijo.
“Legitimar estas muertes es legitimar que nos maten a todos”
Esta práctica con grupos especializados, que actúan con abuso de poder no son nuevos en Venezuela, según el especialista en violencia policial y criminología, Keymer Ávila. Sin embargo, alertó que estas intervenciones policiales, que viene en crecida desde 2013, cada vez se salen más de control.
“Este tipo de intervención no puede convertirse en la regla para acciones cotidianas, porque se terminan convirtiendo a los ciudadanos en objetivos con saldos fatales. Cuando legitimamos este tipo de muertes, estamos legitimando que nos maten a todos”, expresó Ávila.
El vínculo del uso de las fuerzas policiales con la tasa de mortalidad ha ido en crecida, según indicó. “En 2017 del total de homicidio, 26% fue por intervención de la fuerza pública, o sea, 3 de cada 10 estaban vinculados con fuerzas de seguridad el Estado”, destacó.
Lejos de diminuir la violencia, estas acciones las potencian. Ávila sostuvo que la razón de estas indiscriminadas arremetidas, es crear en la ciudadanía la sensación de incremento de la seguridad.
“Tratan de mostrarse como efectivos y eficientes, mostrar cifras de fallecidos como sinónimo de eficiencia. El objetivo es tener algún impacto mediático, propagandístico,para además distraer la atención de otros problemas”, explicó.
El especialista además comparó el operativo perpetuado en la Torre Viasa el pasado lunes, con el famoso caso Kennedy del año 2005, que terminó con tres estudiantes la Universidad Santa María muertos y otros tres heridos, a manos de un grupo de funcionarios de la antigua Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Las Adjuntas, municipio Libertador.
“Los funcionarios se terminan convirtiendo en lo que dicen estar combatiendo. Cuando un funcionario es asesinado por algún grupo delictivo, los compañeros de arma lo toman como un venganza personal”, manifestó.
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Foto: Monitor de víctimas