¿Qué pasa en Apure tras el ataque contra el ELN?

Desde el 31 de octubre, soldados de la Unidad de Respuesta Rápida (Urra) del Ejército de la FANB ocupan un terreno en el sector Buena Vista, municipio Pedro Camejo (Apure). La acción responde a un despliegue de combate posterior a los bombardeos ejecutados la madrugada del 30 de octubre contra campamentos del ELN ubicados en la frontera con el departamento de Vichada, Colombia.

Juan Francisco García Escalona, exdiputado, abogado y defensor de derechos humanos, indicó en una conversación telefónica con Efecto Cocuyo, la tarde de este lunes 2 de noviembre, que las autoridades manejan con hermetismo qué unidad militar opera en la zona.

“Creemos que este es el primer ataque con drones que realiza el Ejército, tomando en consideración que los drones simplemente eran de reconocimiento en el territorio, pero nunca habían atacado. Además, los drones que tiene el Ejército creo que son rusos, iraníes, no sé cómo es el asunto allí, pero en este momento hay buena cantidad de soldados haciendo un barrido en tierra”, dijo.

Reportan ataque del Ejército venezolano contra campamento del ELN en Apure.

Apure | Desde hace aproximadamente veinte días existen testimonios de pobladores indígenas sobre enfrentamientos en la zona de Los Pijiguaos, estado Bolívar, y en áreas próximas al paso del Burro, en el… pic.twitter.com/cKbuUxEqZD

— Juan Francisco García Escalona 🇻🇪 (@Jufraga12) October 31, 2026

Fallecidos

El sábado 31 de octubre, Radio Fe y Alegría reportó de forma preliminar 19 muertos y cinco heridos que huyeron a Colombia tras el ataque.

Un periodista en el estado Apure, cuyo nombre se reserva por seguridad, precisó este lunes 2 de noviembre a este medio de comunicación que todo el despliegue militar salió desde San Fernando de Apure hacia Puerto Páez y que a la capital del estado ingresaron inicialmente al menos nueve cuerpos.

“Las personas que resultaron muertas, tengo entendido que las llevaron para el hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando”, aseguró.

En la conversación telefónica con Efecto Cocuyo, el exdiputado García Escalona explicó que esos primeros nueve cadáveres pasaron antes por la morgue que construyó la Cruz Roja en el cementerio Luz Herrero, la cual no es una sede forense oficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ni del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamec). 

Tras pasar por la sede forense improvisada, los cuerpos fueron llevados al hospital Pablo Acosta Ortiz, donde una comisión nacional del Cicpc practica las necropsias o autopsias de ley para determinar la causa de muerte e identificar los cuerpos, lugar al que luego ingresaron otros diez fallecidos traídos desde el campamento, mientras el acceso a la información oficial sigue restringido.

“En Puerto Páez nos indican los pobladores que hay siete cadáveres de personas que reclamó la comunidad y que estaban allá. Y otra cantidad importante de cuerpos que supuestamente quedaron en la zona en un estado realmente imposible de recuperar”, aseguró el defensor de derechos humanos.

Habitantes de Puerto Páez reportaron a García Escalona, quien lo difundió el sábado 31 de octubre en su cuenta de X, y a Radio Fe y Alegría Noticias, el hallazgo de documentos venezolanos en el sitio del bombardeo, como cédulas de identidad pertenecientes a Jesús Javier Brugal Carrero, número V-11.821.394, de estado civil soltero, y Juan Carlos Guerrero Márquez, número V-16.790.349 y soltero, además de licencias de conducir de Brugal Carrero, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal, y una credencial de la empresa aeroportuaria Signature Aviation con la inscripción Guest Experience, vinculada con el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Vigilancia aérea, cocaína y control de minas

García Escalona señaló que durante los 40 días previos al bombardeo grabó y publicó en su cuenta de X, vuelos de aviones chinos K-8W que salían de la base aérea de Barquisimeto, en el estado Lara, recargaban combustible en el aeropuerto Las Flechas de San Fernando y vigilaban La Victoria, frente a Arauca, así como Elorza y Pedro Camejo. Vecinos de San Fernando y Pedro Camejo también declararon el fin de semana a Radio Fe y Alegría Noticias que vieron helicópteros militares sobrevolando la zona durante toda la semana pasada.

