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QUÉ CHIMBO

La señora Cristina pasó la tarde del 22 de abril escuchando fuertes detonaciones desde su casa en la urbanización El Paraíso, en Caracas. «Otra vez el Coqui«, pensó, mientras cerraba ventanas para aminorar el ruido. Sentía temor de que alguna bala entrara a su apartamento, como ya ha sucedido en otros viviendas en reiteradas ocasiones.

Consultó redes sociales y confirmó que nuevamente se trataba del peligroso grupo armado que opera en la avenida Guzmán Blanco, conocida popularmente con el nombre de Cota 905 (suroeste de Caracas).  

Delincuentes pertenecientes a la banda de Carlos Luis Revete, alias El Coqui, emboscaron a una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la autopista Norte Sur, a la altura del túnel El Paraíso. 

Cuatro policías heridos fueron evacuados, según reporteros de la fuente de sucesos. Las patrullas en las que viajaban y que fueron dejadas en el lugar, desvalijadas.

 Cristina pregunta a una amiga que es policía por qué son tan frecuentes los enfrentamientos protagonizados por la peligrosa banda y por qué no se hace nada, se queja de que la gente viva en constante zozobra.

«Estamos en desventaja. Se han solicitado recomendaciones y planes para acabar con las bandas pero al final no se ejecutan. La orden de retirada durante los enfrentamientos viene para resguardar a los funcionarios y no se puede organizar para subir (al barrio)», responde la funcionaria.

#Caracas Otro video del momento en el que antisociales de la Cota 905 se enfrentaron con funcionarios del Cicpc pic.twitter.com/UlVWqbzKoI

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) April 22, 2021

A juicio de expertos consultados por Efecto Cocuyo, es precisamente un buen plan operativo policial sumado a uno social, de atención a las comunidades de las zonas de todo el país donde hacen vida las bandas, lo que hace falta para acabar con dichos grupos armados.

Una investigación del periodista Javier Ignacio Mayorca arrojó que para 2017 existían alrededor de 19 megabandas en Venezuela. Hoy se considera que ese número se ha incrementado. Muchas operan en Caracas, en barrios como los cercanos a la Cota 905, El Valle, Coche y Petare, entre otros. 

 Tomar el control y no soltarlo

 «En los cuerpos policiales hay gente preparada para hacer labores de inteligencia que permitan identificar, ubicar a los delincuentes y prevenir bajas de inocentes. Luego viene un operativo policial que no es de un día sino de varios para capturarlos. Debe contar con suficientes funcionarios, poder de fuego y apoyo aéreo. Una vez desmantelada la banda, el Estado debe mantener el control», explica el exjefe de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), hoy Cicpc, Luis Godoy.

 El hoy asesor de seguridad se refiere a que, una vez liberadas las zonas populares del control de las bandas, se deben establecer puestos policiales y puntos de control para evitar que los grupos armados regresen o que otras bandas quieran sustituir a la desmantelada.

 Posteriormente, señala Godoy, que el Estado haga presencia con servicios de salud, mejores escuelas, planes de alimentación para recuperar la confianza de los ciudadanos que en muchos casos ven a los delincuentes como una especie de  «Robin Hood» y a los cuerpos policiales como enemigos.

 «No es fácil pero con voluntad política y un buen plan operativo y social se puede. Los operativos de un día fracasan porque son improvisados y cobran vida de inocentes, por eso no sirvieron las OLP (Operación Liberación del Pueblo). La violencia genera más violencia y si se acaba el Coqui salen seis más, por eso a la larga la tarea es más social que policial», sostiene el excomisario.

 El abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, cita como ejemplo la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) implementada en las favelas de Río de Janeiro, Brasil, con 38 UPP en 2008.  La Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que el plan permitió retomar territorios antes dominados por grupos criminales ostensiblemente armados y bajar los índices delictivos.

 La pacificación permitió luego una expansión de los servicios públicos con participación privada , así como la atención social a las comunidades, en aspectos como la enseñanza de oficios.

