Las megabandas organizadas de Caracas han mostrado su poderío en los últimos días. Los intensos tiroteos por el control del territorio y los enfrentamientos contra los cuerpos de seguridad del Estado, han sido el escenario para mostrar el alcance del poder que tienen estas organizaciones criminales en la capital del país.
La escalada de la violencia armada ha alarmado a la población, especialmente a los residentes de la Cota 905 y sus alrededores, a los habitantes de La Vega y a quienes viven en El Valle y en El Cementerio, los cuales han sido testigos de los recurrentes choques armados este 2021.
El último episodio fue protagonizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y hombres armados pertenecientes a la banda de “el Coqui”, “el Vampi” y “el Galvis”, quienes son los máximos lideres de la megabanda delictiva que opera en La Cota 905 y tienen nexos con delincuentes en la parroquia El Valle y El Cementerio.
Este choque dejó en evidencia el poder de acción de los grupos criminales. Como si de una película de Tarantino se tratase, un video mostró como una lluvia de balas de alto calibre caía sobre un vehículo blindado de la policía que huía de la emboscada. Aquel 22 de abril, cuatro funcionarios del Cicpc fueron heridos.
Recientemente Douglas Rico, máxima autoridad de la policía científica venezolana, informó durante la transmisión de su programa “Cicpc al día”, que mantienen conversaciones con los miembros de la banda de El Coqui, para que este grupo de personas “depongan de su actitud” hostil.
“Está en este momento un proceso de conversación con esta organización criminal que está allí instalada para que en principio depongan su actitud y entreguen las armas”, aseguró Rico.
Tras las declaraciones de Rico, el criminólogo Luis Izquiel, tiene dos teorías: estamos ante un Estado fallido, donde los cuerpos de seguridad fueron superados por las bandas delictivas y no tiene capacidad para enfrentarlas, o no se actúa porque no hay voluntad política para hacerlo porque hay algún tipo de pacto con esas megabandas.
Izquiel califica sus dos teorías como “gravísimas”. “No sabemos qué es lo que está pasando porque en un país sin instituciones es difícil comprar cualquiera de estas tesis, pero “ambas son muy graves, tomando en cuenta que la última actuación de esta megabanda, que intentó asesinar a funcionarios del Cicpc y apoderarse de sus patrullas, desde varios ángulos, con fusiles de alto calibre”.
El criminólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica en una llamada con Efecto Cocuyo, que los pactos con las bandas indicarían que los cuerpos de seguridad no pueden actuar contra ellas.
“Sería muy grave que estuviéramos en un Estado fallido desbordado por el hampa”, reitera.
En la misma línea, Luis Cedeño, sociólogo y director de la organización no gubernamental Paz Activa, explica que el contexto de una negociación se da cuando las partes tienen una fuerza parecida, en la cual, en caso de confrontamiento, no se sabría o no estaría claro quién saldría vencedor en un enfrentamiento armado.
“Eso (negociación) responde a una política que se denomina de mano suave, en contraposición a las políticas de mano dura (…) El hecho de que se esté dialogando está indicando que hasta cierto punto hay un grado de negociación, pero la pregunta es: qué es lo que se está negociando”, dice Cedeño.
Las fracasadas zonas de paz
Aunque Rico haya sido el encargado de informar sobre el diálogo de las autoridades del Estado, con la megabanda de la Cota 905, no dio detalles sobre quienes mantienen estas conversaciones con el grupo criminal.
Para Izquiel, estas conversaciones son la revisión de un plan fallido denominado “zonas de paz”, que consistió en diálogos con delincuentes en el año 2013, para que estos entregaran sus armamentos y se pacificaran, pero no se logró el objetivo, por el contrario, el criminólogo señala que las bandas fortalecieron su poder criminal.
“Yo diría que varias de las megabandas que azotan a la población venezolana son hijas de esos procesos fallidos de diálogos del año 2013”, asevera Izquiel.
El experto además cree que el diálogo es una perdida de tiempo porque,” es ingenuo pensar que los delincuentes entregaran sus fusiles y ametralladoras solo porque se les plantee establecer una negociación”.
“No solo se pierde tiempo allí, no solo se fortalece el poder criminal cuando los delincuentes piden a cambio una impunidad total, como se hizo en las zonas de paz, que se pidió que no hubiera policías en esas zonas mientras los delincuentes estuvieran en este proceso de diálogo”, recordó.
Con respecto a si es una buena política o no, dialogar con integrantes de cuerpos irregulares o crimen organizado, en este caso, es debatible, según la opinión del director de Paz Activa.
Cedeño coincide con Izquiel al señalar que los diálogos con los delincuentes en las zonas de paz, derivaron en que las bandas adquiriesen más fuerza, poder y se consolidaran.
“Ahora tenemos un problema mucho mayor que es el de las megabandas, siendo una de estas la de “el Coqui”, expresó Cedeño.
Para el sociólogo, el mensaje que están dando cuando están negociando, sería el monopolio de la violencia y el monopolio del espacio geográfico, que sería sumamente grave para la integridad de un Estado y su capacidad de mantener su espacio geográfico.
Por ejemplo, en la Cota 905 y en el barrio José Félix Ribas, la delincuencia organizada ha desplazado a los cuerpos de seguridad del Estado y se han apoderado del territorio geográfico.
“Ya se sabe la resiliencia de estos grupos de delincuencia organizada y sugiere fuerza en estos espacios geográficos, donde no tienen aparente competencia, o no tienen ninguna autoridad que les haga frente”, declara.
Un proceso inédito
El criminólogo Luis Izquiel señala que este tipo de negociaciones son inditas en la región, a pesar de que otros países del continente se registren altos números de homicidios y escaladas de la violencia.
“En ninguna parte de Latinoamérica, que yo conozca, hay un proceso exitoso de diálogo con delincuentes, eso está completamente contraindicado, es ingenuo”, dice.
Un ejemplo cercano a lo que ocurre en Venezuela, se dio únicamente en El Salvador, en el año 2012 cuando los grupos de la delincuencia organizada de los Maras Salvatruchas y otras pandillas con gran poder criminal, intentaron hacer una tregua y redujeron 50% el número de homicidios en ese país, pero esta tregua, no se hizo de manera oficial por alguna autoridad gubernamental.
“Se actuó al margen de la ley (…) luego eso duró muy poco tiempo, se rompió la tregua y volvió la actividad criminal, volvieron los enfrentamientos entre esas pandillas”, expone Izquiel.
Políticas de mano dura
Acabar con la violencia de estas megabadas no es un asunto sencillo. El sociólogo Luis Cedeño asegura que una política de mano dura (choque armado entre delincuentes y funcionarios) tiene un costo de vidas humanas y político ya que estas organizaciones delictivas tienen recursos y armamentos sofisticados para enfrentar a la autoridad.
“La verdad es que desplegar una fuerza militar y policial para retomar estos espacios y expeler a estos grupos y estas bandas sería un gran costo de vidas humanas (…) La pregunta es ¿qué tanto se lograría? porque tendrías muchísimos muertos y grandes violaciones de derechos humanos, tendría un costo político importante para el Gobierno”, argumenta Cedeño.