El abogado precisó a Efecto Cocuyo que el campamento atacado se movía entre La Raya, La Culebra, Guafillas y Buena Vista, en la ribera del río Meta que comparten Venezuela y Colombia. 

García Escalona indicó que una oficina internacional contra el narcotráfico en Brasil ya había alertado que La Macanilla y Buena Vista funcionaban como retaguardia guerrillera y como uno de los mayores centros de acopio de cocaína en América Latina, donde el kilo cuesta 1.000 dólares, según fuentes locales que el activista citó el sábado en su reporte en X.

El defensor de derechos humanos informó que hace unos 20 días indígenas de la zona reportaron enfrentamientos por el control de minas de bauxita y coltán en Los Pijiguaos, estado Bolívar, y cerca del paso del Burro, donde se unen Bolívar, Amazonas y Apure entre los ríos Meta y Orinoco. Ese choque dejó indígenas heridos que no denunciaron por miedo.

En el reporte difundido el sábado en su cuenta de X, García Escalona denunció además presiones de grupos armados contra habitantes de San Rafael en el municipio San Fernando, El Terrón en Arichuna, el Capanaparo, Achaguas y Quintero en el municipio Muñoz, Elorza en el municipio Rómulo Gallegos y Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula en el municipio Páez. En esas zonas usan para el narcotráfico hatos expropiados, que son grandes fincas ganaderas confiscadas por el Estado en años anteriores, con la subordinación histórica de los gobernadores y alcaldes de Apure al ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).

Denuncias de Fundaredes y población civil sin atención

El coordinador de Fundaredes, Javier Tarazona, afirmó este lunes 2 de noviembre a Efecto Cocuyo que los ataques contra el ELN en Apure muestran un cambio de postura oficial frente a la guerrilla.

“El tiempo nos está dando la razón. Lo que el Gobierno por años ocultó y negó, hoy lo acepta y lo combate. El reporte de los últimos días de enfrentamientos en el estado Apure contra campamentos del ELN son el reflejo de un viraje. Pero ese viraje pretende ocultar la relación que por años nosotros denunciamos de la actuación perversa de grupos armados irregulares en territorio venezolano, amparados por quienes han ostentado el poder”, declaró Tarazona.

Por denunciar esa presencia irregular, Tarazona recordó que estuvo cinco años preso y sigue bajo juicio sin libertad plena, lo que implica que está obligado a cumplir régimen de presentación. “Hoy la confesión de estas actuaciones en frontera son sencillamente las que nos generan esa conciencia y esa paz que tenemos de haber actuado con rectitud, de haber acompañado al que más sufre en la frontera”, sostuvo el defensor de derechos humanos.

Tarazona advirtió que el abandono del Estado destruyó el empleo, la producción y los hospitales públicos en la frontera, lo que llevó a los ciudadanos a buscar atención médica en Colombia y permitió que las Farc, el ELN y grupos paramilitares crearan una economía paralela donde reclutaron a niños, adolescentes, jóvenes y civiles.

“Más de 90.000 niños a esta hora del estado Táchira ven clase del lado colombiano. Hoy alertamos que estas actuaciones en el estado Apure no solamente están atacando a los grupos armados, sino afectando a la población civil. Estamos en el terreno documentando justamente estos reportes de bombardeos, pero alertamos que defenderemos la dignidad de la población civil que hoy vive en zozobra porque sencillamente no se le atiende, no se le asiste y no se le brinda las condiciones mínimas de supervivencia”, puntualizó.