Elecciones presidenciales de 2024
La inscripción en el RE estuvo plagada de irregularidades Credit: Iván E. Reyes

El Registro Electoral (RE) preliminar para las elecciones presidenciales de 2024 fue publicado el pasado jueves 2 de mayo. Con tres días de retraso, pues debía ser expuesto desde el 29 de abril.

En la actualización del RE hay varios datos importantes. Uno de ellos es la ínfima representación de la migración venezolana. Se permitió la inscripción de de 508 nuevos votantes en el extranjero y se procesaron apenas 6.020 cambios de centros de votación desde Venezuela al exterior. En total, 69.189 electores venezolanos migrantes podrán participar en los venideros comicios. 

Además, se registraron irregularidades con los venezolanos inscritos que viven en Estados Unidos y Canadá. En principio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluía de oficio a los venezolanos en esos dos países. Pero luego justificó la no participación de estos criollos al decir que su centro de votación (consulado) no está habilitado para este proceso. 

Diversas ONG que trabajan en defensa del derecho al voto expresaron su rechazo y desacuerdo con estas y otras cifras presentadas en la actualización del RE, así como con las numerosas irregularidades denunciadas por los venezolanos dentro y fuera del territorio criollo. 

En conclusión, 21.402.220 venezolanas y venezolanos podrán votar en las elecciones presidenciales de 2024.

Las ONG consideraron que los requisitos para los migrantes venezolanos eran discriminatorios y que, además, contravienen la propia ley venezolana. 

Principales denuncias sobre actualización del RE dentro y fuera de Venezuela para las presidenciales de 2024

Las ONG Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven elaboraron un documento conjunto en el que explican las principales irregularidades en el proceso de inscripción o actualización de datos ante el Registro Electoral. Una de las principales denuncias está referida al lapso de este proceso.

Para las ONG el tiempo fue muy corto y muestra de ello es la baja cantidad de nuevos inscritos. En total, 604.964 personas se inscribieron en el RE y hubo 847.999 reubicaciones. 

La cifra de inscritos es menos de la mitad de lo que han dicho dirigentes estudiantiles universitarios en meses recientes cuando aseguraban que había, al menos, un millón y medio de jovenes que no estaban registrado en el CNE. 

Para que esta cifra fuera tan baja se mezclaron distintos factores.

La poca o nula campaña que hizo el propio CNE sobre este periodo, pero también la tardanza que podría tomarse este proceso en algunas zonas de Venezuela. Así como la instalación tardía de algunos puntos de inscripción en el RE. 

En el exterior también hubo instalaciones tardías como en Argentina, Perú o Ecuador. En países como Brasil ni siquiera se tomaron la molestia de abrir el registro.

Las personas que se hayan inscrito o hayan actualizado sus datos y todavía no aparezcan reflejadas en la página del CNE tienen hasta el 14 de mayo para hacer un reclamo sobre esto. 

La migración venezolana discriminada para las presidenciales de 2024

Los datos sobre los venezolanos en el exterior que podrán participar en las venideras elecciones son alarmantes. En total, son 69.189 venezolanas y venezolanos migrantes que podrán ejercer el voto en las presidenciales de 2024. Esto ante los casi ocho millones de migrantes que tiene Venezuela alrededor del mundo, de los cuales estarían habilitados para votar unos 4 millones. 

En el informe emitido por las ONG se expresa que las exigencias por parte del CNE para los venezolanos en el exterior son discriminatorias.

El artículo 124 de la misma Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) dice que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”. Para las ONG, esto establece una condición discriminatoria y, además, subordina “el ejercicio de un derecho político fundamental al estatus migratorio de la persona”. 

Los migrantes venezolanos pueden estar en legalidad en los países receptores de distintas maneras. Bien sea con un permiso de permanencia, como es el caso de Colombia o con una tarjeta de residente renovable como ocurre en España y otros países de la Unión Europea. Pero los recaudos exigidos por el CNE limitaban al máximo a las personas al solicitar.

En Colombia, el país con mayor cantidad de migrantes venezolanos según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), sólo se registraron 25 nuevos votantes. Esto en una nación que tiene a más de dos millones de migrantes venezolanos.

España también experimentó algo similar. En total, 97 venezolanos pudieron inscribirse en el RE para votar en un país donde habitan casi 500.000 criollos. También se procesaron 1.732 cambios de centros de votación hacia el país ibérico. Durante la actualización del RE sólo se pudieron inscribir 508 personas a nivel mundial y 6.020 cambiaron su centro de votación de Venezuela al país donde residen actualmente. 

Violaciones de los derechos humanos de los venezolanos en el exterior: una cuarta parte sin voz ni voto

En redes sociales algunos usuarios con afinidad al chavismo se burlaban de las quejas de los venezolanos en el exterior y decían que si tanto querían votar entonces se devolvieran al país.

Sin embargo, el Estado venezolano hizo sumamente complicada la posibilidad de que los millones de migrantes venezolanos pudieran inscribirse en el RE. 

Las ONG recopilaron una serie de violaciones a los derechos humanos en este aspecto. Entre ellas destacan el hecho de que una cuarta parte de la población electoral venezolana se está quedando sin posibilidades de elegir a quien será presidente del país por los próximo seis años. 

El Estado también transgrede la obligación de garantizar “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores”. Esto lo ordena el artículo 23.b) de la Convención Americana, y el artículo 25.b) del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos y otras normas aplicables.

“Es decir, no puede existir elecciones auténticas ni libres sin la cuarta parte de la población electoral”, reza el documento publicado por las ONG anteriormente mencionadas. 

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