 «Acuerdos»

 Para Izquiel, que el Estado tenga el control también pasa por una restructuración de los cuerpos policiales nacionales, regionales y municipales. Dotarlos adecuadamente, mejorar salarios y cobertura médica y garantizar una adecuada formación en derechos humanos.

 «Hay una debilidad operativa de las policías y del recurso humano, eso impide actuar con efectividad. No se tienen pruebas, pero se presume la existencia de acuerdos políticos para no actuar y por ello hay impunidad alrededor de las actuaciones de estas bandas, que tirotea policías y asesina ciudadanos», expresa.

 Una de esas ciudadanas fue Daisy Rivas de 55 años. Se encontraba en su apartamento de las residencias City Park en el Paraíso el 19 de marzo, cuando fue impactada en el estómago por una bala perdida. La tarde de ese día, miembros de la megabanda del Coqui se enfrentaron con efectivos del Cicpc y la Guardia Nacional (GNB), en un presunto asalto a un comando de este último organismo de seguridad.

Corrupción

 Cada vez que suceden los enfrentamientos, los videos de antisociales exhibiendo armamento de guerra y su poder de fuego inundan las redes sociales. Ante ello Godoy advierte sobre la responsabilidad de quienes no cuidaron que dichas armas permanecieran bajo el control y monopolio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

 Apunta que en Venezuela hay organismos de inteligencia capaces de desmantelar a los proveedores de armas (fusiles, subametralladoras, granadas, fal y pistolas automáticas, entre otras) de las bandas que no solo es la del Coqui, sino las que controlan zonas de Petare, El Valle y el 23 de Enero y otras zonas del país, pero no se hace. La corrupción y la impunidad son la causa. Las bandas cada vez tienen mayor poder y crecieron porque, afirma,  «de dejaron crecer».

 «¿Cómo llegan esas armas y esas municiones a las bandas? Hay que entender que cuando se atenta contra policías uniformados de esa manera, cuando se atacan unidades blindadas con fusiles y encima se burlan en videos, se atenta también contra el Gobierno y el Estado, eso puede ser calificado perfectamente como terrorismo y se debe combatir», asevera.

#22Abr #Caracas

Monto del ataque al # VN4 que trasladaba a los funcionarios del CICPC heridos. pic.twitter.com/R0LIMkyNdI

— Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) April 22, 2021

La inacción del Estado, indica Izquiel, abarca igualmente el problema con el narcotráfico y la creciente actuación de grupos guerrilleros en la frontera con Colombia, de allí que no tenga duda sobre la falta de voluntad política.

 Los orígenes

 Godoy recuerda que la desatención de las zonas populares no es un mal de los gobiernos chavistas, sino que se remonta a los años 60 y 70, cuando el boom petrolero originó los desplazamientos del campo a la ciudad.

 Como consecuencia de ello, describe, proliferaron y se expandieron barriadas sin ningún tipo de planificación en cuanto a servicios. La escasa atención se limitó luego a la pavimentación de calles, sin adecuada educación, salud y formación cultural.

 «Ante la falta de gobierno y la ausencia del Estado surgieron las bandas como especie de gobiernos paralelos en esas zonas, protegidos por la misma comunidad a la que le suministran alimentos, pagan funerales y entierros o le pagan el traslado hacia un hospital», dice.

 Desde el territorio controlado, las bandas dirigen además venta de drogas, secuestros, sicariatos, extorsiones y robo de vehículos como fuente de recursos.

 Izquiel por su parte, hace alusión a la creación de las llamadas Zonas de Paz en 2013, para afirmar que delincuentes como el Coqui  «son hijos de ellas». Según el plan que dependió del Ministerio del Interior y Justicia, los funcionarios policiales no ingresaban a las zonas delimitadas por el gobierno, a cambio de que los delincuentes no cometieran crímenes e incluso entregaran las armas.

 «Fue un plan fallido que le entregó esos territorios a las bandas criminales que nunca entregaron las armas. Además contamos con un sistema judicial inoperante que no condena a los delincuentes, lo que facilita que reine la impunidad y la anarquía, sumado a la corrupción que permite que esas armas lleguen a las barriadas», agrega.