Misión de la ONU atribuye más de 200 asesinatos a cuerpos policiales en Venezuela en 2021

POLÍTICA · 10 MARZO, 2021 14:02

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela alertó, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales este año.

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, indicó, este miércoles 10 de marzo, que investigarán las circunstancias en las que se produjeron estas muertes y la participación de otras fuerzas policiales, además de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes).

La experta independiente señaló que entre el 7 y el 9 de enero, las Faes llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio La Vega, en Caracas.

“Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación, nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, manifestó.

Advirtió que también han recibido informes que indican que los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos, como no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias y entregar los cuerpos con el ataúd cerrado, con la instrucción de que no se abra.

Detenciones arbitrarias

Desde la publicación del informe preliminar, en septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias.

“Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política, algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él”, manifestó Valiñas.

Nueve de estas detenciones afectaron a periodistas y a la prensa independiente, “quienes también han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas”, expone la misión en el informe de actualización.

Ataque a actores humanitarios

La misión también alertó sobre una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos.

“El gobierno ha endurecido los requisitos para el registro, el financiamiento y el funcionamiento de las ONG. Las autoridades han detenido a trabajadores de ONG por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, relacionados con la recepción de fondos extranjeros por parte de las ONG y la distribución de tarjetas de prepago”, según los expertos independientes.

Destacan los casos de Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, a quien se le dictó una orden de aprehensión, y la detención arbitraria de seis miembros de la ONG de salud Azul Positivo.

Se reportó, además, la detención de más de 20 personas, entre ellas trabajadores de la salud, por compartir información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19.

“Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto”, argumentó Valiñas.

Agregó que la represión contra personas percibidas como “enemigos internos” u opositores del gobierno persisten: “Seguimos profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil. El capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, por ejemplo, siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura y otros tratos crueles”.

Venezuela niega señalamientos

El representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, Héctor Constant, calificó la presentación del informe de actualización como un “circo mediático” que pretende hacer de los derechos humanos un arma para continuar agrediendo a Venezuela.

“La intervención que acabamos de escuchar es totalmente destemplada, viciosamente injusta, la misión presenta información falsa, en extremo politizada. No son pocos los esfuerzos de nuestros detractores, dentro de los cuales se encuentra la misión, por minar la estabilidad”, aseveró.

A su juicio, la misión ha despilfarrado 3 millones de dólares en su investigación porque sustituyen las ciencias sociales por las redes sociales.

Así mismo, exhortó a los expertos independientes a donar los recursos, asignados para financiar la extensión de su mandato, al gobierno venezolano para que compre de vacunas contra el COVID-19. El monto de los recursos asciende a 5,3 millones, según Constant.

“En Venezuela se disfrutan plenamente todos los derechos humanos, cualquier violación es sancionada y los funcionarios son debidamente castigados (…) los resultados de esta misión buscan erosionar la autodeterminación de Venezuela”, rechazó.

En respuesta, el integrante de la misión Francisco Cox defendió la independencia y la metodología empleada. “La metodología tiene bases sólidas. En cuanto la posibilidad de visitar a Venezuela, nosotros somos los primeros interesados en colaborar con el gobierno y entrevistarnos directamente con las autoridades de Venezuela”, afirmó.

A la pregunta sobre ¿qué puede hacer la comunidad internacional para asegurar el fin a la impunidad por las violaciones y los crímenes presentados en Venezuela?, respondió que la colaboración puede ser una mirada atenta al cumplimiento de los estándares internacionales que obligan a Venezuela y usar todos aquellos mecanismos de justicia tanto nacionales como internacionales para asegurar que sean llevados ante la justicia los responsables señalados.

Cox admitió que la crisis financiera que afecta a la secretaría de la ONU afectó el trabajo de la misión porque no les permite contar con un equipo de apoyo para revisar a fondo toda la información y pidió a la comunidad internacional colaborar en esta materia.

“Lo que vemos en nuestra actualización es que la situación de violación de derechos humanos sigue al menos igual. No vemos una mejora. Consideramos que todo lo que concluimos en el informe de septiembre se mantiene”, expresó.

Actores de la sociedad civil de Venezuela hablo el defensor de derechos humanos Marino Alvarado y la directora del Centro de Justicia y Paz, Beatriz Borges.

Lea el informe completo aquí:

Informe de Actualización by Ibis León on Scribd