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Se cumplieron dos años de la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo. ONG y activistas pro derechos humanos piden recordar que falleció bajo custodia del Estado, producto de torturas en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

«Hoy se cumplen 2 años de la muerte de Rafael Acosta Arévalo el 29/06/2019. Sometido a torturas. No lo olvidemos, que se haga justicia», se pronunció la ONG, Foro Penal.

Desde Provea, se advirtió que pese a ser dado de baja de la Armada Nacional en 2006, Acosta Arévalo fue llevado ante la justicia militar, acusado de traición a la patria, rebelión militar e instigación a la rebelión. Se recordó cómo la noche del 28 de junio de 2019, fue llevado a la audiencia de presentación ante el Tercer Juzgado Militar de Control del municipio Libertador, Distrito Capital, donde se desmayó. Al ver su estado, el juez ordenó su inmediato traslado al hospital militar Vicente Salias Sanoja, en Fuerte Tiuna.

«La Misión de Determinación de Hechos (Naciones Unidas) tuvo acceso a los resultados de la autopsia. El procedimiento estableció como causa de la muerte un edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria aguda, debido a la rabdomiólisis (descomposición muscular) causada por un politraumatismo generalizado (al haber sido objeto de múltiples lesiones traumáticas). Su familia solicitó acceso a su cadáver para realizar una autopsia independiente, pero no recibió respuesta», recordó Provea, en un trabajo especial, a propósito del segundo aniversario del deceso del capitán.

Dicha Misión presentó un informe sobre Venezuela en septiembre de 2020, por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 23 de septiembre del año pasado, la presidenta de la Misión Marta Valiñas dijo que había motivos para creer que las violaciones de derechos humanos en Venezuela, documentadas en el informe y que incluyó casos como el de Acosta Arévalo, «son parte de una conducta sistemática y una política de Estado, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad«.

Saab reconoció tortura

El 1 de mayo, el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, reconoció que Acosta Arévalo fue torturado y asesinado, lo que dio un nuevo giro al caso.

“El 22 de octubre pasado se celebró una nueva audiencia de imputación contra los dos funcionarios implicados por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura. El 13 de noviembre del año pasado fue presentada la acusación correspondiente”, dijo Saab,

Defensores de derechos humanos recordaron que existe una cadena de mando y por lo tanto deben castigarse tanto a los responsables materiales como quienes dieron las órdenes.

«A dos años de su muerte, y en medio de un giro que ha dado el caso en tribunales, sus familiares exigen justicia y que se castigue a los verdaderos responsables. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que dirige Michelle Bachelet también conoce de este caso», exige Provea.

«No a la impunidad´»

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también expresó que el asesinato de Acosta Arévalo no puede quedar impune y que «los perpetradores de crímenes de lesa humanidad deben ser responsables ante la justicia», instó.

«Su caso continúa impune y la cadena de mando sin ser investigada e intacta. Murió ante el Juez», rechazó la abogada defensora de DDHH, Tamara Suju.

La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, también se pronunció para subrayar que las torturas de las que fue objeto el capitán, reflejan el alcance de la impunidad con la que operan el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dgcim, principales órganos de inteligencia en Venezuela.